La Historia está repleta de ciclos políticos que han tenido al miedo como técnica de disuasión de las discrepancias. En buena parte de esos episodios políticos se trataba de gobiernos legitimados por el voto popular. Se obviará la tarea de enumerarlos. Las personas ya tienen en su memoria una suficiente cantidad de ejemplos ilustrativos. Circunstancias que se presentaron a lo largo y ancho de este mundo, y en distintas épocas. En todos ellos, esos gobiernos utilizaron al miedo como requisito para permanecer en el poder. Aun así, la apelación a tal emoción, sólo significó el principio del fin de su efímera hegemonía. Fue una demostración de su debilidad. El Tribunal Supremo ha sentenciado a la dirigente de Podemos Isa Serra a 19 meses de prisión, a pesar de que parece que la base probatoria de la misma es discutible. En tanto, las decisiones sobre el acaparamiento de viviendas sociales por los fondos buitre, no atraen el interés de la justicia.
El diseño de arquitecturas legales para solventar la legítima capacidad discrepante no deja de ser una manifestación de debilidad. Cuando se establece como práctica la transgresión de las normas de convivencia, y su penalización es asimétrica, puede producirse como efecto perverso la intención de obtener una aceptación popular para que dicha transgresión sea la regla en lugar de la excepción. Allí se hacen presentes la prensa cómplice. La sentencia en cuestión se filtra a la prensa antes de notificarse a la acusada. ¿Estamos en presencia de un caso de lawfare?
La serie de normas que se han dado a conocer a través de mecanismos de diverso tipo y en materias diferentes, todas ellas de una sensibilidad extrema en la textura social, pueden hacer inducir a creer que estamos ante una usurpación de la voluntad mayoritaria. La búsqueda de enemigos de España. La cooptación de los símbolos nacionales por parte de facciones ideológico-partidarias, sólo es un pretexto para justificar la represión.
Por tanto, si el centro que monopoliza el poder de aplicar la justicia se convierte en un referente de la transgresión, entonces se desnaturaliza la legitimidad de su autoridad para ejercerla. Máxime, cuando esa normativa procura intimidar la discrepancia. Se convierte en herramienta para la protección de intereses opacos.
Si el Estado pasa de su rol de custodio de las normas que reflejan los valores humanistas, por otro que se exime de ello, hostigando a los denunciantes de la corrupción, por ejemplo, algo se está alterando. De allí, la inquietud social. La inquietud, como una de las manifestaciones más elementales en la escala del miedo. Otro tanto podríamos hablar del tratamiento de los casos de corrupción. El fenómeno no debería liberar a los implicados de su responsabilidad delictual. Tampoco a cualquier implicación de políticos a los que se considerasen relacionados en tales hechos. Por ello, estos gobiernos necesitan producir «temor social», intimidar a la pacífica participación ciudadana. Este temor puede representar el nivel de calidad democrática de un Estado.
Un indicador de los efectos del miedo, pueden ser las consecuencias psicológicas y psiquiátricas. Este indicador contiene epifenómenos en materia de sociopatías, como el maltrato de género, los niveles de suicidio y las variantes de sus patologías resultantes. La llamada ley mordaza es un baldón en la legalidad que mantiene este gobierno.
El Estado somos todos. Lo que hace responsables de este conjunto de cosas a los que monopolizan las decisiones que lo originaron. Ninguna adopción de medidas en materia de represión puede tener como base a consideraciones simplemente mercantilistas o la protección de privilegios minoritarios. Cuando la población tiene inquietud por su futuro, pensiones, sanidad, dependencia, educación, se esconde del sistema. No confía en él. El caso de Isa Serra es la evidencia de utilizar la justicia como medio punitivo. En tanto, se permite que la impunidad llene salones y despachos.
Ese puede ser el gran fracaso de este gobierno. Entre otros. Es decir, que la calidad democrática esté en cuestión.
