La Guardia Civil, en una inspección para comprobar y evitar la distribución y la venta ilegal de juguetes, ha investigado a una persona como presunta autora de un delito contra la propiedad industrial, e intervenido más de 145.000 juguetes.
Agentes de la Unidad Fiscal y Aeroportuaria de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, en colaboración con la Subdirección General de Inspección de Consumo y Control del Mercado de la Comunidad de Madrid, procedieron a inspeccionar una nave dedicada al almacenaje y venta de juguetes al por mayor ubicada en el Polígono Industrial de Pinto (Madrid). El dispositivo policial se inició tras tener conocimiento la Guardia Civil, de cómo en esta nave, regentaba por ciudadanos de origen asiático, se almacenaban y comercializaban juguetes falsificados que supuestamente infringían la propiedad industrial de diferentes marcas de reconocida reputación.
Del resultado de la inspección se intervinieron un total de 145.657 juguetes falsos o peligrosos para la salud y seguridad de los niños de diferentes marcas y modelos.
Por un lado se intervinieron 134.120 juguetes que incumplían los requisitos exigidos en las normativas europeas sobre sobre la seguridad de los juguetes y, por otro, 11.535 juguetes que presuntamente infringen los derechos de propiedad industrial e intelectual de varias marcas registradas.
En la misma nave los agentes también han encontrado bolsas de juguetes a granel, blíster de plásticos y cajas serigrafiadas como las marcas falsificadas.
Los productos intervenidos provienen mayoritariamente del mercado asiático y llegaban a la nave desmontados para sortear los controles aduaneros y policiales y así evitar su detección, donde posteriormente eran montados y ensamblados para ser comercializados fuera de los canales legales establecidos.
Además durante la inspección fueron hallados efectos de pirotecnia de la categoría F1 almacenados de forma irregular, ascendiendo a un total de 6.000 envases de bombetas.
Una persona ha sido propuesta para sanción ante la autoridad competente e investigada como presunta autora de un delito contra la propiedad industrial.
Los juguetes que han sido intervenidos suponen un riesgo para los consumidores, no solo por la peligrosidad que implica el tamaño de las piezas, sino porque además carecían de los controles de seguridad y mayoritariamente del etiquetado o de defectos formales en el mismo; incumpliendo todos ellos la normativa de seguridad de los juguetes. Además representan un evidente riesgo para la salud y seguridad de los menores al estar fabricados con materiales de escasa calidad.
