El acuerdo alcanzado sobre el colectivo de trabajadores públicos en situación de abuso de temporalidad entre el Gobierno de Pedro Sánchez, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha provocado una reacción furibunda de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular y el escepticismo de algunas del PSOE.
Tal y como publicamos en Diario16, según ese acuerdo, se convertirán en fijos aquellos trabajadores en abuso de temporalidad, los interinos, que lleven más de 5 años ocupando la misma plaza. Para ello, se han puesto tres requisitos: en primer lugar, que este cambio se haga de manera excepcional; en segundo término, que las modificaciones de la situación de los interinos se haga una sola vez y, finalmente, que sea cada administración la que determine por ley cómo ejecutar el cambio.
Fuentes jurídicas consultadas por Diario16 han calificado el acuerdo del Gobierno de Pedro Sánchez con el PNV y ERC como «una verdadera barbaridad que generará mucha inseguridad jurídica y un modo de dividir aún más a un colectivo» que lleva décadas recibiendo el abuso y el maltrato de las administraciones públicas.
Las dos caras del PP
La práctica totalidad de las comunidades autónomas en las que el PP está en el poder (Madrid, Galicia, Murcia, Castilla y León y Andalucía) han salido en tromba para protestar contra este acuerdo. El consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha tachado este pacto de «extraordinariamente preocupante» y «concesión demagógica».
Por otro lado, la Junta de Andalucía ha advertido al Gobierno de Pedro Sánchez que tenga «cuidado» a la hora de regular este acuerdo para garantizar la legalidad de la medida y evitar que derive en «sentencias e indemnizaciones» que tengan que pagar los ciudadanos, algo en lo que ha coincidido la Xunta de Galicia, que ha advertido de que se abren «mayores espacios de inseguridad jurídica».
En Murcia, ven este acuerdo como un «anuncio trilero de la factoría de Sánchez» y creen que el pacto vuelve a jugar con la incertidumbre de los interinos: «Han creado la sensación de que van a ser fijos, cuando la realidad es que no van a tener que hacer un examen, pero las plazas van a salir a concurso y no hay garantías de que se las vayan a quedar esos interinos con cinco años de antigüedad en un puesto».
Esta actitud de oposición del Partido Popular no tiene otra lectura, además de la meramente política, que el hecho de que la formación liderada por Pablo Casado está en contra de cualquier movimiento que favorezca a la fijeza de los interinos. Sin embargo, la beligerancia en España contrasta con la actitud en Europa.
En España, ni Alberto Núñez Feijoo, ni Juan Manuel Moreno Bonilla, ni Alfonso Fernández Mañueco, ni Isabel Díaz Ayuso han modificado sus políticas de contratación pública. Tampoco han realizado ningún movimiento legislativo en el sentido de conceder la fijeza al personal en abuso de temporalidad. No han hecho nada.
Sin embargo, tal y como publicó Diario16, el eurodiputado Antonio López-Istúriz White y la euridiputada Rosa Estaràs Ferragut remitieron una pregunta a la Comisión Europea respecto al abuso de temporalidad en las Administraciones Públicas del Estado español.
En concreto, indicaban que «la Comisión abrió un procedimiento de infracción contra España debido a un abuso de temporalidad en las Administraciones Públicas del Estado Español, proceso CHAP (2013) 01917 relativo a un incumplimiento de la cláusula 5 de la Directiva 1999/70/CE. Sobre el mismo tema los tribunales de España han desacatado las sentencias del TJUE, de 19 marzo de 2020 y de 3 julio de 2021, relativas al incumplimiento de dicha cláusula».
En realidad, esto es más que marketing político, por más que pueda existir preocupación por la situación del colectivo de trabajadores interinos. Lo mismo se podría decir de los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular.
Desconfianza en el PSOE
Las regiones gobernadas por los socialistas ven, en principio, con buenos ojos este pacto para reducir la temporalidad, aunque en el caso concreto de Extremadura y Baleares quieren esperar a conocer las condiciones en las que se plantea, y cuál es el acuerdo con la «letra pequeña».
Así lo han verbalizado los dos presidentes de estas comunidades, Guillermo Fernández Vara y Francina Armengol, respectivamente. En ambos casos, consideran una buena noticia el acuerdo para disminuir la temporalidad pero prefieren no adelantar acontecimientos.
Por su parte, el Gobierno asturiano ha resaltado la importancia de contar con un «marco jurídico estable» a la hora de regular la posibilidad de convertir en fijos a trabajadores públicos interinos, mientras que el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y su homóloga en La Rioja, Concha Andreu, han avalado el acuerdo.
Revilla pide reunión bilateral con Montero
En el caso de Cantabria, su presidente, Miguel Ángel Revilla, cree que el acuerdo supone un «cambio total y absoluto» y un giro respecto a la hoja de ruta acordada y por ello quiere una reunión bilateral con la ministra encargada del ramo, María Jesús Montero.
