La ministra de Asuntos Económicos y vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, tiene en plena crisis del coronavirus una patata caliente con el IRPH. Si no adopta una decisión sobre la aplicación de este índice puede colocar a todo el Gobierno en una situación muy difícil, sobre todo desde que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenciara que es un índice abusivo para los consumidores.

En concreto, en estas próximas semanas el Gobierno debe tomar una decisión que afecta a las personas con menos recursos y en la que el IRPH tiene un papel fundamental: la revisión de los tipos de interés de las hipotecas de las viviendas de protección oficial y, según la ley, ese cálculo se hace en base al IRPH.

Ya publicamos en Diario16 de que los propietarios de este tipo de viviendas se han quedado en un limbo tras la sentencia del TJUE. Ante una situación de crisis sanitaria como la que se está viviendo ahora en que son cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas las que viven en la zozobra de la pérdida de ingresos por los ERTE o por la caída de actividad de los trabajadores autónomos, Nadia Calviño debe plantear el aplazamiento de este cálculo porque, además, estaría aplicando un índice que ha sido calificado por Europa como de abusivo.

El propio Defensor del Pueblo, quien ya ha reclamado a la banca que a los afectados del IRPH se les dé una solución extrajudicial, solicitó que se modificara lo que, a todas luces, es una injusticia, dado que este tipo de hipotecas especiales las tienen personas con pocos ingresos que están pagando cuotas más caras.

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