La publicación en internet de una calculadora sobre el abuso financiero de los contratos IRPH por parte de la Dirección General de Consumo de las Islas Baleares ha marcado dos hitos muy importantes para los millones de afectados por esta cláusula abusiva de la banca.
El primero, dejar claro que la abusividad del IRPH no es un tema jurídico sino científico. Es decir, sostener en el siglo XXI, cuando la economía es una ciencia consolidada, que el IRPH no es abusivo, es como decir que la tierra es plana.
El segundo ha consistido en ser la primera administración de consumo en tomar cartas en el asunto ante un grave problema social. En este sentido, el director general de la agencia balear, Félix Alonso Cantorné, hizo un llamamiento al resto de administraciones autonómicas para que se sumaran a la acción iniciada en Baleares para defender a los consumidores.
Tal y como publicó Diario16, la página web publicada por esta Dirección General de Consumo primero realiza una hoja de chequeo para evaluar la toxicidad de los contratos IRPH como producto financiero.
La lectura del informe que avala esta hoja de chequeo demuestra la similitud con las preferentes: se presentaba una información contractual donde, aparentemente, se adquiría un producto financiero habitual y, en cambio, para nada se informaba de los riesgos extremos (propios de los productos tóxicos) que conllevaba dicho producto. Resulta tremendamente curioso cómo el Tribunal Supremo, de las cuatro características tóxicas que señala el informe financiero de Consumo, no haya querido nunca entrar en ellas.
Un atisbo de justicia
El abogado José María Erauskin, quien junto con la letrada Maite Ortiz iniciaron la batalla judicial contra el IRPH, la banca planteó al Tribunal Supremo un recurso de casación con la cuestión del diferencial negativo de fondo, puesto que la Audiencia y el juzgado de primera instancia habían fallado a favor del cliente.
Sorprendentemente, el Supremo falló a favor de la banca mediante una sentencia de redactado general, seriada, sin entrar a valorar la cuestión planteada, es decir, sin analizar el caso concreto, tal como establece el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
La redacción seriada de los autos del Tribunal Supremo se delata porque los textos son los mismos en casos diferentes. Se llega al punto de que en casaciones sobre el IRPH Entidades el alto tribunal habla del IRPH Cajas, es decir, como si ni siquiera se hubieran leído el recurso de casación.
«Ahora bien», señala Erauskin, «las cosas cambian si un nuevo actor entra en escena», refiriéndose a la acción de la Dirección General de Consumo de Baleares. Debe tenerse en cuenta que las sanciones por no transparencia que las autonomías pueden establecer penalizan la reiteración. Es decir, si a raíz de la denuncia de un afectado se sanciona y, posteriormente, se detecta la misma falta por parte de la compañía, el importe de la nueva sanción aumenta considerablemente.
Esto abre la puerta a que los afectados de Baleares puedan resolver su problema IRPH por dos motivos: en primer lugar, porque pueden plantear una causa civil adjuntando la sanción de Consumo contra la entidad. En segundo término, porque le saldrá más rentable a la entidad llegar a un acuerdo que afrontar el riesgo de la doble pérdida que supone la sanción administrativa y la devolución por la causa civil.
El IRPH como antesala de lo que será el consumo en España
Tal como señaló el matemático Guillem Bou en la presentación de la calculadora del abuso IRPH, no es de recibo que nuestro sistema judicial sea inútil para detectar un engaño financiero con cierto grado de sutilidad. Teniendo presentes las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías a las grandes corporaciones, y a grandes empresas que no siempre actúan honestamente, el engaño del IRPH «es la antesala de lo que vendrá», afirma Bou a Diario16. Si en España es fácil colocar productos tóxicos o engañosos sin que la justicia ni siquiera entienda qué está pasando, entonces «seremos un país de borregos, el hazmerreír de la Unión Europea», añade.
En los próximos meses, que se prevén cruciales por todas las cuestiones que rodean al IRPH, será decisivo el papel que adopte cada Comunidad Autónoma. ¿Se adherirán las otras administraciones a la defensa de los consumidores o mirarán para otro lado?
