Foto: IRPH Stop Gipuzkoa

El 25 de febrero de 2019 se celebró en la sede del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo la vista oral en la que se analizó la cláusula IRPH.

Aquel “primer juicio europeo” al IRPH se saldó con una sentencia de 3 de marzo de 2020 que corregía el criterio del Tribunal Supremo español pero que no ha sido suficiente para que al alto tribunal español anule la cláusula. Por ese motivo, dos nuevas cuestiones prejudiciales han sido remitidas al TJUE y admitidas a trámite, por lo que el “segundo juicio europeo” al IRPH parece inminente.

En ese contexto, y coincidiendo con el segundo aniversario de la vista, la plataforma de afectados IRPH Stop Gipuzkoa ha recordado que en aquel primer procedimiento los gobiernos españoles de PP y PSOE defendieron los intereses de la banca y atacaron los derechos de la ciudadanía. Por este motivo, la plataforma ha remitido un escrito dirigido a todos los grupos parlamentarios del Congreso. Al PSOE y Unidas Podemos le pide que el gobierno español se presente en las nuevas causas y defienda a la ciudadanía o, como mínimo, que se mantenga neutral y no presente alegaciones. Al resto de grupos les propone presentar una Proposición No de Ley que inste al gobierno a adoptar esta postura.

En concreto, en el escrito remitido, al que ha tenido acceso Diario16, en el que la plataforma recuerda que después de que numerosos juzgadores declararan nula por abusiva la cláusula IRPH, el Tribunal Supremo se pronunció el 14 de diciembre de 2017 y descartó que la cláusula IRPH pueda ser abusiva porque, según los magistrados firmantes, a dicha cláusula no cabe aplicarle ningún control de transparencia. Sin embargo, tal y como hemos publicado en Diario16, la sentencia contaba con un voto particular que afirmaba sin ningún género de dudas que el fallo era contrario a la jurisprudencia del TJUE.

Ante esta disparidad de criterios en el seno del Tribunal Supremo el litigio llegó al TJUE, mediante una cuestión prejudicial remitida por un juzgado de Barcelona. El TJUE emitió sentencia el 3 de marzo de 2020 corrigiendo una vez más al Tribunal Supremo y determinando que la cláusula IRPH sí está sujeta al control de transparencia.

No obstante, antes de que se hiciera público dicho fallo, el procedimiento tuvo una fase de alegaciones escritas y se celebró una vista oral. El Estado español decidió participar en el procedimiento, y el 7 de junio de 2018 presentó un escrito firmado por la Abogacía del Estado ante el TJUE, que depende de la Secretaría de Estado para la UE.

En el escrito el gobierno del Partido Popular defendió ante el TJUE los intereses de la banca, afirmando que no es necesario examinar si la cláusula IRPH es o no transparente y añadiendo que «no tiene sentido suministrar las fórmulas de estos tipos oficiales porque el consumidor medio no va a entenderlas». Además, y para el caso de que el IRPH fuera declarado nulo, el gobierno solicitó que la nulidad no tuviera efectos retroactivos, por el impacto que esta medida tendría en la cuenta de resultados de las entidades bancarias.

Durante la vista oral, celebrada en Luxemburgo el 25 de febrero de 2019, la representante de la Abogacía del Estado español defendió esta misma postura y lo hizo de un modo beligerante, lo que provocó duros enfrentamientos con el Tribunal y con el representante de la Comisión Europea.

Tras la sentencia del TJUE, y en medio de una guerra de sentencias en juzgados y audiencias provinciales, el Supremo se pronunció el 12 de noviembre de 2020 y admitió que el IRPH no supera el control de transparencia dictado por Europa pero afirmó que, a pesar de ello, la cláusula no es abusiva. De nuevo, esta decisión del Supremo contó con un voto particular discrepante y numerosos juristas de contrastado prestigio afirman que la decisión del Alto Tribunal es contraria a la directiva europea de protección de los consumidores.

El caso del IRPH ha sido nuevamente elevado a Europa. El mismo juzgado de Barcelona que elevó la cuestión en 2017 y un juzgado de Ibiza han remitido nuevas cuestiones prejudiciales, y ambas han sido admitidas a trámite.

Las personas afectadas por IRPH no entenderían que el gobierno volviera a atacar sus derechos ante el TJUE. Esta es la razón por la que la plataforma IRPH Stop Gipuzkoa insta al Gobierno Español del PSOE y Unidas Podemos a:

1. Personarse ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los asuntos C655-20 y C-79/21 relativos al uso del índice IRPH en préstamos hipotecarios para defender los intereses de las personas afectadas, defendiendo que la falta de transparencia comporta de manera automática la abusividad y consecuente nulidad de la cláusula.

2. Para el hipotético caso en el que el Gobierno de España decida no defender a su ciudadanía, adoptar al menos una postura neutral, no personándose en los asuntos C655-20 y C-79/21.

Además, IRPH Stop Gipuzkoa ha instado al resto de grupos parlamentarios a registrar una Proposición Node Ley reclamando al Gobierno las dos posibilidades que son de justicia porque un Ejecutivo entregado a la banca ni es democrático ni, por supuesto, puede calificarse como progresista de izquierdas.

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