Cuando se cumplen dos años desde que el presidente Iván Duque llegará a la presidencia de la República, el balance que presenta su gestión es bastante desolador. El mismo ha estado caracterizado por el fracaso a la hora de hacer frente a la pandemia del covid-19 y a una serie de matanzas indiscriminadas en Colombia que han tenido una gran repercusión internacional, deteriorando la ya de por sí erosionada imagen del mandatario.

Tras haber paralizado la economía del país en una de las cuarentenas más largas e inútiles impuestas en todo el planeta, los resultados son bastante paupérrimos, por decirlo de una forma diplomática, y Colombia ya es el octavo país del mundo en número de casos y fallecidos a merced de la pandemia desatada por el covid-19. Hemos superado el medio millón de casos y los 15.000 fallecidos, una cifra no muy alta en decesos si se analiza por cada millón de habitantes y mucho más baja que otros países de la región, como México y Perú, con tasas muchos más altas. Sin embargo, lo peor está por llegar y vendrá el día después del regreso a la nueva normalidad, si es que se le puede llamar  así a esta nueva forma de vida a la que tendremos que adaptarnos todos y que ya estamos probando con amargura en España.

Haber paralizado totalmente la economía casi durante un año tendrá unos resultados sociales y económicos brutales para la nación que ahora apenas se atisban debido al confinamiento y a la insuficiencia de los datos objetivos acerca del verdadero impacto en la economía de esta parálisis casi absoluta. Seguramente, y no hace falta ser un fino analista económico para presagiarlo, cerrarán miles de empresas -muchas ya lo han hecho-, millones de empleos serán destruidos, el desempleo superará los dos dígitos y la industria turística, con los aeropuertos  y las fronteras cerradas a cal y canto, acabará completamente arruinada. ¿Hasta cuándo seguirán las puertas de Colombia cerradas?

Duque ha conseguido en apenas unos meses destruir el trabajo de años para que Colombia fuera un país abierto y conocido, donde florecieron los hoteles y la industria del ocio; cuatro millones de turistas visitaban al año el país, en un hecho que mostraba el vigor y pujanza al alza del sector, algo que ya no volverá a ocurrir seguramente y que será una labor titánica levantar. La imagen país está por los suelos y algunos todavía no se han enterado.

Entre las empresas que ya han anunciado que no volverán a abrir o lo harán en condiciones muy difíciles, reduciendo empleos y cerrando algunos de sus negocios, están Presto, Oma, La Romana, los hermanos Rausch y hasta Andrés Carne de Res. Según Fenalco, más de 80.000 empresas colombianas han cerrado sus puertas desde que comenzó la crisis del covid-19 y si el gobierno, junto con algunos de los que le jalean para que siga la cuarentena, como la inefable alcadesa de Bogotá, Claudia López, no reactiva pronto la economía es más que seguro que los resultados serán demoledores. Si países que ya han abierto sus economías, como el Reino Unido y España, esperan una caída en su producto interior bruto (PIB) del 20%, es de suponer que en Colombia con este cierre total podría llegar al 40%, es decir, regresamos a indicadores económicos de hace veinte años. Vamos directamente hacia la prehistoria sin más paradas.

O el presidente reacciona, con un plan de choque urgente para hacer frente a esta crisis y abriendo la economía y las fronteras, o el país se encamina hacia una de las mayores crisis sociales y económicas de su historia. Seguir con esta política suicida nos llevará  a una pobreza generalizada de casi toda la población, a la miseria, al aumento en la ya de por sí alta  economía informal -47%, a la exclusión social- y a un desempleo generalizado y crónico. Esta crisis económica, como todas, siempre golpea a los sectores sociales más vulnerables y con menos recursos, lo cual agudizará las desigualdades sociales en Colombia, uno de los países más desiguales del mundo, y generará seguras tensiones y conflictos, ahondando la brecha entre los más ricos y los más pobres.

La violencia no la detiene ni la pandemia

Pese a que el gobierno de Duque exhibe ahora los datos de que los homicidios han disminuido, algo que se debe a que han prohibido a la gente salir a la calle durante seis y no a una verdadera implementación de una correcta y adecuada política de seguridad, un serie de matanzas terribles han sacudido a el país en estos días, sembrando la zozobra y la incertidumbre en una sociedad ya de por sí sumida en la desesperación tras meses de haber sido confinada en sus casas sin que se vea el final del túnel.

La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia ha instado al Gobierno colombiano a realizar todas las acciones necesarias para poner coto a la violencia reinante en el país, denunciando que en lo que va de mandato de Duque se han registrado 69 masacres en en el país y hay otras siete por documentar. Además, a pesar de que el acuerdo de paz firmado entre el ejecutivo de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) hacía presagiar el fin de la violencia política, ese escenario no se dio y los asesinatos de defensores de los derechos humanos y ex combatientes de la antigua guerrilla han estado al orden del día.

A este cuadro tan complejo, se le viene a añadir la aparición de las disidencias de las FARC y la emergencia de bandas paramilitares muy activas en algunas zonas del país y “que se disputan las rutas del narcotráfico y otros negocios ilegales tras el acuerdo de paz”, en palabras del diario madrileño El País. Mención aparte merece el conflicto no resuelto con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), cuya agudización e intensificación en estos dos años ha puesto contra las cuerdas al ejecutivo de Duque en varias ocasiones y ha hecho naufragar las tentativas de diálogo con esta organización terrorista, aunque, todo hay que decirlo, nunca hubo una gran voluntad por ambas partes por llevar a cabo unas verdaderas negociaciones con el fin de poner fin a la violencia.

Luego está la imagen de las Fuerzas Armadas, cada vez más en entredicho debido a numerosas investigaciones en curso y  a una escasa respuesta por parte de las mismas ante varios escándalos y denuncias, como, por ejemplo, 70 investigaciones a militares por abuso sexual a menores. Según un sondeo reciente de la firma Invamer Gallup, la imagen favorable de la institución castrense ha perdido 37 puntos y se sitúa ahora en una favorabilidad de apenas el 48% de la opinión pública, una de las valoraciones más bajas de toda su historia.

Aparte del escándalo de los abusos sexuales, las Fuerzas Armadas también están en el ojo del huracán a raíz de una  serie de escuchas ilegales, en una suerte de gran trama de espionaje ilegal, y por las acusaciones contra varios de sus miembros que podrían haber perpetrado algunas ejecuciones extrajudiciales. El presidente es el comandante en jefe de la institución militar y tiene que dar respuestas a estas cuestiones y a otras inquietudes que preocupan a la sociedad colombiana pero también a la comunidad internacional, que se ha hecho eco de estas matanzas y ha expresado su preocupación. A Duque le quedan dos años de mandato, tiempo suficiente para acometer reformas, cambiar algunos ministros realmente ineptos y enderezar el rumbo de una nave que ahora parece ir hacia ninguna parte. ¿Será capaz el presidente de rectificar?

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