Treinta y tres jueces y magistrados, entre los que se encuentra, Carlos Lemes, Luis María Díez-Picazo, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, Concepción Espejel, José de la Mata o José Ricardo de Prada, han sido denunciados por la presunta comisión de diferentes delitos entre los que se encuentran la tortura, el blanqueo de capitales o la prevaricación. La denuncia se ha sustentado mediante la interposición de las querellas ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El denunciante es José María Castillejo y los presuntos delitos por los que se ha querellado contra estos 33 jueces y magistrados, así como contra tres juristas miembros de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, se produjeron, según indican las querellas a las que Diario16 ha tenido acceso, durante el largo proceso judicial de Jomaca 98, S.L., sociedad patrimonial de la que es propietario Castillejo y que a su vez era propietaria de la parte mayoritaria en el capital social de Zinkia Entertainment, S.A., la empresa poseedora de los derechos de Pocoyó.

El anterior dueño de la empresa Zinkia lleva años reivindicando la presunta ilegalidad de la operación que le apartó del control de la sociedad mercantil que creció en torno a su mayor activo: el dibujo animado Pocoyó. Dentro de las múltiples denuncias realizadas se encuentran las actuaciones de determinados funcionarios de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Según se acredita en las denuncias de José María Castillejo, se llevaron a cabo determinadas actuaciones presuntamente ilícitas de funcionarios del supervisor del mercado español en el «asalto» a la empresa por parte del mexicano Miguel Valladares.

Según Castillejo acredita en sus denuncias, durante ese proceso, el accionista minoritario puso en marcha un ataque frontal con el fin de hacerse con la mayoría de la compañía.  En ese ataque valía todo: noticias falsas, denuncias falsas, campañas de prensa para intoxicar y afectar a la reputación tanto de Castillejo como de Zinkia.

Los diferentes procesos judiciales abiertos desde entonces y las presuntas irregularidades producidas en el desarrollo de los mismos fueron todos ellos o bien inadmitidos y desestimados por los jueces que hubieron de verlos, o bien se produjo el sobreseimiento. Esto último se sustanció en la investigación que se derivó de la presentación de una denuncia por parte de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional sobre las operaciones llevadas a cabo en el procedimiento de toma de control de Zinkia. El sobreseimiento se decidió, en este caso, por el Juzgado al poco tiempo de personarse José María Castillejo. En todos los casos, se tomaron estas decisiones por los diversos jueces y magistrados sin llevar a cabo investigaciones efectivas y esgrimiendo graves falsedades en las diferentes argumentaciones, tal y como se describe y acredita en las denuncias. Eso ha llevado a José María Castillejo a querellarse contra todos los jueces y magistrados que en los diferentes estadios procesales tuvieron una relación o una responsabilidad en las decisiones adoptadas. Según el denunciante, provocaron la presunta comisión de una serie de delitos por parte de los denunciados.

Torturas y trato degradante

El delito de tortura está tipificado en los artículos 173 a 177. Según se acredita en las querellas, la actuación de los jueces en los distintos procedimientos presentados por José María Castillejo le causó indudables «sufrimientos mentales –también físicos- al asistir a un procedimiento que viene durando años y que ha conducido -sobre la base de actuaciones presuntamente ilícitas- a que los jueces se negaran reiteradamente a investigar. Esa negativa le ha llevado a una completa ruina profesional, personal, familiar y económica y a una situación de completa vulnerabilidad. Disminuyendo de esta manera de manera radical sus facultades de decisión y atentando de manera grave contra su integridad moral», se afirma en las querellas.  La negativa a llevar a cabo una investigación eficaz por las autoridades es motivo por el cual diferentes sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos han reconocido la comisión del delito de tortura por el Estado sobre los ciudadanos.

Por otro lado, las querellas indican que «los ataques contra la integridad moral son objetivamente lesivos para cualquiera en cualquier circunstancia, mermando su capacidad de decisión y provocando un sentimiento de humillación que está más allá de la condición particular de la persona sometida a un trato vejatorio. Por otra parte, es importante tener presente que respecto del honor, el poder público está legitimado para una intromisión, si bien limitada en el mismo en determinadas circunstancias. Sin embargo, respecto a la integridad moral cualquier intromisión del poder público está expresamente prohibida».

Blanqueo de capitales

Las denuncias por este delito tienen relación con la adquisición de forma presuntamente ilícita de determinados bienes, en concreto acciones de Zinkia, por parte de una serie de ciudadanos y cómo los Jueces y Magistrados han actuado, al negarse a investigar los indicios de criminalidad en las actuaciones, como supuestos colaboradores o encubridores. Se puso de relieve en el procedimiento judicial en el que José María Castillejo denunció graves irregularidades de la CNMV y que fueron publicadas por Diario16.

Según el documento «los jueces llamados a analizar e investigar todo este conjunto de presuntos ilícitos penales, por medio de sus resoluciones, inadmitieron la querella en primera instancia y desestimaron la apelación en segunda instancia. Se negaron, por tanto, a abrir investigación alguna […] Con su actuación de inadmitir la querella y posteriormente desestimar el recurso de apelación, permitieron que se ocultara o quedara encubierto el origen ilícito de determinadas adquisiciones y utilizaciones de bienes con los que determinados ciudadanos se hicieron, a través de actuaciones delictivas. Ayudaron a las personas – funcionarios públicos- que participaron en la infracción, permitiéndoles eludir las consecuencias de sus actos. Acciones que vienen recogidas como definición del tipo básico en el caso de blanqueo de capitales».

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4 Comentarios

  1. No sé como quedará este caso, pero, si sé que es un paso adelante en la democracia. Los jueces tendrán que ponerse las pilas, ya no son intocables, a no ser que tangan lepra. Los «togados» de rango más alto, deben su rango a políticas fascistas o el dedo del pp. Espero que este caso no sea el único y, pronto podamos ver el interior de sus»togas».

    • y los dedazos del PSOE, aquí no hay uno que se salve, yo tengo claro que en lo que me quede de vida NEVER EVER votaré PP-PSOE son la misma mierda

  2. Bueno, esto es un tema inhumano.
    Desde 2009 la máxima autoridad en un juicio es el Juzgado, que es un ente que no existe, y por eso no firma.
    Un juez de negro no deja hablar a los muertos, ya que nuestros nombres en mayúsculas indican que somos entes muertos, por tanto en los juicios civiles todo es mediante escritos no hablado… los muertos no hablan y los jueces y demás participantes van de negro, en honor a los muertos, es un ritual. (https://www.youtube.com/watch?v=nhJFcIhiORw, https://liebanizate.com/2017/07/23/el-fraude-del-nombre-legal-y-la-conspiracion-de-las-letras-mayusculas-e-legal/, https://www.youtube.com/redirect?stzid=UgwA9dG9_LfEyPBE_Ul4AaABAg&event=comments&redir_token=Hh-ruhFHKo7fEAbnrAupYCa7rKR8MTU3NzAwNzUwNkAxNTc2OTIxMTA2&q=https%3A%2F%2Fwww.amazon.es%2FLibro-estilo-Justicia-Dirigido-Santiago%2Fdp%2F8467049197%2Fref%3Dsr_1_1%3F__mk_es_ES%3D%25C3%2585M%25C3%2585%25C5%25BD%25C3%2595%25C3%2591%26keywords%3DLibro%2Bde%2Bestilo%2Bde%2Bla%2BJusticia%26qid%3D1576861132%26sr%3D8-1), los jueces trabajan para el pueblo, se les puede quitar el poder.
    El problema que veo es que jueces y demás servidores públicos no cumplen ley natural, ni los valores morales, ni la constitución, por tanto les pides o preguntas algo y te miran por encima del hombro, eso es suficiente para que todos vayan a la cárcel, por ejemplo se les podría acusar por usurpación de funciones publicas pues no trabajan para el público.
    Hay que saber elegir bien las palabras en un juicio.

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