El despacho de abogados Arriaga Asociados ha denunciado nuevamente al Tribunal Supremo español ante la Comisión Europea. Hay que recordar que, tal y como publicó Diario16, el mismo bufete ya presentó otra denuncia contra el Alto Tribunal tras las sentencias sobre el IRPH de noviembre de 2020. En aquella ocasión, la Comisión le respondió que se iba a mantener a la espera de las resoluciones del TJUE por las dos cuestiones prejudiciales planteadas por los jueces de Barcelona e Ibiza.
Una vez resueltas dichas cuestiones prejudiciales mediante los autos del TJUE de noviembre de 2021, que señalan la obligación de las entidades financieras de informar a sus clientes de manera leal sobre las consecuencias del índice IRPH, el Supremo se pronunció a favor de dichas entidades eximiéndolas de tener que informar a los consumidores para que pudieran elegir el índice que más les convenga.
En dichas sentencias, según la denuncia, los magistrados del Supremo no aplicaron adecuadamente las disposiciones del TJUE, que ya ha resuelto tres cuestiones prejudiciales sobre el IRPH.
El Supremo contradice el principio de vinculación a la jurisprudencia del TJUE y no aplica la normativa comunitaria en materia de defensa de consumidores y usuarios. Además, según el despacho, «no respeta la finalidad de la Directiva 93/13/CEE sobre cláusulas abusivas vulnerando el artículo 38 de la Carta de Derechos de la UE».
Por otro lado, el Supremo exoneró a las entidades bancarias de cualquier obligación de información al consumidor sobre el índice IRPH y sus consecuencias económicas. El Alto Tribunal, por tanto, vulneró la normativa de protección a los consumidores al entender que el IRPH es transparente y no es abusivo por el mero hecho de publicarse en el BOE. «Como si un consumidor medio fuera capaz de comprender el funcionamiento de dicho índice consultando el valor mensual que se publica en el BOE, que por otro lado era de difícil acceso en el momento en que se formalizaron la mayoría de los préstamos hipotecarios con IRPH», afirman desde Arriaga Asociados. Esta interpretación del Supremo contradice, una vez más, al TJUE que consideró que las entidades deben dar información adicional sobre la evolución del índice y su funcionamiento.
De nuevo, el Supremo, «en su empeño de proteger a las entidades financieras, deja deliberadamente a casi un millón de afectados desprotegidos ante la Justicia. ¿Qué protección tienen los consumidores afectados si el más alto tribunal de España no sigue lo dictaminado por el TJUE en materia de cláusulas abusivas?», se pregunta Arriaga.
La intención de la denuncia es que la Comisión Europea intervenga frente al Supremo español, ya que, una vez resueltas las cuestiones prejudiciales planteadas, sigue incumpliendo la normativa de protección a los consumidores haciendo caso omiso de las directrices obligatorias que el TJUE ha dado a los jueces nacionales.
Lo que debería de hacer ya y de una vez la UE es poner en su sitio al Supremo español, que no acata nada de lo que dicta y sentencia el TJUE. Ha pasado y está pasando con el tema de los indefinidos no fijos. El Supremo español se mete dónde no le llaman y en todo caso sería el tercer órgano en importancia tras el TJUE y la Constitución española.