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Interinos: El «Icetazo» provoca una campaña de marketing político de la derecha en Europa

Un análisis de las preguntas realizadas en el Europarlamento por los diferentes partidos españoles demuestra cómo los políticos sólo se preocupan por la situación de los interinos cuando no gobiernan y tienen capacidad para tomar decisiones que terminen con la injusticia de este colectivo de trabajadores públicos

José Antonio Gómez
Escritor y analista político. Autor de los ensayos políticos "Gobernar es repartir dolor", "Regeneración", "El líder que marchitó a la Rosa" y de las novelas "Josaphat" y "El futuro nos espera".
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La clase política española se caracteriza por abanderar causas sólo cuando están en la oposición. Sobre todo, esto ocurre en la derecha que, durante los años en los que estuvo en el poder, no realizó ni implementó medida alguna orientada hacia la fijeza del sector de los interinos. Más bien al contrario, durante los gobiernos de la derecha, los movimientos políticos han ido orientados hacia lo contrario, a expandir aún más la crueldad y la precariedad de un colectivo de trabajadores y trabajadoras que sufre la injusticia día a día de no saber qué va a ocurrir con ellos o de si van a ser las víctimas de la ocurrencia del político de turno.

Un análisis de las preguntas realizadas por los europarlamentarios de la derecha española demuestra que las opciones conservadoras y liberales españolas han adquirido una repentina preocupación por los interinos con el único objetivo de utilizar su causa como ariete contra el actual gobierno. Lo mismo ocurría cuando quienes gobernaban eran las derechas y los partidos de la izquierda, pero ese es otro análisis.

Partido Popular: preocupación súbita

El Partido Popular, a través de Antonio López-Istúriz White y de Rosa Estaràs Ferragut, remitieron una pregunta a la Comisión Europea respecto al abuso de temporalidad en las Administraciones Públicas del Estado español.

En concreto, indicaban que «la Comisión abrió un procedimiento de infracción contra España debido a un abuso de temporalidad en las Administraciones Públicas del Estado Español, proceso CHAP (2013) 01917 relativo a un incumplimiento de la cláusula 5 de la Directiva 1999/70/CE. Sobre el mismo tema los tribunales de España han desacatado las sentencias del TJUE, de 19 marzo de 2020 y de 3 julio de 2021, relativas al incumplimiento de dicha cláusula».

La Comisión Europea contestó con claridad que «el TJUE ha confirmado que la organización de procesos selectivos ofrece a los empleados públicos que hayan sido nombrados de manera abusiva en el marco de sucesivas relaciones de servicio de duración determinada la oportunidad de intentar acceder a la estabilidad en el empleo. No obstante, tales procedimientos no eximen a un Estado miembro de su obligación, derivada de la cláusula 5 del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada anexo a la Directiva 1999/70/CE, de establecer medidas adecuada para sancionar debidamente la utilización abusiva de sucesivos contratos y relaciones laborales de duración determinada».

Sin embargo, a pesar de una respuesta tan clara por parte de la Comisión, los eurodiputados del PP realizaron otra consulta el 13 de septiembre de 2021 en la que insistían en que la figura del indefinido no fijo «no es conforme con la cláusula 5 del Acuerdo Marco, ya que persiste la posibilidad de que el empleador amortice la plaza o lo cese y, por tanto, el trabajador no deja de ser temporal».

La Comisión no ha respondido todavía. No obstante, lo que sorprende es, precisamente, la preocupación repentina del Partido Popular por la situación de los interinos en España porque, mientras estuvieron gobernando desde 2011 hasta 2018 no movieron un dedo en favor de este colectivo.

Lo mismo se podría decir en lo referente a las administraciones públicas autonómicas y locales en las que está gobernando. Ni Alberto Núñez Feijoo, ni Juan Manuel Moreno Bonilla, ni Alfonso Fernández Mañueco, ni Isabel Díaz Ayuso han modificado sus políticas de contratación pública. Tampoco han realizado ningún movimiento legislativo en el sentido de conceder la fijeza al personal en abuso de temporalidad. No han hecho nada. Entonces, ¿por qué en Europa sí que lo hacen? No es más que marketing político, por más que pueda existir preocupación por la situación del colectivo de trabajadores interinos. Lo mismo se podría decir de los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular.

Pablo Casado, dispuesto a pactar el «Icetazo»

El líder del Partido Popular parece dispuesto a alcanzar algún tipo de acuerdo con Pedro Sánchez para aprobar el Real Decreto de los interinos, el llamado «Icetazo», una norma que el exmagistrado Fruitós Richarte, calificó de «desastre jurídico de muy bajo nivel por parte de los elaboradores del mismo, que deja muchas lagunas, grupos y colectivos sin regular. Le diré que políticamente les sirve a todas las administraciones públicas para tirar para adelante sus planes de exterminio del colectivo, para convocar y convocar o seguir con sus planes de OPES. En eso sí que están todas las administraciones de acuerdo. Una vergüenza, eso es lo que es el Real Decreto, desde su redactado falaz y traidor, hasta su votación de vergüenza para todos y su aplicación en exterminio del colectivo».

Sin embargo, a pesar de la actitud del PP en Europa, Pablo Casado no se ha posicionado públicamente en favor de los interinos. Más aún, el colectivo de trabajadores en abuso de temporalidad ha acusado al líder del Partido Popular de pactar un ERE encubierto con Pedro Sánchez. Los interinos han calificado a Casado como «Judas» tras las enmiendas presentadas al «Icetazo» que incluyen medidas que en nada se parecen a lo prometido por el líder del PP en las reuniones mantenidas con las asociaciones que representan los intereses del colectivo.

Por ejemplo, la Coordinadora Andaluza de Empleados Públicos Temporales afirma que las enmiendas del PP «no contemplan las dos únicas posibilidades que ha dictaminado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para dar solución al abuso de temporalidad de los empleados públicos en España: o declarar la fijeza directa o el acceso de los empleados públicos a la fijeza del puesto mediante la realización de un concurso de méritos de carácter restringido».

Ciudadanos, más de lo mismo

El otro partido de la derecha democrática española, Ciudadanos, en su proceso de descomposición y extinción, también ha lanzado una serie de preguntas desde el Parlamento Europeo a la Comisión respecto a los interinos. En concreto, el eurodiputado Jordi Cañas remitió el 27 de julio una pregunta en la que calificaba la situación de los interinos como de «abuso en la contratación de personal interino en el ámbito de las Administraciones Públicas en España, por la sucesión o excesiva duración de su relación contractual, ha sido considerado contrario al Derecho europeo. Sin embargo, el conjunto de las Administraciones Públicas españolas parece fomentar el mantenimiento del abuso, mediante la aprobación de normas erráticas y de difícil comprensión e interpretación. Esto obliga a los funcionarios interinos a tener que litigar, asumiendo a su cargo los costes judiciales, para intentar hacer cumplir la Directiva 1999/70/CE de conformidad con la jurisprudencia del TJUE, costes que debieran recaer sobre las Administraciones Públicas».

La Comisión respondió a Cañas, entre otras cosas, que estaban vigilando muy de cerca la tramitación del «Icetazo» en el Congreso de los Diputados.

Sin embargo, Ciudadanos, como partido, cuando está en los gobiernos municipales o autonómicos no actúa en favor de la fijeza o de aplicar lo indicado en la sentencia del TJUE.

En consecuencia, los partidos de la derecha sólo se ponen del lado de los interinos cuando están en la oposición, y no siempre, porque en el momento en que ocupan cargos de gobierno, se olvidan de todo para seguir manteniendo a cientos de miles de trabajadores en abuso de temporalidad. No hay más que ver los procesos judiciales abiertos por, precisamente, Fruitós Richarte en el Ayuntamiento de Zaragoza, gobernado en esta legislatura por el Partido Popular.

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2 Comentarios

  1. Mi señora ha prestado servicios en las listas temporales del antiguo Insalud por más de cinco años, del actual Sergas por más de siete y por personal sanitario de la xunta por más de catorce. Además de ciertas temporadas en institucións privadas o en el hogar de paraplexicos de Ferrol. Pero sigue en una lista para que la llamen a trabajar. Hace unos años estaba en situación de baja laboral por accidente de trabajo, durante esta baja cesó en su contrato porque había sido reocupado por su titular y en tal situación de incapacidad fue de nuevo llamada. Al no presentarse estuvo en año «castigada». Sé que suena a chiste pero es la realidad del puto Feijóo y sus chupapollas y cuartos.
    La gravedad de la situación de estos colectivos roza la inmoralidad.

  2. Vale, la derecha no ha hecho nada por los interinos, pero, ¿defiende el progresismo la inestabilidad? ¿por qué los sindicatos mayoritarios (y casi verticales) están en contra de los interinos y no ven mal que pierdan su trabajo casi 900.000 personas? En campaña todos los partidos decían querer acabar con el problema, pero, en la realidad con lo único que quieren acabar es con el trabajo y la dignidad de 900 mil familias.

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