El embajador de España ante la ONU en Ginebra, Cristóbal González-Aller, anunciaba formalmente la petición para que se inhabilitara a dos de los cinco miembros del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de ese organismo, que condenó en su informe la prisión provisional de Oriol Junqueras, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart por considerarla arbitraria.

El diplomático argumentaba la petición del gobierno español, que afectaba al mexicano José Guevara y al surcoreano Seong-Phil Hong, ambos miembros del grupo de trabajo, por considerar que existía “un conflicto de intereses” entre esos expertos y el abogado defensor de los tres políticos catalanes, el británico Ben Emmerson, que según se aseguraba formó parte de otros órganos similares de derechos humanos de la ONU en los que trabajó con ambos en al menos otros dos encargos.

Fuentes del Ministerio de Exteriores también fundamentaban la protesta en el hecho de que no se habían respetado, según decían, “las obligaciones procesales”, toda vez que antes de filtrarse a la prensa el informe debía haberse entregado al Estado y después de 48 horas a las dos partes.

Sin embargo, un mensaje del abogado Ben Emmerson aparecido en las redes sociales, a primera hora de la mañana del sábado, apunta al Estado español como el verdadero autor de la filtración: «Nadie del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias o su Secretaría filtró la decisión por adelantado. El Gobierno (de España) lo filtró deliberadamente, como lo deja claro la portada del documento. Ha sido un intento deshonesto para calumniar al Grupo de Trabajo por parte del Gobierno de Pedro Sánchez». En otro mensaje, el mismo abogado británico dice lo siguiente: «La respuesta del gobierno español a la sentencia WGAD parece cada vez más desesperada. Ahora se quejan de un supuesto conflicto de intereses y alegan que la decisión se me filtró por adelantado. No hay verdad alguna en ninguna de estas afirmaciones».

Fuentes jurídicas consultadas señalan que la verdadera finalidad de la protesta del gobierno español sería, no tanto neutralizar el mensaje del informe de la ONU acerca de la falta de independencia del tribunal, sino por el contrario recalcar ante la opinión pública los efectos devastadores del “conflicto de intereses”, que también puede estar residenciado en el propio tribunal que está juzgando la causa del ‘procés’.

En este mismo sentido se pronunciaba este viernes pasado el juez en excedencia Elpidio Silva en un programa de la catalana TV3, señalando como si fuera una premonición que lo verdaderamente importante del informe de la ONU no era tanto su contenido, que consideraba bastante “flojo”, sino que con sus críticas era el propio Estado español quien estaba poniendo en tela de juicio la imparcialidad del tribunal del ‘procés’ al poner sobre la mesa el debate sobre el “conflicto de intereses”, argumento que el ex juez relacionaba con la noticia que ese mismo día aparecía publicada en Diario 16, sobre que Manuel Marchena iba a ser denunciado ante el promotor de la acción disciplinaria del CGPJ “por su presunta vinculación mercantil con Nicolás González-Cuéllar Serrano, el abogado que se querelló contra Puigdemont”.

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