Isabel Díaz Ayuso debería recibir varias lecciones para saber distinguir las críticas o la oposición al Estado de Israel de lo que es verdadero antisemitismo. Esta ambigüedad léxica le es muy rentable al país hebreo porque, gracias a ella, puede jugar con situaciones que sirvan de coartada para la impunidad que tienen sus crímenes contra la humanidad.
Ayer la presidenta de la Comunidad de Madrid anunció ante una delegación de American Jewish Committee, una de las organizaciones que forman el poderoso lobby judío estadounidense, que su gobierno había elevado a la Unión Europea varias enmiendas al Dictamen sobre la Estrategia de la UE contra el Antisemitismo y para la promoción de la vida judía, vigente hasta el próximo 2030.
Entre esas enmiendas se encuentra la de que se incorporen como delitos de odio el BDS, el antisionismo y la negación del derecho a existir del Estado de Israel.
Hay que partir de la base que criticar u oponerse a Israel no es antisemitismo. Reclamar el boicot de los productos israelíes tampoco es antisemitismo, como tampoco lo es el antisionismo. Ese es el discurso que desde las organizaciones ultras de Israel se pretende imponer en los organismos internacionales para blindar aún más la impunidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos por ese país.
Según el planteamiento de Isabel Díaz Ayuso, la ONG israelí B’Tselem estaría perpetrando delitos de odio todos los días por denunciar los atentados de los colonos sionistas ultraortodoxos que están robando las tierras a sus legítimos propietarios. ¿Israelíes cometiendo delitos de odio contra israelíes?
Por otro lado, la incultura o la manipulación interesada que encierran las palabras de Isabel Díaz Ayuso muestran su ignorancia. Criticar o censurar a Israel no es antisemitismo de ninguna de las maneras. Antisemitismo sería censurar, criticar o atacar a la población judía de Israel por el hecho de profesar esa religión.
En Palestina está ocurriendo otra cosa que nada tiene que ver con el antisemitismo. El movimiento BDS que ahora pretende criminalizar Isabel Díaz Ayuso no es más que la respuesta de la sociedad civil ante los crímenes de lesa humanidad que se cometen a diario en Israel contra el pueblo palestino, el legítimo propietario de aquellas tierras. ¿Ese boicot a los productos y empresas que financian la maquinaria israelí que asesina a diario a niños puede ser considerado como un delito de odio? Evidentemente, no.
Respecto a la negación del derecho a la existencia del Estado de Israel, Isabel Díaz Ayuso debería saber que tal país no había existido hasta 1948, tras la II Guerra Mundial, y que le fueron entregadas unas tierras sin contar con sus legítimos propietarios.
El apartheid de Israel que Ayuso no contempla
A partir de esa fecha, Israel no ha hecho más que aplicar una política de apartheid basada en el exterminio del pueblo palestino, de vulnerar el derecho internacional y de no hacer caso a las sanciones impuestas por Naciones Unidas.
Isabel Díaz Ayuso debería saber, antes de colocarse del lado de los argumentos del sionismo más radical, que el Estado de Israel, su ejército y su policía utilizan los mismos sistemas de represión y exterminio que los nazis usaron contra el pueblo judío. Esto son hechos que el pueblo palestino sufre cada día.
Han pasado ya 74 años desde la expulsión de más de 700.000 palestinos de sus tierras y hogares. Israel no les reconoce sus derechos por el hecho de ser musulmanes. Eso es apartheid.
Lo que defiende Isabel Díaz Ayuso es la patente de corso a la violencia de Estado que Israel ejerce sobre la población palestina. Los diferentes gobiernos israelíes han ideado leyes y políticas para garantizar la fragmentación continua de la población palestina. Ésta vive confinada en enclaves en Israel, Cisjordania y la Franja de Gaza, y en las comunidades refugiadas, donde es sometida a diferentes regímenes jurídicos y administrativos.
Esto tiene el efecto de debilitar los lazos familiares, sociales y políticos entre comunidades palestinas y de reprimir la disidencia constante contra el sistema de apartheid; también contribuye a maximizar el control israelí judío sobre la tierra y a mantener una mayoría demográfica judía.
Millones de personas palestinas permanecen desplazadas como refugiadas y continúan aisladas físicamente de las que residen en Israel y los territorios palestinos ocupados merced a la negación continua por parte de Israel de su derecho a volver a sus casas, pueblos y localidades.
Desde hace 74 años Israel ha hecho confiscaciones masivas y crueles de tierras para desposeer a la población palestina de sus tierras y casas. Aunque la población palestina en Israel y los territorios ocupados está sometida a regímenes jurídicos y administrativos diferentes, Israel usa medidas de expropiación de tierras similares en todas las zonas.
Por ejemplo, desde 1948, Israel ha expropiado tierras en zonas de importancia estratégica que incluyen poblaciones palestinas significativas como Galilea y el Néguev/Naqab, y ha usado medidas similares en los territorios ocupados tras la ocupación militar por Israel en 1967.
Para maximizar el control israelí judío sobre la tierra y reducir al mínimo la presencia palestina, la población está confinada en enclaves separados y densamente poblados. Mientras tanto, las políticas israelíes permiten la asignación discriminatoria de tierras estatales para ser utilizadas casi exclusivamente para beneficiar a personas israelíes judías tanto dentro de Israel como en los territorios reconocidos oficialmente como de jurisdicción palestina.
Los sucesivos gobiernos israelíes persiguen la estrategia de establecer la dominación a través de leyes y políticas discriminatorias que segregan a la población palestina en enclaves basándose en su condición jurídica y su estatuto de residencia.
Israel niega a su ciudadanía palestina sus derechos a la igualdad en la nacionalidad y la condición jurídica, mientras que la población palestina en los territorios ocupados sufre graves restricciones a la libertad de circulación.
Israel también limita los derechos de la población palestina a la agrupación familiar de un modo muy discriminatorio: por ejemplo, las personas palestinas de los territorios ocupados no pueden obtener la residencia ni la ciudadanía mediante el matrimonio, algo que sí está alcance de las personas israelíes judías.
Además, el apartheid israelí impone asimismo limitaciones severas a los derechos civiles y políticos de la población palestina a fin de reprimir la disidencia y mantener el sistema de opresión y dominación. Por ejemplo, millones de personas palestinas de Cisjordania siguen estando sometidas al régimen militar israelí y a las draconianas órdenes militares adoptadas a partir de 1967.
Las décadas de asignación discriminatoria de recursos por las autoridades israelíes en beneficio de la ciudadanía israelí judía en Israel y de los colonos israelíes en los territorios ocupados agravan las desigualdades.
Millones de palestinos dentro de Israel y Jerusalén Este carecen de servicios esenciales como recogida de basuras, electricidad, transporte público e infraestructura para el agua y el saneamiento.
Los ciudadanos palestinos que viven en todas las zonas bajo control de Israel tienen menos oportunidades para ganarse el sustento y participar en actividades empresariales que las personas israelíes judías. También experimentan limitaciones discriminatorias en el acceso y uso de las tierras de cultivo, el agua, el gas y el petróleo, entre otros recursos naturales, así como restricciones a la provisión de servicios de salud, educación y otros servicios básicos.
Además, las autoridades israelíes se han apropiado de la inmensa mayoría de los recursos naturales de la población palestina en los territorios ocupados para beneficio económico de la ciudadanía judía en Israel y en los asentamientos ilegales.
La población palestina está atrapada en un círculo vicioso: Israel les exige la obtención de un permiso para construir o erigir siquiera una estructura como una tienda, pero, a diferencia de lo que ocurre con los solicitantes israelíes judíos, rara vez se lo concede. Muchas familias palestinas se ven obligadas a construir sin permiso. Israel derriba las viviendas palestinas porque han sido construidas «ilegalmente».
El Estado a quien ahora defiende Isabel Díaz Ayuso usa estas políticas discriminatorias de planificación urbana y zonificación para crear unas condiciones de vida insoportables y obligar a la población palestina a abandonar sus casas y permitir la expansión de los asentamientos ilegales judíos.
Ante esta situación, para Isabel Díaz Ayuso, el activismo de la campaña BDS es delito de odio. ¿Quién es quien aplica esos delitos de odio como estrategia política? Israel, por más que los sionistas sigan presentándose como víctimas cuando, en realidad, son los verdugos.
Esta sujeta que se declaró falangista en un programa de TV13, que actúe como una nazi, no es novedad. Al fin y al cabo, el sionismo es una expresión nazi de la política; y nació al mismo tiempo que el nazismo en el centro de Europa. Actúan como si fuesen el pueblo elegido por un dios para dominar a los restantes pueblos, y si es preciso: exterminarlos; como están haciendo con los palestinos.
El drama es que esté en el gobierno de la Comunidad de Madrid por los votos; así llegó Hitler a poder en Alemania.
¿Donde está aquel pueblo madrileño de: ¡Madrid, que bien resistes!
no pueden ampliar su casa, Dios que verguenza!
a proposito, muy buenos tus articulos sobre los MILLONES DE MUERTOS en siria, darfur, congo, ruanda y un largo etc