El Consejo de Ministros ha presentado el anteproyecto de Ley de Servicios Sociales, que los define como servicios esenciales y establece la obligatoriedad de un catálogo común para todas las comunidades autónomas.
La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha enfatizado que «esta primera ley de servicios sociales de la historia de nuestro país» contribuirá a fortalecerlos como pilar fundamental del estado del bienestar.
Belarra ha considerado que la norma será también «un balón de oxígeno» para un sector asfixiado por los recortes y la asunción de competencias y funciones que no les corresponden y para sus profesionales, «que han cubierto demasiadas veces con su vocación y a costa de sus derechos laborales un servicio que debía haberse garantizado mejor por la administración pública».
Respecto a los usuarios, la ley incide en que el sistema debe estar basado en el respeto a los derechos de las personas y cambia el modelo exclusivamente asistencial por un enfoque comunitario y preventivo, dirigido a evitar que las personas caigan en una situación de vulnerabilidad tal que haga más difícil la intervención.
El anteproyecto, que ahora se someterá a información pública, forma parte de las reformas contempladas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Ione Belarra ha subrayado que la nueva ley permitirá profundizar y hacer permanente la modernización de los servicios sociales que ya ha comenzado con una inversión de 875 millones de euros procedentes de los fondos europeos.
Catálogo común de servicios sociales
La norma estipula que el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia diseñará un catálogo común de prestaciones y servicios sociales para garantizar la igualdad de los ciudadanos en todo el territorio, ya que actualmente, ha dicho Belarra, «existen importantes diferencias en las distintas comunidades autónomas». Este catálogo será muy detallado y deberá incluir, entre otros, ratios de profesionales, niveles mínimos de la prestación o indicadores de satisfacción de las personas usuarias.
Belarra ha explicado que no será obligatorio el requisito del empadronamiento para acceder a los servicios sociales del catálogo y que, asimismo, cuando una persona se desplace a otra comunidad autónoma, ya sea temporal o definitivamente, podrá conservar los servicios y prestaciones que recibía en la primera sin necesidad de repetir el proceso de valoración.
Un nuevo sistema de información común interoperable con los sistemas de autonómicos permitirá conocer en mayor profundidad las situaciones que atienden los servicios sociales y por tanto diseñar mejores políticas y mejores intervenciones, ha continuado la ministra.
Otra medida nueva será la creación de la Historia Social Única para cada usuario de los servicios sociales, que contendrá la documentación relativa a su caso y a la que podrá acceder en cualquier momento. Cada usuario tendrá también una persona profesional encargada de coordinar todas las intervenciones, que será su contacto de referencia.
Finalmente, se desarrollará una normativa específica para garantizar que las ayudas de emergencia o urgencia social sean ágiles: «Si las necesidades son urgentes, las ayudas deben serlo también», ha señalado Belarra.
