La OCDE aprobó, con la firma de la gran mayoría de sus estados miembro, un impuesto mínimo del 15% para aplicar a las grandes empresas multinacionales y evitar, de este modo, que se produzca una guerra fiscal entre países y, además, para que esos gigantes empresariales paguen los impuestos que evaden en paraísos fiscales.
Isabel Díaz Ayuso no se ha enterado, o no se ha querido enterar, de que la evasión o la elusión fiscal de las grandes corporaciones y las grandes fortunas evitan cada año que los países recauden más de 1 billón de dólares. Ese dinero sería suficiente para garantizar servicios públicos de calidad como la sanidad o la educación, servicios que para la presidenta de la Comunidad de Madrid no cuida ni defiende porque, con su política fiscal de 0 impuestos, no tiene recursos para dar a los ciudadanos un servicio mínimo de calidad.
Esta semana el Congreso de los Diputados aprobó, entre otros, el impuesto a la banca y a las grandes fortunas. Evidentemente, una defensora de los privilegios de los poderosos como es Isabel Díaz Ayuso no podía quedarse callada y atacó con dureza, sobre todo, el impuesto a los ricos.
Sin embargo, lo hizo por medio de bulos y manipulaciones, además de presentar un escenario apocalíptico que es imposible que se dé, puesto que el impuesto del gobierno sólo se va a aplicar a los patrimonios superiores a 3 millones de euros. Es decir, que sólo afectará a un 0,05% de la población.
A pesar de esto, Ayuso afirmó que «el Gobierno de Sánchez y sus socios han cumplido su amenaza y han aprobado el impuesto nuevo de patrimonio que significa un castigo al ahorro y a la inversión y que va a perjudicar gravemente a la economía de Madrid. Con esta decisión va a haber menos empresas, menos crecimiento y más paro. Empresas e inversores no van a querer ahora a venir a Madrid por la irresponsabilidad del Gobierno de Sánchez con un impuesto que no necesitaban y que solamente castiga a la inversión».
Esto, directamente, es falso. El nuevo impuesto no grava a las empresas, sino a las personas y si Ayuso está en contra de un impuesto que se va a utilizar para generar políticas que beneficien a las familias más vulnerables, entonces la ciudadanía ya sabe para quién gobierna la «presidenta tabernaria»: para los ricos y sólo para los ricos.
Por otro lado, Ayuso, en su estilo habitual, lanzó una amenaza: «nosotros no nos vamos a quedar parados y vamos a utilizar todos los instrumentos a nuestro alcance y, en el momento en que entre en vigor esta nueva ley, la recurriremos en los tribunales. No vamos a tolerar que Sánchez y sus socios retuerzan en el ordenamiento jurídico para arruinar a Madrid».
Esta amenaza también es baldía y está llena de manipulaciones. El nuevo impuesto, que es uno de los pocos aciertos absolutos del gobierno, no va a arruinar a Madrid y, además, tiene implementado un sistema por el cual no se va a producir una doble imposición, puesto que esa minoría de ricos a los que afecta van a poder desgravarse el tramo autonómico del impuesto de patrimonio.
En consecuencia, Ayuso sigue con su populismo absurdo intentando que la ciudadanía piense que el nuevo impuesto aprobado por el gobierno les afecta cuando, en realidad, sólo impacta en los ricos y a los únicos que va a beneficiar es a las personas y familias más vulnerables, las que Ayuso dice defender pero a las que tiene abandonadas porque su atención está en luchar por mantener los privilegios de los multimillonarios.
