El diputado socialista Manuel Gabriel González Ramos durante su intervención

La incoherencia en política es la navaja de afeitar herrumbrosa utilizada para cortarse las venas y morir lentamente y sin dolor. Eso es lo que le está pasando al PSOE cuando están en juego los intereses de la banca. Un partido que en sus siglas lleva la palabra socialista, jamás puede posicionarse en favor de los poderosos cuando hay millones de personas afectadas por sus actuaciones abusivas.

Eso es lo que ha ocurrido hoy en el Congreso de los Diputados y, por desgracia, no es la primera vez. Tal y como publicábamos en Diario16, en la sesión de la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital que se ha iniciado a las 11 de la mañana, se ha debatido la Proposición No de Ley (PNL) presentada por EH-Bildu en la que se instaba al Gobierno a que se persone a la Abogacía del Estado para defender los intereses de las familias afectadas o, en todo caso, adoptar una postura neutral.

El diputado de EH-Bildu Oskar Matute durante un momento de su defensa de la PNL del IRPH

La PNL ha sido defendida por el diputado Oskar Matute, quien ha afirmado que la sentencia del Supremo de noviembre de 2020 afirmaba una cosa y la contraria para defender los intereses de la banca, contradiciéndose, incluso, a la doctrina que sí aplica con otros casos de cláusulas abusivas. «Si no es transparente, es abusivo», ha afirmado con contundencia.

Matute, además, ha recordado la actitud mantenida por la Abogacía del Estado durante el anterior proceso, en la que se defendió que no se aplicara la retroactividad porque eso afectaría al sistema financiero. Esta actitud, según el diputado de EH-Bildu, supone defender que «si robas poco tienes que devolverlo, pero si robas mucho no tienes que devolverlo porque te supone un quebranto».

El turno para los grupos parlamentarios lo ha iniciado la diputada de Ciudadanos María Muñoz Vidal, quien ya ha adelantado desde un primer momento que votarían en contra de la PNL, pero dejó entrever que estaban de acuerdo con la petición de neutralidad al Estado.

A continuación, tomó la palabra Pilar Calvo Gómez, de Junts Per Catalunya, quien anunció que apoyarían la PNL, lo mismo que hizo Joan Capdevila, de Esquerra Republicana de Catalunya, un diputado que ya ha demostrado su posicionamiento claro en favor de los afectados por las operaciones o las cláusulas abusivas de la banca, tal y como demostró durante la Comisión de Investigación en la que se trató el Caso Banco Popular. Capdevila ha recordado la carga económica que supone el IRPH para los 1,3 millones de familias afectadas y ha calificado al índice de estafa y abuso.

Por parte de Unidas Podemos ha intervenido el diputado Txema Guijarro, quien ha anunciado que su grupo parlamentario iba a apoyar la PNL porque «estoy absolutamente de acuerdo con la exposición del señor Matute. Es más, estoy de acuerdo hasta con las comas».

Faltaba todavía por intervenir el Bloque de la Transición (PSOE-VOX-PP) y los tres se han posicionado del lado de los intereses de la banca. En representación de VOX ha intervenido la diputada Inés Cañizares, quien ha defendido que la defensa del sistema financiero es la defensa de España. Esta intervención de la formación ultra señala claramente que son un peón más del entramado del capital y sus proclamas populistas no son más que humo.

El Partido Popular, por su parte, no ha defraudado en la línea que tiene de defender los intereses de los poderosos, no en vano van a implantar una especie de paraíso fiscal en Madrid si gobierna Isabel Díaz Ayuso que sólo beneficiará a las grandes empresas y a los más ricos. Miguel Ángel Paniagua ha afirmado que la PNL queda totalmente injustificada porque se presentaban dos opciones, según él, contradictorias.

Sin embargo, la traca final la tenía preparada el PSOE. El diputado Manuel Gabriel González Ramos ha excusado su posicionamiento en contra de los intereses de 1,3 millones de familias, trabajadoras en su inmensa mayoría (los ricos no necesitan hipotecarse), en una verborrea procedimental y recordando que la personación de la Abogacía de Estado en 2018 fue una herencia que recibieron del Gobierno de Rajoy. Eso es cierto, sin embargo, el hecho de mantener a los letrados del Estado sí fue una responsabilidad del primer Ejecutivo de Pedro Sánchez porque, incluso, se presentó una proposición firmada por varios grupos parlamentarios para que la retirara, algo que todavía puede hacer, por cierto, en el Caso Popular y que no ha hecho.

El carnet de militante del PSOE lleva impresa una frase de Pablo Iglesias Posse que muchos y muchas de las que ahora representan esas siglas han olvidado: «Sois socialistas no para amar en silencio vuestras ideas ni para recrearos con su grandeza y con el espíritu de justicia que las anima, sino para llevarlas a todas partes». La oposición de los representantes del Grupo Parlamentario Socialista respecto a que el Estado defienda a su pueblo contra los intereses de la banca, uno de los valores que cualquier socialista debería defender sin que nadie le diga que lo haga, no es más que el reflejo de la absoluta incoherencia ideológica de un partido que nació para defender a la clase obrera y que se está convirtiendo en el muro de contención que, además, entrega a la banca el aval ético que necesitan para seguir consiguiendo beneficios a costa de la venta de productos tóxicos que contienen cláusulas contrarias a la ley.  

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