IRPH TJUE
Gran Sala del TJUE | Foto: IRPH Stop Gipuzkoa

La vista en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en la que se ha tratado el asunto de la nulidad del IRPH ha demostrado que el Estado español se ha puesto claramente a favor de la banca en vez de defender a sus ciudadanos ante un índice que, a pesar de ser legal, ha provocado que más de 1,3 millones de personas estén pagando por su hipoteca una media de 300 euros mensuales que los mismos préstamos referenciados al Euribor.

La representante del Reino de España, María José García Valdecasas-Dorrego, realizó una intervención que bien podría haber hecho cualquier abogado defensor de la banca. Comenzó afirmando que, en relación la transparencia del IRPH y su correspondiente comprensibilidad por parte de los consumidores, no procedía analizar la transparencia de la cláusula IRPH, por ser aplicable la excepción prevista en la normativa para cláusulas imperativas. Para la abogada del Estado tampoco  sería procedente analizar el contenido, pues afecta directamente al objeto principal del contrato.

El hecho más notorio de la defensa del Estado a los intereses de la banca vino cuando la letrada solicitó al TJUE que, en caso de que el Tribunal determinase la nulidad del IRPH, solicitó, en nombre del Reino de España, que no se aplicase ningún tipo de retroactividad puesto se provocaría un grave perjuicio económico. ¿A quién? Evidentemente, a la banca, no al Estado.

A esta defensa a ultranza de la banca por parte de quien tiene la obligación moral y ética de defender los intereses de sus ciudadanos por encima de cualquier otro aspecto, se ha opuesto frontalmente el representante de la Comisión Europea quien señaló que no compartía que más información suponga abrumar al consumidor, incidió en las peculiaridades del IRPH y en su perjuicio económico al consumidor. Por otro lado, afirmó que es difícil o imposible que el IRPH sea superior al Euribor.

Sobre la limitación de los efectos de la sentencia, solicitada por el Reino de España, el representante de la Comisión Europea afirmó que es una excepción que sólo podría darse en caso de cumplirse dos condiciones, las mismas que la representante del Reino de España daba por cumplidas: buena fe, y trastornos graves. En opinión de la Comisión, con el IRPH no se cumple ninguna de las dos. Para el trastorno económico grave le ha recordado al Reino de España que sobre él recae la carga de la prueba, y que no había aportado datos que justifiquen que la nulidad retroactiva de las cláusulas IRPH suponga un riesgo económico.

El juez ponente, el croata Sinisa Rodin, preguntó a la representante del Reino de España a ver qué entendía cuando se dice que algo es imperativo (en clara referencia a la postura de España de excluir a la cláusula IRPH del control de transparencia aferrándose a la excepción prevista para disposiciones imperativas). La abogada del Estado español intentó justificar lo imposible, y lo ha pasó mal en los diez minutos que ha durado el interrogatorio. El presidente de la sala ha intervenido varias veces intentando entender la postura de España, que, por un lado, reconoce que referir el préstamo al IRPH no era obligatorio, pero por otro lado insiste en aferrarse a la excepción porque, una vez elegido, el IRPH no se puede alterar por ser un índice oficial. La abogada del Estado español intentó zafarse diciendo que entiende que puede ser una cuestión de matices pero no sale bien parada del interrogatorio, dejando mal parada la reputación de España.

Tras el revolcón recibido, la señora García Valdecasas-Dorrego cayó en diferentes contradicciones en referencia, por ejemplo, a que el consumidor no tiene derecho a elegir entre distintos índices de referencia en las hipotecas, porque no se puede obligar a los bancos a hacer distintas ofertas. Por otro lado, hizo notar que el IRPH no podía ser una cláusula abusiva cuando ha operado por debajo del precio oficial del dinero cuando, en realidad, siempre ha estado por encima del Euribor.

Finalmente, se mostró notablemente molesta con una afirmación de la Comisión Europea, que dijo que un préstamo podría no tener intereses. La representante del Estado dijo que los préstamos hipotecarios no son gratuitos. Y, cada vez más vehemente en su intervención, pasó a criticar a la Comisión Europea por decir que el Reino de España no ha justificado el grave riesgo que implicaría una nulidad retroactiva de la cláusula IRPH. Según ella, aportó suficiente información para justificarlo. Bastante alterada, terminó con un “y ya está” rotundo. A esto la Comisión Europea insistió en que por más que los busca, no encuentra ningún número ni cálculo que indique el quebranto económico para la banca que defendió la abogada del Estado español.

La posición de la representante del Reino de España poniéndose en contra de los intereses de la ciudadanía para defender los del sector financiero es inadmisible, sobre todo cuando el propio presidente del Gobierno afirmó que se había terminado el tiempo en que los ciudadanos pagaran los abusos de la banca. Según distintas fuentes consultadas por Diario16, su actitud recordó en ocasiones al fiscal Orrach en su defensa de Cristina de Borbón, mucho mejor que la de los abogados de la infanta.

A la señora García Valdecasas-Dorrego habría que recordarle un hecho que es capital en el IRPH: el supuesto perjuicio económico a la banca no sería otra cosa que la devolución de cantidades indebidamente cobradas y que por tanto no le pertenecen. La representante del Estado español identificó perjuicio a la banca con perjuicio a España, pero esto no es así: el dinero que las entidades devuelvan a la ciudadanía no saldría de las fronteras del Estado español y probablemente incentivarían el gasto, activando la economía. Y aunque no fuera así, supondría resarcir el daño causado a miles de familias, muchas de las cuales han perdido su vivienda por culpa de este índice abusivo.

1 COMENTARIO

  1. Desdichado nuestro país con un gobierno usurpado por parasitos inutiles, traidores, sicarios de los usureros internacionales y ladrones de los dineros que roban a los ciudadanos indefensos y desarmados a punta de pistola para regalarselos a sus amos los usureros que les enriquecen con el fruto de nuestro trabajo que nos cuesta ganarlo a pesar de sus bloqueos con sangre, sudor y lágrimas

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