La vulneración de los derechos humanos en Japón es una realidad enmascarada. Mientras comienza la cuenta atrás para las próximas Olimpiadas, que se celebrarán en Tokyo durante los meses de verano, las ejecuciones a personas no cesan bajo el amparo de la pena de muerte aún vigente en el país. Sin ir más lejos, el pasado jueves, un ciudadano chino de 40 años llamado Wei Wei fue ejecutado en la prisión de Fukuoka.

La noticia de la reciente ejecución llegó hasta Amnistía Internacional, que a través de su investigador sobre Asia oriental, Arnold Fang, respondió que dicha ejecución “arroja una vergonzosa sombra negra sobre el historial de derechos humanos de Japón, y pone de relieve la escalofriante falta de respeto del derecho a la vida por parte del gobierno”. A propósito de la celebración de los Juegos Olímpicos, desde Amnistía sostienen que “el país ha mostrado que va muy por detrás de la mayoría de sus homólogos”, pues más de un centenar de países de todo el mundo abolieron la pena de muerte en los últimos años.

El país del sol naciente pertenece al grupo de países que han ejecutado de manera persistente a personas condenadas en los últimos años. Por ejemplo, en 2018, Amnistía registró ejecuciones en 20 países de todo el mundo, una cifra que según advierten es la segunda más baja en las dos últimas décadas.

En el caso de Japón, las ejecuciones están rodeadas de secretismo y crudeza. Desde la oenegé informan que resulta habitual que se avise a los condenados con unas horas de antelación o en los casos más extremos, sin tan siquiera advertirles. En el caso de los familiares, no se les notifica la ejecución hasta que se haya hecho efectiva, es decir, son avisados una vez se haya matado a la persona.

Con la ejecución de Wei Wei, la cifra total de ejecuciones llevadas a cabo desde que Shinzo Abe se convirtió en primer ministro en 2012 asciende a 39 y es la primera registrada bajo el reciente mandato del ministro de Justicia, Masako Mori. Asimismo, cabe destacar que en la actualidad existen 110 personas condenadas a muerte en Japón.

La última tanda de ejecuciones tuvo lugar en agosto de 2019, cuando Koichi Shoji y Yasunori Suzuki, condenados por asesinato, fueron ejecutados en la horca. Ante tales hechos, la directora de investigación de Amnistía para Asia Oriental, Rossean Rife, manifestó que “estas ejecuciones demuestran el escandaloso desprecio del gobierno japonés por la vida humana. Cuando el resto del mundo da la espalda progresivamente a la pena de muerte, Japón sigue anclado en el pasado al mantener este castigo máximo que es cruel e irreversible”.

Resulta paradójico que en un país donde se están perpetrando estas ejecuciones, además de las Olimpiadas, también se celebrará el próximo mes de abril, el 14º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, foro en el que se reúnen personas expertas en justicia penal de gobiernos, OIG y ONG así como de otros ámbitos para compartir experiencias e identificar soluciones a los problemas relacionados con la prevención del delito y la justicia penal. Varios grupos de debate tratarán de abordar el uso de la pena de muerte en Japón y en todo el mundo.

Con motivo de los próximos eventos que acontecerán en el país nipón, desde Amnistía Internacional instan a las autoridades japonesas a que “dicten una moratoria inmediata y oficial de todas las ejecuciones, que promuevan un debate informado sobre la pena de muerte como primer paso hacia su abolición, así como que acometan una revisión de sus sistema de justicia penal para ajustarlo plenamente al derecho y a las normas internacionales de derechos humanos”.  Un ejemplo más de hipocresía existente en los países de gran poder económico que vulneran los derechos y libertades de sus habitantes con sus políticas corruptas y autoritarias.

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