Un momento de la sesión en el Supremo

El teniente coronel de la Guardia Civil y responsable de la Policía Judicial en Cataluña, Daniel Baena, confirmó hoy durante la sesión del juicio del ‘procés’ que sus agentes investigaron el desvío de fondos de la Generalitat para crear “estructuras de Estado” una vez que se produjera la declaración unilateral de independencia. El gabinete de Carles Puigdemont lo tenía todo previsto desde el minuto uno de la desconexión con España. Nada se había dejado al azar. “La malversación que investigamos era en relación a la creación de las estructuras de Estado, no investigamos programas políticos”, ha afirmado el mando policial ante los magistrados del Tribunal Supremo.

Baena ha respondido a las preguntas del fiscal y de los abogados defensores de los 12 acusados en el proceso soberanista. El teniente coronel ha recordado que en aquellos días −que él mismo ha definido como “un período insurreccional”−, no perseguían ideas políticas sino presuntos hechos delictivos. “Nosotros investigamos a personas que hacen hechos que pueden ser constitutivos de delito, no a la Generalitat”, ha explicado.

La investigación de la Policía Judicial concluyó que el Govern Puigdemont disponía de un plan avanzado para llevar a cabo la creación de al menos 14 estructuras de Estado para la nueva República, según publicó a finales del pasado año la Agencia Europa Press. Entre esas estructuras estaba, además de la creación de una Hacienda propia catalana, un Ministerio del Interior, un nuevo Poder Judicial con magistrados catalanes, un Banco Central, una Comisión del Mercado de Valores y hasta un Ministerio de Defensa. Sin embargo, el bloque independentista era consciente de que “la declaración de independencia podía llevar a la intervención de la autonomía por parte del Estado español y, por ello, tenían planes para el caso de que eso sucediera”.

Para implementar los nuevos ministerios, Puigdemont y su equipo habían previsto en un primer momento recortes de gastos, retrasar el pago a los proveedores, cobrar impuestos a todas las empresas, emitir bonos patrióticos y no pagar al Estado. Además, pretendían controlar los aeropuertos, los puertos, las centrales nucleares y gestionar las aduanas.

Los documentos oficiales con todos esos planes fueron incautados por la Guardia Civil tras la detención de los cargos de la Generalitat implicados en la organización del referéndum del 1 de octubre. La información, a la que ha tenido acceso Europa Press, está incluida en la investigación que llevó a cabo el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.

En líneas generales, los soberanistas vieron necesario crear hasta 14 posibles estructuras de Estado, a las que tendrían que dotar de presupuestos. La relación incluía: Hacienda Catalana; Agencia Catalana de Protección Social; Poder Judicial; Ministerio del Interior; Política Monetaria, que incluía Banco Central y Supervisor del Sistema Financiero; Comisión Nacional del Mercado de Valores; Comisión Nacional de la Competencia; Controles de los Servicios de Transporte Aéreo, Marítimo, Ferroviario y Carretera; Abastecimiento de Agua y Energía; Telecomunicaciones; Correos; y Servicios de Emergencia y Defensa, aunque en este último caso, el epígrafe aparece con interrogantes.

Además, la Guardia Civil halló un documento bajo la inscripción Informe sobre la obtención de datos con trascendencia tributaria, así como un plan de despliegue del proyecto de Hacienda catalana, un informe sobre la estructura organizativa de la misma y otro sobre el “Catastro de Cataluña en el momento de la desconexión”.

Pero también preveían la posible intervención de la autonomía por parte del Estado, que calificaban de “escenario de guerrilla” o “escenario de guerra” en función del alcance que tuviera el ‘procés’. En ese caso preveían un plan de ajuste del gasto del Gobierno catalán y la activación de medidas alternativas de financiación como “bonos patrióticos” o acudir al “mercado internacional”. Admiten que la actuación de la Generalitat se sustentaría en la capacidad de sostener su tesorería hasta diciembre y fijaban el punto crítico en julio de 2018.

A su vez, contemplaban medidas más duras para el caso de que se produjera el citado “escenario de guerra”, en el que preveían que el Tribunal Constitucional iría contra los máximos responsables de las instituciones catalanas. Llegados a ese punto, la Generalitat daba por hecho que el Gobierno central asumiría el control de la autonomía, cortaría el FLA (Fondo de Liquidez Autonómica) y garantizaría el pago de mínimos del personal.

En otro documento titulado Actuaciones y medidas en el escenario del dos de octubre, exponían que “el éxito tendrá mucho que ver con la capacidad real de ejercer un control efectivo sobre el territorio de Cataluña” y sobre “los comportamientos de los ciudadanos y las instituciones”. En este punto, consideraban “básico” controlar las “infraestructuras críticas” como el aeropuerto de El Prat-Josep Tarradellas, los puertos de Barcelona y Tarragona, las centrales nucleares y la gestión de las aduanas, “entre otros elementos que no sólo impactan sobre la viabilidad del despliegue de la nueva República, sino que también lo hacen sobre la estabilidad y la viabilidad del Estado español”.

Precisamente Puigdemont y los suyos jugaban con esa inestabilidad que se generaría en todo el Estado para forzar una negociación con el Gobierno de Mariano Rajoy. De hecho, avisaban de que la “falta de colaboración/cooperación entre ambos actores puede generar una cadena de serios problemas en este ámbito con potencial contagio del resto del sistema económico y financiero europeo e internacional”, según los informes.

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