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Inmatriculaciones de la Iglesia: un privilegio feudal que Aznar concedió a la curia

El proyecto del Gobierno abre la puerta para que personas físicas y jurídicas puedan reclamar bienes inmobiliarios en manos de la Iglesia católica

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El Gobierno ha abierto la vía para reclamar la titularidad de casi 35.000 inmuebles inmatriculados por la Iglesia católica entre 1998 y 2015. La vicepresidenta Carmen Calvo ya ha dado luz verde a la lista, que promete convertirse en un nuevo motivo de enfrentamiento entre las dos Españas, como ya ocurrió con las desamortizaciones que comenzaron en el siglo XVIII con Godoy. El problema de las “manos muertas” lastra a este país desde tiempos inmemoriales, de hecho siempre ha sido uno de los grandes factores históricos que han llevado a nuestra decadencia y ruina. Es España una sociedad donde los poderes fácticos –nobleza/élites, ejército y clero– han impedido secularmente cualquier tipo de progreso reformista.

Con los siglos, la desamortización fue una de las armas políticas empleadas por los liberales en su vano intento por modernizar el Estado caduco y corrupto, liberándolo de las ataduras del Antiguo Régimen feudal, pero cada intento se vio frustrado por los poderes reaccionarios en la sombra, siempre en contra del avance político o social. No hablemos ya del largo y oscuro período de la dictadura, en el que Franco obsequió a la jerarquía eclesiástica con amplios privilegios, prebendas y riquezas (nacionalcatolicismo y fascismo fundidos en un mismo tronco común).

Ahora Carmen Calvo, una desamortizadora tan necesaria como lo fue en su día Mendizábal, vuelve a intentar la siempre anhelada y frustrada reforma, saca el proyecto del cajón de la historia y planea devolver la productividad a todos esos inmuebles polvorientos y tierras solariegas que duermen el sueño de los justos desde los tiempos de la España imperial. Pero más allá de que el problema de la concentración de patrimonio en manos de la curia sea un problema español endémico y secular sin resolver, conviene recordar que ha habido un hombre, ya en democracia, que tomó la decisión de devolver al país a aquel feudalismo religioso que, pese a revoluciones y guerras, no conseguimos quitarnos de encima: José María Aznar. Fue él, como presidente del Gobierno, e inspirado por una filosofía escolástica propia del medievo, quien reformó la ley hipotecaria para que la Iglesia continuara manteniendo intactas todas sus propiedades. Esta legislación permitió a la cúpula católica registrar a su nombre edificios, apartamentos o fincas con tan solo echar una firma. Es decir, una vuelta a los tiempos en que los obispos acumulaban más poder y más boato que el propio Estado.

Hoy sabemos que de las 34.961 inmatriculaciones eclesiásticas oficialmente censadas, más de 20.000 pertenecen a templos de la Iglesia católica o dependencias complementarias y casi 15.000 son terrenos, viviendas, solares o locales. Pero el dato demoledor es que 30.335 de esas propiedades fueron inscritas mediante certificación eclesiástica, tal como permitía la ley Aznar, toda una bicoca o chollo para la Conferencia Episcopal. El asunto no es menor porque está en juego la titularidad del patrimonio histórico del país, como sucede en el caso de la Mezquita-Catedral de Córdoba. Un reciente informe elaborado por expertos del Ayuntamiento de la ciudad andaluza ha concluido que la Iglesia nunca ha tenido la propiedad del monumento. No solo por razones jurídicas sino también por el sentimiento de apego de los cordobeses hacia ese emblema de su historia y su cultura, el bien es claramente de dominio público o civil, o sea del Estado, por mucho que la jerarquía eclesiástica se empeñe en incluirlo en el inventario vaticano.

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La mezquita fue inmatriculada por la Iglesia católica en 2006 e inscrita en el Registro de la Propiedad bajo el nombre de Santa Iglesia Catedral, con un gasto de 30 euros (una magnífica ventaja fiscal gracias a la modificación legal realizada en 1998 por el Gobierno de Aznar). La reforma del PP no solo recuperaba la consideración de fedatarios públicos de los obispos (tal como ocurría con la ley hipotecaria franquista de 1944) sino que les otorgaba capacidad de registrar bienes sin aportar títulos de propiedad.

Ahora, tras la actuación del Gobierno anunciada por Carmen Calvo, las personas físicas y jurídicas pueden tener conocimiento del listado de bienes inmatriculados, lo que será un alivio para todo aquel que crea necesario iniciar acciones legales y recuperar la titularidad de los monumentos y propiedades. “Al Gobierno lo que le compete es dar una información transparente, rigurosa y veraz de un mandato que se le hizo al Ejecutivo de Mariano Rajoy y que no cumplió”, ha asegurado la vicepresidenta primera. De esta manera, Pedro Sánchez cumple una promesa que lanzó en el debate de investidura de enero de 2020, cuando se comprometió a realizar las “modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes que hayan sido inmatriculados indebidamente por la Iglesia”.

Un Estado laico y aconfesional no podía seguir permitiendo un privilegio eclesial, por mucho que así haya sido durante siglos pese a los no pocos intentos de desamortización. Aquí ha funcionado durante demasiado tiempo el viejo dicho castellano de “con la Iglesia hemos topado”, y había llegado el momento de poner las cosas en su sitio y acabar con las regalías inmobiliarias del clero. El control de las inmatriculaciones es una buena noticia para el Estado de derecho y ya de paso se podría aprovechar para sancionar a todos esos obispos que se han saltado las listas de espera para ponerse la vacuna contra el coronavirus cuando no les tocaba. Lamentablemente, España es un país que avanza despacio, los cambios se eternizan a lo largo de los tiempos y tardaremos en ver a un ministro de Dios sancionado por traficante de influencias, aprovechado y jeta. Quizá para el próximo siglo.

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