La investigación iniciada el pasado lunes por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, a instancia del Ministerio de Justicia, sobre las presuntas actividades delictivas de las agencias que prestan servicios de gestación subrogada, tiene a una de estas sociedades en el punto de mira por posible tráfico de bebés.

La empresa a la que se acusa es Biotexcom, que controla dos tercios del negocio que se hace en Kiev con parejas extranjeras y que presuntamente habría falsificado informes genéticos sobre la maternidad y paternidad de los niños ucranianos gestados por subrogación, consiguiendo así inscribir como propios a hijos biológicos de ciudadanos españoles que no tenían ningún vínculo con estos.

Esta empresa, en su página web, ofrece varios paquetes de vientres de alquiler en Ucrania: el modelo estándar por 39.900 euros y el modelo VIP, que permite elegir el sexo del bebé, por 49.000 euros, algo también prohibido en España.

Tráfico de personas

De la investigación ha resultado que los hechos atribuibles pueden ser constitutivos de los delitos de tráfico de personas, falsedad documental, transferencia ilegal de personas a través de frontera estatal y evasión fiscal, según tipificación del Código Penal ucraniano.

Se investiga el tráfico de personas, falsedad documental, transferencia ilegal de personas a través de frontera estatal y evasión fiscal

La supuesta falsificación de pruebas biológicas se vendría realizando desde la primavera del 2018. En esas fechas fue cuando el consulado de España en Kiev, por orden de los nuevos responsables diplomáticos de nuevo Gobierno socialista, comenzó a denegar las inscripciones de bebés nacidos de madres ucranianas, si los futuros padres españoles no presentaban resoluciones judiciales de tribunales locales certificando que los recién nacidos eran efectivamente sus hijos.

Hasta el momento, estos hechos ocurridos en España no están siendo investigados en Ucrania, por lo que la Fiscalía advierte que “los indicios existentes están aún en fase embrionaria”. El Ministerio de Justicia insiste en que existe “la posibilidad de que en esos terceros países (en referencia a Ucrania) se vulneren los derechos de las mujeres gestantes y, que incluso se haga pasar por hijos a niños nacidos sin relación genética alguna con las parejas”.

Según ha explicado la Fiscalía General en un comunicado, el Ministerio Fiscal de la Audiencia Nacional “es competente para investigar si los servicios prestados por dicha empresa son constitutivos de delitos, aun cuando parte de los hechos hayan tenido lugar fuera de España, como establecen los artículos 23 y 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial”.

La Fiscalía abrirá diligencias de investigación para valorar los hechos denunciados y estudiará si la documentación aportada hasta el momento es suficiente para ver si existen indicios de delito o es necesario recabar más pruebas, como puede ser documentación, informes periciales, declaraciones de testigos.

La denuncia de la ministra de Justicia en funciones hace referencia a una empresa que presuntamente realizaría servicios de gestación subrogada en Ucrania a través de su sede en España y que se ofertaban en una página web.

Hasta el momento, estos hechos ocurridos en España no están siendo investigados en Ucrania, por lo que la Fiscalía advierte de que “los indicios existentes están aún en fase embrionaria”. La ministra Dolores Delgado ha señalado que por el momento “no se está investigando ni a padres ni a menores, sino solamente a algunas agencias, no a todas”, sin dar más datos.

Para la ministra estas empresas, “además de lucrarse, podrían estar cometiendo delitos como el tráfico de menores, de organización criminal, de blanqueo de capitales e, incluso, de falsedad documental”. “Es un tema muy, muy grave”.

Dolores Delgado ha querido dejar claro que en España “la gestación subrogada está prohibida desde 2006 y lamentó que haya agencias que estén negociando con el vientre de las mujeres y estén traficando con menores.

A las mujeres en Ucrania se les paga muy poco por prestarse a ser vientres de alquiler. La ley en ese país es la más abusiva con las madres gestantes, que no tienen posibilidad de arrepentirse, so pena de acabar en la cárcel. En Ucrania las madres gestantes tienen un dinero para luchar por sus hijos dados a parejas españolas o de otros países.

El negocio de los vientres de alquiler se basa en aprovecharse de la necesidad de las mujeres en riesgo de exclusión social, sobre todo en países con altos niveles de pobreza.

Ucrania revela más de 1.000 posibles casos irregulares de vientres de alquiler que se han enviado a la Unión Europea. La ministra Delgado, al referirse a los contratos que firman las madres gestantes en Ucrania, los ha calificado como “realmente preocupantes, leoninos y atentan contra los derechos humanos”.

Estas mujeres deben separarse de sus familias e hijos, si los tuviera, en los últimos meses de la gestación y trasladarse a una habitación que impone la organización, hasta la entrega del bebé. En caso de incumplimiento de la gestante se le impone una penalización “del 200% de la contraprestación que reciba por la gestación”, ha señalado la ministra.

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