La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que depende del Ministerio del Interior, frena las ansias de libertad del exvicepresidente del PP, Rodrigo Rato, y ha rechazado la propuesta de la junta de tratamiento de la prisión de Soto del Real de concederle la semilibertad.

El ex dirigente del PP cumple una condena de cuatro años y medio de prisión por el caso de las tarjetas black y está a la espera de conocer la sentencia por la salida a bolsa de Bankia. La Fiscalía Anticorrupción elevó la petición de pena hasta los ocho años y medio al considerar que, además del delito de estafa, hubo delito de falsedad contable.

Rodrigo Rato disfruta ahora del segundo grado que  es lo que se conoce como el régimen ordinario de privación de libertad. Según la ley, el segundo grado es para aquellos en los que «concurren unas circunstancias personales y penitenciarias de normal convivencia, pero sin capacidad para vivir, por el momento, en semilibertad». Consiste en llevar una vida normalizada dentro del centro, salir más horas de la celda y al patio y participar en las actividades programadas. En ningún caso se permiten salidas diarias de prisión.

Rodrigo Rato, de 70 años, ingresó en la prisión madrileña a finales de octubre del 2018 y es el único de los 15 condenados que ingresaron en prisión por las tarjetas black que continúa en el régimen ordinario. La propuesta de elevar de segundo a tercer grado a Rato le hubiera permitido salir de prisión a trabajar, y solo tener que regresar a dormir de lunes a jueves.

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