La Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (ACODAP) se ha personado esta misma mañana como acción pública -el equivalente a la acción popular en la jurisdicción contencioso-administrativa- ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) para pedir que se ejecute forzosamente la sentencia firme dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de ese órgano judicial por la que se ordena demoler el chalet que el fiscal decano de Talavera de la Reina, Ángel Demetrio de la Cruz Andrade, construyó en zona prohibida en la localidad de Pepino, a 8 kilómetros de la ciudad toledana.
Con ese fin, ha solicitado de la Sala “que ordene la EJECUCIÓN DEL APERCIBIMIENTO EFECTUADO A DÑA. MARÍA GARCÍA GARCÍA QUE SE ACOMPAÑÓ AL REQUERIMIENTO DE FECHA 31/10/2017 EN EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO SANCIONADOR D-1556/2007 (30681) TRAMITADO POR LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO, en el sentido de que, de acuerdo con los artículos 323 y 338.2 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico,por el referido organismo de cuenca se proceda a la ejecución subsidiaria, a cargo de los interesados, de la obligación de reponer las cosas a su estado anterior, de conformidad con lo establecido en el Arto. 118 del texto refundido de la Ley de Aguas; advirtiendo a los interesados que ha decaído su derecho a legalizar las obras, o a que sean autorizados los trabajos denunciados, a la vista de la sentencia dictada por esta Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, que además ha declarado la firmeza entre otros extremos del mencionado apercibimiento”.
La Asociación se refiere así a la incoación de un expediente de autorización de obras, abierto por la CHT, que preside Antonio Yáñez Cidad, 40 días después de confirmarse la firmeza de la sentencia del TSJCLM y que, de facto, podría haber suspendido la demolición del chalet, que ha quedado supeditada a la resolución que se dicte.
ACODAP, asociación que preside el ex magistrado Fernando Presencia, apunta en su escrito que «si se acredita en ejecución de sentencia que es verdad que la Confederación Hidrográfica del Tajo, sin ningún tipo de justificación, ha concedido la posibilidad de legalizar unas obras de construcción que invaden la zona de servidumbre a pesar de la firmeza de la sentencia de esta Sala, se evidenciaría entonces que el organismo de cuenca no solo estaría llevando a cabo actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos de la referencia sentencia (lo que comportaría la nulidad de los referidos actos y disposiciones de acuerdo con lo dispuesto en el art. 103.4 LJCA), sino también la posible comisión de un presunto delito de desobediencia a la autoridad judicial, en concurso con un posible delito de prevaricación administrativa, si se comprueba que todo ello tenía por finalidad eludir el cumplimiento de la sentencia dictada por esta Sala”.
El escrito ha sido firmado por el abogado Sebastián Gómez Marfil, que se hizo popular hace algo más de dos años al haber conseguido por primera vez en España que un fiscal, Emilio Varelio, fuera expulsado de la carrera como consecuencia de las denuncias de un particular.
