La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), por más que la banca haya querido adulterar su contenido, ha sido una primera gran victoria para los afectados del IRPH. La contundencia del dictamen del alto tribunal europeo ha sido tal que la primera reacción a nivel Estado se ha producido desde el Defensor del Pueblo quien ha tomado la iniciativa.

Fernando Fernández Marugán ha pedido al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que inicie el estudio de establecer un «sistema extrajudicial al que puedan acudir los afectados por el Índice de Referencia de los Préstamos Hipotecarios». Así se hace saber a través de un comunicado de prensa que incide, precisamente, en la resolución del TJUE: «La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado que este índice es susceptible de ser considerado abusivo y, por tanto, anulado por parte de los jueces nacionales. Por ello, la Institución cree que una solución extrajudicial evitaría que numerosos afectados acudan a los tribunales para el reintegro de las cantidades pagadas indebidamente y la sustitución por otro índice más favorable».

La institución de defensa de la ciudadanía considera que esta solución extrajudicial evitará un nuevo colapso en la Administración de Justicia, tal y como está ocurriendo con los procedimientos relacionados con las cláusulas suelo. Además, este mecanismo de reclamación de anulación del IRPH hará que muchos de los afectados que no tienen recursos para abrir una vía judicial pudieran beneficiarse.

Desde que está Fernández Marugán en la institución no es la primera vez que se posiciona a favor de alcanzar acuerdos extrajudiciales por los abusos del sistema financiero que defendió la Abogacía del Estado. En concreto, en el año 2017 ya recomendó al Gobierno de Mariano Rajoy la eliminación del IRPH como índice de referencia y lo sustituyera por el Euribor para corregir los efectos lesivos de cláusulas potencialmente abusivas. La propuesta fue rechazada por el Ejecutivo del PP.

Ahora la pelota está en el tejado de Nadia Calviño. ¿A quién beneficiará la vicepresidenta económica? ¿Seguirá apoyando a la banca en vez de a la ciudadanía? Tal vez el Estado español debería tomar ejemplo del regulador del Reino Unido en referencia al escándalo de los seguros PPI.

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