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Interinos: Las cosas, son las que son

El conflicto se ha agravado por una judicatura que no termina de reconocer la primacía del Derecho de la Unión Europea

Josep Jover
Josep Jover
Abogado especializado en Derechos Humanos de Tercera Generación y gestor de conflictos. Es uno de los juristas más importantes en Derecho de la Unión europea donde ha llevado frente al TJUE novedosos casos
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análisis

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La primera sentencia que me dieron a analizar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, allá en 1976, fue una de la Audiencia de Mallorca que incluía la frase “las cosas son las que son, y no lo que las partes dicen que es”.

Y esta máxima, en el tema de los interinos, es bien aplicable a la situación actual. Frente a la lamentable situación de los trabajadores públicos temporales, todos los partidos están haciendo una cosa y publicitando otra. Todo para ganar votos. Y éstos, los afectados, están recibiendo permanentemente mensajes cruzados, que los ponen de los nervios.

Así, mientras en el Congreso de Diputados se acordaba por mayoría, y sin que constate voto expreso alguno en contra, el texto definitivo del “Proyecto de Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público”, con la anuencia de Ciudadanos, su eurodiputado Jordi Cañas se manifestaba en la calle y en el Europarlamento en contra, de forma visible y delante la prensa y los propios interinos. Días antes, su jefe de filas en el Parlamento Europeo nos había dicho que todo el pescado estaba vendido.

Este mismo medio, Diario16, ha publicado diversos artículos de cómo ha sido utilizado el tema de los interinos. Un ariete de la oposición para el gobierno de turno. Primero lo utilizaron los socialistas y Podemos, ahora el Partido Popular, Ciudadanos y VOX. Sin importarles los dramas personales, por mucho que se abrace entretanto a las víctimas.

En esta ceremonia de la confusión no ha faltado la prensa, dando dia sí, día también, mensajes contradictorios. Y tantos han sido, que es indudable que a los implicados, los que les pilla cerca y los de lejos, hayan entrado en paranoia.

“Temo que un interino me robe mi plaza” reza un titular de “El Español”, el diario de cabecera de la derecha, mientras que ésta se manifiesta con los interinos y forma parte de la comisión que acuerda la Ley. Al mismo tiempo, dicha aprobación es silenciada por el medio.

Y el ruido ha llegado a las instituciones europeas, “El comisario europeo Schmit asegura a los interinos que Bruselas verificará que la reforma de la temporalidad se adapte a la normativa comunitaria”, dice Confilegal, el portavoz extraoficial de la juricatura más carca, judicatura que sólo piensa en hacer “caldo gordo” contra el gobierno. Aunque no salga en el titular, también el Comisario les dijo que los estados son soberanos en su área de influencia. ¿Es que podía decir otra cosa?.

Recordemos lo que nos avanzó Adrian Vázquez, alto representante del Parlamento Europeo: el pescado estaba vendido. Poco añadir más aquí que las reuniones privadas o públicas con funcionarios europeos de diversos niveles por parte de todos los implicados. Y mientras tanto, el TJUE se ha metido en su caparazón esperando que escampe. Ya ha dicho lo que tenía que decir. Y es que para decir “no”, ya tiene el filtro del Tribunal General.

Y es que aquí, además, hay profesionales que han de justificar sus abultadísimas minutas y el poco éxito logrado.

Mensajes contradictorios también, de los grandes sindicatos Comisiones Obreras y UGT, que se han reunido y presionado al gobierno y a la Comisión para mantener los pingües beneficios de sus academias preparatorias de funcionarios. Les va la vida en ello.

Y pese al ruido reinante, mentiríamos sin embargo, si decimos que la Unión Europea no ha puesto la mano en el Proyecto de Ley en el último momento. Lo hace cuando dice: “La necesidad de dar respuestas a este problema ha determinado que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (en adelante, PRTR), ya evaluado favorablemente por la Comisión Europea en la Propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo, de 22 de junio de 2021, relativa a la aprobación de la evaluación del citado Plan, contemple en su componente 11, relativo a la Modernización de las Administraciones Públicas, la reforma referida a la reducción de la temporalidad en el empleo público.

Esto supone un antes y un después a la hora de afrontar las reformas estructurales de calado para adaptar y hacer más eficiente el funcionamiento de las Administraciones Públicas, su régimen jurídico y la ineludible planificación de la gestión de los recursos humanos para garantizar la prestación de unos servicios públicos de calidad”.

Es decir, que toda la conflictividad de los interinos se va a traspasar al control de la Orden Ministerial HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Publicada en: «BOE» núm. 234, de 30 de septiembre de 2021 y de la Directiva 2019/1937 de Whistleblowers que regula los canales de denuncia y que sobrepasa su período máximo de trasposición el 17 de diciembre de 2021, cosa que le permite aplicarse sin trasposición, sin anestesia.

Y este nuevo añadido no ha sido ni comentado ni se lo ha atribuído ningún partido político.

Ésa es la decisión de la Unión Europea. Pasar de una pista de básquet a una de tenis. De la NBA a la ATP. El juego pues, sólo acaba de empezar. Pero las reglas han cambiado.

Las reglas han cambiado porque no hemos de olvidar que quien ha exacerbado de verdad el conflicto ha sido una judicatura que durante años, y aún hoy, se ha obsesionado en no reconocer la primacía del Derecho de la Unión, ni ha entendido que España ya no es soberana en muchos temas.

Y eso es lo que realmente preocupa al Colegio de Comisarios. La de una judicatura española que actúa como “Pancho Villa”. El tema de los funcionarios en régimen de interinidad, es solo uno de los incendios que han provocado.

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