Interinas: la Comisión Europea admite una denuncia contra España por vulneración de la igualdad por cuestión de género

La precariedad y la situación de desigualdad laboral del colectivo de interinos e interinas ha llevado a la presentación de una denuncia contra España ante la Comisión Europea y el Instituto Europeo de Igualdad de Género, que ha sido admitida a trámite, respecto a la desigualdad con sesgo de género que se produce en los contratos temporales y precarios de las interinas en la Administración de Justicia.

La denuncia, a la que ha tenido acceso Diario16, ha sido presentada por Acción Sindical Independiente de Justicia, bajo la dirección legal del abogado catalán Josep Jover.

Esta denuncia es importante, puesto que, además de ser presentada ante la Comisión Europea, se ha solicitado, por primera vez en la historia, al Instituto Europeo de Igualdad que investigue, recopile y analice la situación en España de la igualdad de género en el ámbito de los procesos selectivos.

Por otro lado, se ha reclamado que, mientras esta situación de discriminación no desaparezca, se retengan los Fondos Europeos del Programa de Recuperación y Resilencia destinados a España, así como el control de las inversiones europeas que deberían servir para minimizar el impacto de la barrera de género.

La Administración del Estado, las comunidades autónomas y los ministerios, como el de Justicia, han estado usando contratos temporales y de interinaje para cubrir sus necesidades estructurales, vulnerando, según se indica en la denuncia, la normativa europea y colocando a sus plantillas de funcionarios y funcionarias en una situación de vulnerabilidad que sólo ha beneficiado al empleador, es decir, al Estado. Esta situación de precariedad no afecta a todos por igual, sino que se focaliza sobre todo en las mujeres, puesto que el abuso en la contratación temporal dentro de la administración afecta mayoritariamente a las mujeres. Más del 70% del empleo precario en la justicia corresponde a mujeres que, en su mayoría, no viven solas y tienen cargas familiares o son el sustento de familias monoparentales.

Las soluciones al problema de la temporalidad en las administraciones del Estado planteadas por el Ministerio de Función Pública son insuficientes. «Las recientes manifestaciones del secretario de Estado Víctor Francos sugieren que la solución que se plantea para reducir la temporalidad en el empleo público son más procesos selectivos, procesos que, como está denunciando ASIJ, no solo vulneran el principio constitucional de igualdad en el acceso a la función pública, sino que, para no perder las buenas costumbres del Estado, vulneran la normativa europea. En este caso además de la conocida directiva 1999/70 CE, estos procesos selectivos van en contra de la directiva 2006/54 CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de Julio de 2006 relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación, ya que, aunque disponen de unos criterios de selección aparentemente neutros, sitúan a las mujeres contratadas en precario en los cuerpos generales y especiales que integran la administración de justicia en una desventaja respecto a sus compañeros del género masculino», afirma ASIJ en un comunicado.

Informes de Eurostat y del Instituto Nacional de Estadística demuestran la manifiesta desigualdad a la que se enfrentan las mujeres interinas en España a la hora de disponer de tiempo libre para estudiar y preparar esos procesos selectivos.

La cantidad de tiempo disponible para dedicar al estudio es determinante a la hora de preparar un proceso selectivo sobre todo en el diseñado para acceder a Justicia, que es primordialmente memorístico. Estos procesos están configurados para favorecer al que dedica más tiempo al estudio, por lo que, a menos tiempo disponible para memorizar, menos posibilidades de superar el proceso y por tanto de consolidar la plaza que se está ocupando y estabilizar la situación laboral. «Si fuéramos mal pensados podríamos llegar a la conclusión de que al Estado le molestan las mujeres con cargas familiares y lo que pretende es sacárselas de encima poniéndoles trabas a la hora de acceder a la estabilización», afirma ASIJ.

El Ministerio de Función Pública y la Administración en general «olvidan que los/las trabajadoras/es temporales no tienen que superar procesos de acceso a la función pública, porque ya los han superado para poder desarrollar su labor; lo que ahora les toca es estabilizar ese acceso y terminar con la precarización que sufren», concluye ASIJ.