Agentes de la Ucoma, durante la operación ordenada por la jueza instructora el pasado 24 de septiembre. Foto: Diario de Sevilla.

La jueza que investiga el caso Magrudis, por el mayor brote de listeriosis registrado en España con un balance provisional de tres fallecidos, siete abortos y más de 215 enfermos, ha iniciado también una investigación por posible delito de alzamiento de bienes sobre las actividades económicas de diez empresas y nueve personas “que pudieran estar realizando labores de testaferro” en el entramado, señala la jueza en un auto del pasado 7 de octubre.

La jueza ve “ingeniería mercantil” en el entramado empresarial de Magrudis para evitar cualquier tipo de responsabilidades

La titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez, ha puesto el foco, entre otras, en dos de las empresas vinculadas a F.D.R.D., supuesto comercial de Magrudis y uno de los cinco detenidos en la operación de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) de la Guardia Civil, puesto en libertad tras su detención el pasado 24 de septiembre. Se trata de las sociedades Interweb Imagen S.C. y Rodríguez & Dorado Alimentación S.L.

El auto de la jueza subraya que, además de las empresas principales investigadas en el entramado –Magrudis SLU y Elaborados Cárnicos Mario SLU–, “existen antecedentes mercantiles, de los que se deduce que José Antonio Marín Ponce ha tenido cinco empresas registradas y cuatro de ellas han quedado sin actividad debido a créditos incobrables”. Se trata de Marín y Maldonado SL, Sanmasur SL, Sierra Encina SL, Estirpe de Jabugo SL y Embutidos El Patio SL. Las cuatro últimas paralizaron su actividad tras acumular deudas, según ha informado el portavoz de la asociación de consumidores Facua, Rubén Sánchez.

El auto de la jueza también destaca que el 23 de agosto se conoció la existencia de que la empresa Comercial Martínez León SL comercializaba productos procedentes de la trama investigada, “información que fue ocultada por los responsables de Magrudis”, apunta el auto judicial.

Se deduce que con la creación de todas las entidades antes indicadas, se han obtenido grandes beneficios económicos, habiéndose creado una ingeniería mercantil dirigida de forma absoluta a prever los posibles problemas que puedan sobrevenir en el funcionamiento empresarial, tanto a nivel económico como sanitario, para lo cual ha utilizado a diferentes personas en su entorno”, expone el auto de la instructora del caso y dado a conocer por Facua.

La jueza ha encomendado a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos del Ministerio de Justicia que realice “el estudio de las actividades económicas, tanto en España como en el extranjero, por parte de los investigados y de personas vinculadas por lazos familiares, que pudieran estar realizando labores de testaferro. Esta Oficina se encargará de la localización de los bienes, efectos, instrumentos y ganancias que pudieran provenir de los hechos investigados en relación a nueve personas y diez empresas, tras lo que facilitará los datos que obtenga a los miembros de la Ucoma de la Guardia Civil que llevan a cabo la investigación.

Facua adelantó la semana pasada que Pedro Marín Ponce, un hermano del presunto máximo responsable de Magrudis, José Antonio Marín Ponce, actualmente en prisión sin fianza, figura como administrador único de la empresa cárnica Bellota Finca Santa Marta SL., que no tiene registro sanitario. Por ello, la asociación de consumidores solicitará a la instructora del caso que incluya también en la investigación a la citada sociedad y a Pedro Marín Ponce, sobre todo porque la investigación de la Guardia Civil concluyó que este hermano participa en la trama de Magrudis.

La jueza sostiene que “de la investigación llevada a cabo hasta el momento se deduce que podríamos encontrarnos ante una trama organizada, que ha creado distintas entidades mercantiles, todas con objeto social similar, así como los mecanismos necesarios para eludir el pago de las deudas y obtener cuantiosos beneficios económicos”.

“Incluso la última entidad, Magrudis SL, colocó en la cadena comercial de alimentos para personas, carne procesada con presencia de Listeria monocytogenes, lo que ha provocado muertes, abortos y lesiones, por lo que se hace necesario averiguar los activos, bienes, instrumentos, ganancias o efectos provenientes de las actividades ilícitas investigadas, que podrían ser constitutivas de un delito contra la salud pública, homicidio por imprudencia, lesiones al feto con resultado de muerte e insolvencia punible”.

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