Artur

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acaba de determinar la inhabilitación para Artur Mas hasta el 23 de febrero de 2020, y además, le ha exigido el pago de la multa de 36.000 euros (que ya le fue impuesta en la condena por desobediencia, por la organización de la consulta del 9N).

No ha sido la única condena a inhabilitación, puesto que para la Consejera Joana Ortega se imponen 9 meses y a Irene Rigau 6 meses, que empezaron a contar desde el pasado 23 de enero, momento en que se dictó la sentencia del Tribunal Supremo.

Hoy se ha comunicado, mediante un auto de ejecución de la condena dictaminado por la sala de lo Civil y penal del Tribunal Superior de Cataluña que es el órgano que ha conocido de los hechos acontecidos en la consulta realizada el 9 de Noviembre de 2014.

El Tribunal Supremo rebajó las penas que se habían impuesto previamente por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que fue el primer tribunal que conoció el asunto (la competencia, al haber tenido lugar los hechos en Cataluña, corresponde precisamente al TSJC). En esta primera sentencia, el TSJC había condenado inicialmente al Presidente Mas a dos años de inhabilitación. Fue después el Tribunal Supremo el que rebajó la condena a 13 meses de inhabilitación como máximo responsable de organizar la consulta sobre la independencia del 9 de noviembre del año 2014 (con la negativa realizada previamente por el Tribunal Constitucional).

Aunque ahora se ejecute la sentencia, lo cierto es que tanto el Presidente Mas como las consejeras Rigau y Ortega llevan teniendo de facto la inhabilitación desde que comenzó el juicio, en marzo de 2017. Porque en aquel momento se dictó la primera sentencia por parte del TSJC y, a pesar de que no era firme, y no era ejecutable, la ley electoral impide a los condenados por delitos contra la administración pública (como es el caso del delito de desobediencia) ser candidatos a unas elecciones. En este sentido, han estado inhabilitados para todos los comicios que han tenido lugar hasta ahora, y en base a la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo, continuarán así durante los 13, 9 y 6 meses correspondientes.

En este sentido, Joana Ortega solicitó que se ejecutase la sentencia de manera inmediata para estar a tiempo de concurrir a las elecciones municipales que se celebrarán en el mes de mayo. Por su parte, la defensa del Presidente Mas recurrirá, precisamente teniendo en cuenta el tiempo que ya lleva inhabilitado de facto, entendiendo así que se ha cumplido ya sobradamente la pena impuesta.

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