Una vez que el país retome la normalidad tras la crisis del coronavirus, los juzgados españoles se van a encontrar con una situación que colapsará de manera definitiva toda la administración y pondrá en peligro la resolución justa de miles de causas. Nos referimos al más de 1 millón de reclamaciones que se interpondrán por parte de los afectados del IRPH tras la sentencia del TJUE, una decisión devastadora para la banca española.
Los abusos del sector financiero español ya tienen ocupados demasiados recursos de la Administración de Justicia como para que ésta asuma ahora el volumen de procedimientos que se deberán abrir.
En vista de esta circunstancia, antes de la crisis de coronavirus, el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán pidió al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que iniciara el estudio de establecer un «sistema extrajudicial al que puedan acudir los afectados por el Índice de Referencia de los Préstamos Hipotecarios».
Así se hizo saber a través de un comunicado de prensa que incidía, precisamente, en la resolución del TJUE: «La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado que este índice es susceptible de ser considerado abusivo y, por tanto, anulado por parte de los jueces nacionales. Por ello, la Institución cree que una solución extrajudicial evitaría que numerosos afectados acudan a los tribunales para el reintegro de las cantidades pagadas indebidamente y la sustitución por otro índice más favorable».
La institución de defensa de la ciudadanía consideró que esta solución extrajudicial evitará un nuevo colapso en la Administración de Justicia, tal y como está ocurriendo con los procedimientos relacionados con las cláusulas suelo. Además, este mecanismo de reclamación de anulación del IRPH hará que muchos de los afectados que no tienen recursos para abrir una vía judicial pudieran beneficiarse.
Por esta razón, es fundamental que el Gobierno, con o sin la participación del Ministerio de Asuntos Económicos —ya sabemos que el barco dirigido por Nadia Calviño suele escorar hacia la orilla del IBEX en vez de hacia la de la ciudadanía— medie con el sistema financiero para que se alcancen esa solución extrajudicial que reclamaba Fernández Marugán.
En un caso como el del IRPH no se puede permitir que los intereses de la banca se vuelvan a anteponer a los de los ciudadanos, sobre todo en un momento en que el pueblo, con el dinero público, va a avalar los créditos que el sector financiero conceda a las empresas y los autónomos para superar los efectos de esta crisis.
Por esta razón, el Gobierno es clave para intermediar y para que, de una vez por todas, la banca haga algo por el pueblo, algo más que cobrarle intereses y comisiones.
Si pensáis que el gobierno va a facilitar a los perjudicados por IRPH el poder de alguna manera
recuperar su dinero aunque sea intentando mediar de forma amistosa (porque estoy seguro que mucha gente se acogería a esta solución)es no saber el tinglado que tienen montado esta gente y si no pregunten a la gente afectada que ya a tenido su juicio en segunda instancia rechazandole su petición (sobretodo en Barcelona sección 15)