Tal y como hemos publicado en Diario16, la Unión Europea es la única tabla de salvación que tiene la ciudadanía española para defenderse de los abusos del sistema financiero español. La Justicia española se ha convertido en el mejor aliado de la banca, hecho que es demostrable con las últimas sentencias del Tribunal Supremo en referencia al IRPH. En el mes de diciembre conocimos que la Comisión Europea había admitido a trámite una denuncia interpuesta por el bufete de abogados Arriaga Asociados por el incumplimiento de la normativa europea en materia de defensa de los consumidores y usuarios, tras las resoluciones dictadas por el Tribunal Supremo (TS) sobre la falta de transparencia y abusividad de la cláusula IRPH.

El Supremo determinó que la falta de transparencia del IRPH ante el incumplimiento de la obligación de las entidades bancarias de entregar la evolución pasada del índice no implica que dicha cláusula sea abusiva. Hay que recordar que el Tribunal Supremo ya se pronunció el 14 de diciembre de 2017, a través de una sentencia controvertida que motivó la presentación de una cuestión prejudicial ante el TJUE que fue resuelta el pasado 3 de marzo de 2020. Dicha resolución ha dado lugar a las sentencias del 12 de noviembre de 2020 que contienen incoherencias e incorrecciones sobre la interpretación de la exigencia de transparencia de la cláusula y de su abusividad con respecto a lo establecido por el TJUE en sus resoluciones.

El Supremo no aplicó adecuadamente el derecho comunitario en materia de defensa de los consumidores y usuarios, vulnerando el principio de primacía del derecho de la Unión Europea, al no respetar la finalidad de la Directiva 93/13/CEE sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, ni la interpretación que de la misma ha realizado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que en varias ocasiones ha manifestado la máxima protección al consumidor, tal y como recoge el artículo 38 de la Carta de Derechos de la UE.

Este hecho ha provocado que la asociación ASUFIN haya interpuesto una nueva denuncia, tal y como anunció en el mes de noviembre, ante las instituciones europeas al Reino de España y, en concreto, al Tribunal Supremo por la reiterada y sistemática vulneración de la Directiva 93/13/CEE que protege a los consumidores frente a las cláusulas abusivas en los contratos. El escrito, según informa la asociación, cuenta con el apoyo de 68 juristas y economistas expertos en derecho de los consumidores y 16 organizaciones de Croacia, España, Eslovenia, Hungría, Islandia, Italia, Polonia, Rumanía y Ucrania.

La asociación solicita a las instituciones de la Unión Europea que realicen «las oportunas averiguaciones y abran el procedimiento de infracción correspondiente» a fin de garantizar que en España se aplique de forma correcta el Derecho de la Unión y en concreto, el principio de transparencia en la contratación con los consumidores.

En concreto, pide «condenar al Reino de España a regular el principio de transparencia, su contenido y alcance en la contratación, en especial con consumidores», siguiendo así las exigencias de la directiva europea. También se reclama la supresión de manera definitiva del índice de referencia IRPH, tanto de cajas como de entidades, dejando estos préstamos sin interés conforme admite el sistema legal español y a eliminar asimismo los obstáculos y limitaciones existen en materia de acciones colectivas.

La denuncia, presentada ayer ante la Comisión Europea por vía telemática, puede conllevar igualmente que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) obligue a la revisión de toda la doctrina del Supremo.

ASUFIN justifica en su denuncia que el Tribunal Supremo español «no ha sido capaz de resolver los asuntos con un criterio que ofreciera seguridad jurídica», hecho que ha provocado, además de inseguridad jurídica para los afectados, que los jueces nacionales se hayan visto obligados a plantear hasta 88 cuestiones prejudiciales en materia de protección del consumidor entre 2010 y 2019, cuestiones que han llevado a corregir muchas veces el criterio del Supremo lo que ha provocado que muchos consumidores con sentencia desestimatoria perdieran la oportunidad de recuperar su dinero por una interpretación incorrecta de las directivas europeas.

Sistemáticamente, el Tribunal Supremo no ha acogido pacíficamente la doctrina del TJUE manteniendo una clara contradicción jurídica que sigue generando graves perjuicios al introducir recortes, limitaciones o interpretaciones restrictivas de los criterios protectores de los consumidores. La denuncia aporta datos objetivos de las decisiones más lesivas: la retroactividad de la cláusula suelo, las costas procesales, la contratación entre profesionales, el vencimiento anticipado, el IRPH y la falta de legitimación de las asociaciones de consumidores para defender a clientes con inversiones de elevada cuantía, carácter especulativo o múltiples contrataciones, entre otras.

Para Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN, «esta denuncia es la culminación de una labor incesante de defensa del consumidor bancario en la que, quienes nos situamos en la trinchera de la litigiosidad que genera la abusividad bancaria, asistimos atónitos al retorcimiento que hace el Tribunal Supremo de la jurisprudencia del TJUE. Los consumidores estamos cansados de amanecer en el día de la marmota una y otra vez, en una situación de inseguridad jurídica que nos es buena para nadie. Con esta denuncia esperamos que la Comisión Europea tome cartas en el asunto y que nuestro Alto Tribunal recupere la senda iniciada en 2012 con la primera sentencia que aplicaba el principio de la transparencia en la contratación masiva».

Por otro lado, Benoît Lallemand, secretario general de Finance Watch, ha declarado que «ASUFIN señala con razón la necesidad urgente de disponer de normas más estrictas en torno a la transparencia y la protección del consumidor financiero en España y en la Unión Europea. Como mínimo, debemos asegurarnos de que los Estados miembros respeten las normas, directivas y tratados de la UE en este ámbito. La asimetría de la información en los términos de un contrato hace que los hogares sean vulnerables a las prácticas injustas o abusivas del sector financiero. Garantizar que los consumidores comprendan las implicaciones de la utilización de los servicios financieros es más importante que nunca, ya que muchos hogares se ven obligados a endeudarse como consecuencia de la crisis de COVID. Debemos evitar los errores cometidos en la anterior crisis financiera de 2007-2008».

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