Izquierda Unida y Podemos han presentado ante la Fiscalía especial contra la corrupción y la criminalidad organizada una denuncia a la que ha tenido acceso Diario16, contra 28 personas en relación con la Operación Chamartín.
A las 55 páginas del escrito registrado se añaden 1.200 páginas, en 16 anexos, en las que piden al Ministerio Fiscal, que practique las diligencias de investigación que estime oportunas, ya que las actuaciones cometidas podrían ser encuadrados en los delitos de prevaricación administrativa, cohecho y malversación de caudales públicos al haberse infringido los artículos 404, 419 y 432 del Código Penal, así como cualquier otro delito que aparezca en el transcurso de la investigación, todo ello tras la reciente aprobación de forma provisional Madrid Nuevo Norte, anteriormente llamada Operación Chamartín.
Los firmantes de la querella han sido las diputadas autonómicas Sol Sánchez por parte de Izquierda Unida, Isabel Serra por parte de Podemos y el exconcejal de Economía de la anterior corporación y actual responsable del área económica de IU, Carlos Sánchez Mato.
Entre los cargos que figuran en la denuncia están ocho ministros de Fomento, dos presidentes de la Comunidad Autónoma de Madrid, dos alcaldes de Madrid, una concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, cuatro presidentes y dos directores generales de Renfe, cinco presidentes de Adif, un presidente de la empresa pública Canal de Isabel II, un presidente del BBVA y dos presidentes de la empresa privada DUCH-DCN, que serían los firmantes y responsables de los distintos instrumentos jurídicos de la empresa Madrid Nuevo Norte.
Hechos ocurridos
RENFE y el Ministerio de Fomento concibieron en 1993 la Operación Chamartín, como la primera actuación urbana en España que se desarrollaría a través de una concesión a un operador privado. La gestión del operador incluiría la negociación de la recalificación urbanística (usos y edificabilidad), redacción del planeamiento, resolución de problemas patrimoniales del suelo, urbanización y comercialización de las parcelas o edificios.
El primer contrato firmado entre la adjudicataria (DUCH-DCN) y RENFE incluía 3 elementos clave para la adjudicación:
La prioridad de la operación en aquellos años era ampliar y renovar la Estación de Chamartín. El pago se efectuaría con un canon fijo y uno variable en función de las plusvalías que DCN obtuviera. Es decir, sobre el beneficio que DCN obtuviera le abonaría a Renfe el 53%.
Gracias a las modificaciones a costa del erario público, se va a hacer un enorme negocio privado
DCN asumía los riesgos económicos que podía conllevar una recalificación del suelo al pasar de suelo ferroviario a urbanizable. Sobre todo hacía referencia a los derechos de reversión, es decir, a las posibles reclamaciones que pudieran hacer los antiguos propietarios del suelo por cambiar su uso.
25 años después de la firma del contrato inicial se constata que se han ido produciendo modificaciones sobre el mismo que han supuesto mejoras cuantiosísimas para la empresa privada que recibió la adjudicación:
En la última modificación contractual, el suelo objeto de la misma se ha incrementado un 87% con respecto a la inicial (de 625.000 metros cuadrados a 1.167.022 metros cuadrados)
Otro cambio sustancial con respecto al contrato inicial es que la empresa pública venderá finalmente a 769 euros cada metro cuadrado. Lo que supondrá un ingreso de 984 millones de euros por los 1,2 millones metros cuadrados enajenados, para ADIF. Según expertos del sector inmobiliario, es la mitad del precio de mercado por el que se han vendido otros solares en el mismo ámbito.es claramente lesivo para la empresa pública y produce un quebranto en el patrimonio público.
En definitiva, se ha modificado completamente el contrato inicial en las citadas cláusulas del contrato. “El resultado final no se parece en nada al inicial pero se ha impedido que ningún otro promotor inmobiliario o ninguna otra empresa haya podido presentar ofertas”, denuncian los querellantes.
Como resultado de estas modificaciones. Distrito Castellana Norte, antes DUCH, propiedad de BBVA y Constructora San José espera alcanzar una rentabilidad del 17 % anual.
En el primer contrato, Renfe –luego Adif– se quedaba con el 53% de los beneficios antes de impuestos, un porcentaje que después bajó al 20% y más tarde se eliminó a cambio de un pago fijo sin convocar un nuevo concurso público. Dado que las plusvalías se estiman en unos 6.000 millones de euros revertiría, con el primer contrato, más de 3.100 millones a Adif. Ahora Adif recibirá 984 millones, es decir, al menos 2.100 millones de euros por debajo.
Para los querellantes este es un “desastroso negocio para las Administraciones Públicas, que podría haberse evitado”. “Hubiera bastado con rescindir el contrato como aconsejaba en el año 2001 un informe jurídico de la propia empresa pública Renfe”, han señalado en la querella a la que ha tenido acceso este diario.
En dicho informe se alertaba de un “grave perjuicio a los intereses públicos”, se detallan una larga serie de “graves incumplimientos” por parte del banco y la constructora y se plantea romper el contrato y volver a sacar la concesión a concurso como mejor fórmula para “preservar los intereses públicos”.
Según los datos de IU, el informe jurídico no se tuvo en cuenta y los incumplimientos de DUCH fueron ignorados. Apenas un año después, Renfe renovó de nuevo el contrato, con modificaciones más ventajosas para BBVA y la constructora San José.
No ha sido la única ventaja que ha conseguido la empresa adjudicataria ya que, por la concesión, DUCH-DCN debería haber pagado un IBI equivalente a unos 4,3 millones de euros al año. Pero ni lo ha abonado, ni se le ha reclamado. Por estos impagos, el quebranto de fondos públicos de las partidas que tienen una cuantificación económica ascendería al menos a 2.780 millones de euros.
Durante 25 años el contrato que da origen a la Operación Chamartín entre Renfe (luego posteriormente Adif) y el socio privado, DUCH primero y actualmente DCN (Distrito Castellana Norte) ha permanecido en secreto. También han estado lejos del análisis y escrutinio público las sucesivas renovaciones de que se produjeron en 1997, 2002, 2009, 2015 y 2018. Pero en diciembre de 2018, el periódico digital eldiario.es publicó parcialmente la documentación que ha permitido ver el quebranto económico para el patrimonio público que ha supuesto la operación.
Es en este marco de oscurantismo se encuentra la negativa a que las diputadas Eva García Sempere y Sol Sánchez pudieran analizar la documentación en Adif y la orden de destrucción de documentación que presuntamente ha llevado a cabo Distrito Castellana Norte, filial del BBVA.
El pasado 24 de junio pasado se destruyeron una serie de dispositivos informáticos (en concreto dos discos duros y 19 soportes CD). Fue el propio presidente Antonio Béjar el que dio la orden a la empresa Normadat que certificó que recibió los nueve kilos de material ese día y los destruyó al día siguiente, fecha en la que se recogieron los restos. Además, Normadat ha entregado a la policía la factura que certifica el trabajo realizado y la destrucción total del material.
Actualmente el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón investiga si en ese material se encontraba documentación relacionada con los contratos entre el comisario Villarejo y BBVA pero según DCN “el material no tiene relación con el caso” y el proceso de destrucción de documentación está relacionado con la publicación de información sobre la Operación Chamartín en un diario digital.
Los firmantes de la querella desconocen qué puede haber sido objeto de destrucción, pero es evidente que hay una relación entre la petición y la publicación de documentación “ante las graves irregularidades detectadas en la Operación Chamartín y esta actuación destinada a eliminar posibles indicios de actuación criminal por parte de la sociedad beneficiaria de las ventajas conseguidas de las Administraciones Públicas”, han concluido en su escrito.
