Foto: IRPH Stop Gipuzkoa

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que ha declarado al IRPH como una cláusula abusiva por falta de transparencia, algo que los tribunales españoles deberán determinar finalmente, deja al Estado español como el gran derrotado.

Resulta evidente que la sentencia del TJUE supone un verdadero varapalo para el sector financiero, un nuevo golpe de la Justicia europea a las cláusulas abusivas con que los bancos llenaron sus productos durante muchos años. Sin embargo, el gran perdedor es el Estado, por su clara posición de defensa de los intereses de la banca en contra de las víctimas de esas cláusulas abusivas.

Un Estado democrático tiene la obligación de defender a su pueblo frente a los abusos de los poderosos. Sin embargo, ya son demasiados los casos en los que los organismos públicos se posicionan en favor de la banca en contra de los intereses de la ciudadanía, de las víctimas de los abusos de los poderosos.

El hecho de que el Estado se posicione en los tribunales en contra de su ciudadanía va en contra de lo indicado en el Preámbulo de la Constitución cuando se señala que una de sus funciones es la de proteger a los españoles.

La actitud del Estado supone, además, que se están poniendo los recursos públicos al servicio de entidades privadas que, además, han utilizado su poder para someter a la ciudadanía. ¿Qué país se puede llamar democrático cuando prioriza los intereses de las élites financieras a los de su propio pueblo?

La Justicia europea ha vuelto a dar una lección a España y esto es algo que nuestra democracia no se puede permitir porque ya son demasiados. Almudena Velázquez, codirectora de la plataforma reclamador.es, ha afirmado que «una vez más el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha enmendado la plana al Tribunal Supremo español, protegiendo así a cientos de miles de afectados por el IRPH que habían visto quebradas sus esperanzas con la sentencia dictada por nuestro Alto Tribunal en 2017. Gracias a Europa, se abre la puerta a las reclamaciones de los afectados para recuperar el dinero pagado de más desde el inicio en que dicho índice les fue aplicado que ciframos en 20.000 euros de media».

Por otro lado, la presencia de la Abogacía del Estado en este proceso en contra de los intereses de los afectados por el IRPH, defendiendo los argumentos de la banca, no es sostenible desde un punto de vista democrático.

Además, el hecho de que la representante legal del Reino de España afirmara que si se pagara a los afectados lo cobrado de más con retroactividad supondría un grave perjuicio al sistema financiero es la mejor muestra de la complicidad estatal con la banca y sus abusos. En una democracia, una actitud así no es, cuanto menos, asumible.

Por tanto, que el TJUE haya determinado lo contrario a lo defendido por el Estado y lo sentenciado por el Tribunal Supremo, supone una gran derrota del Estado. Ahora llega el momento en que ese mismo Estado se resarza de sus errores y decida con justicia las reclamaciones de los 1,3 millones de familias afectadas.

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