En época de crisis económica es normal que se incremente el número de conflictos laborales. En la España de Pedro Sánchez, la pandemia y la inflación derivada de las consecuencias de la guerra de Ucrania están haciendo mella en las condiciones de vida de las clases medias y trabajadoras. Esto entraría dentro de la normalidad de un ciclo de recesión económica.
Sin embargo, han sido dos conflictos laborales los que han provocado lo impensable, que los gobiernos de Pedro Sánchez y de Isabel Díaz Ayuso se unan en la descalificación y el ataque al derecho de huelga de los trabajadores.
Por un lado, la Comunidad de Madrid, por culpa de la gestión sanitaria de Isabel Díaz Ayuso, está culpando un día sí y otro también a los médicos de atención primaria en huelga de que el conflicto es consecuencia de una «huelga política» porque los partidos de la oposición se han colocado del lado de los paros indefinidos.
Algo similar ocurre con el Gobierno de España y la huelga de los letrados de la Administración de Justicia. El Secretario de Estado de Justicia también denunció que la movilización de los trabajadores era una «huelga política» por el apoyo recibido por parte del Partido Popular.
En primer lugar, tanto el gobierno de Ayuso como el de Pedro Sánchez pretenden desprestigiar el derecho a la huelga reconocido por la Constitución añadiéndole un pretendido sesgo político a lo que es, en ambos casos, una reivindicación de derechos laborales legítima y justa.
Por otro lado, tanto el PSOE como el Partido Popular están día sí y día también elogiando lo que sucedió en la Transición, además de colocar aquellos sucesos como algo incuestionable e inmutable.
Sin embargo, el hecho de que dos conflictos laborales actuales pretendan ser deslegitimados con la calificación de «huelga política» es una demostración de ignorancia histórica de dimensiones bíblicas.
Una parte importante de los logros obtenidos durante la Transición sólo fueron posibles gracias a la presión de los sindicatos CCOO, USO y UGT. Los grandes conflictos laborales del tardofranquismo tenían una motivación política y debilitaron el poder popular del régimen.
El mejor ejemplo de ello lo tenemos en el Proceso 1.001, donde se condenó a los dirigentes de CCOO Marcelino Camacho y Eduardo Saborido a 20 años de cárcel, al sacerdote obrero Francisco García Salve y Nicolás Sartorius a 19 años, a Juan Muñiz Zapico a 18 años, a Fernando Soto Martín a 17 años y a Miguel Ángel Zamora Antón, Pedro Santiesteban, Luis Fernández y a Francisco Acosta a 12 años. Estas duras condenas no venían sólo por la actividad sindical ilegal que desarrollaban en fábricas y empresas, sino que también se aplicó el carácter político de los conflictos.
A lo largo de los últimos años del régimen de Franco fueron muy importantes las huelgas. Desde el año 1973 a 1975, más de 1,6 millones de trabajadores participaron en los conflictos laborales, lo que generó una pérdida de más de 40 millones de horas no trabajadas. Evidentemente, había una connotación política en esas huelgas. Eran el modo de debilitar al régimen.
Tras la muerte del dictador esas huelgas continuaron. Sólo en el año 1976, 3,4 millones de trabajadores participaron en los conflictos, lo que supuso una pérdida de más de 110 millones de horas de trabajo. Y fueron precisamente dos conflictos laborales los que provocaron tal indignación por su final trágico los que movilizaron tanto a los gobiernos de Carlos Arias Navarro y Adolfo Suárez a acelerar las profundas reformas que el país necesitaba. Los sucesos de Vitoria y el asesinato por parte de comandos de extrema derecha de los abogados laboralistas de Atocha.
En momentos de crisis política, como la que actualmente se está viviendo en el mundo por la incapacidad de las democracias para hacer frente a las necesidades reales de la ciudadanía, los populismos se fortalecen, pero las huelgas políticas tienen la capacidad de generar cambios profundos.
No se puede desligar de la reivindicación laboral el carácter político que encierra. Hacerlo es de ignorantes. Por ello, si con una huelga se pretende cambiar el modelo de gestión de un gobierno, como sucede con el conflicto de los médicos en la Comunidad de Madrid, es algo lícito y legítimo que está contenido en el derecho a la huelga recogido por la Constitución.
