El 20 de septiembre de 1984 no fue un día más en Argentina. Ese día, reunidos en la Casa Rosada, la Comisión Nacional para la Desaparición de las Personas encabezada por su Presidente Ernesto Sábato presentaba al Presidente de la República, Raúl Alfonsín, el Informe Final de su labor.
Esta Comisión había sido creada el 15 de diciembre del año anterior, 5 días después de la asunción de Raúl Alfonsín como Presidente tras 7 años de dictadura militar, por el Decreto 187/83, y tenía las siguientes funciones:
- Recibir denuncias y pruebas sobre aquellos hechos y remitirlas inmediatamente a la justicia si ellas están relacionadas con la presunta comisión de delitos.
- Averiguar el destino o paradero de las personas desaparecidas, como así también toda otra circunstancia relacionada con su localización.
- Determinar la ubicación de niños sustraídos a la tutela de sus padres o guardadores a raíz de acciones emprendidas con el motivo alegado de reprimir al terrorismo, y dar intervención en su caso a los organismos y tribunales de protección de menores.
- Denunciar a la justicia cualquier intento de ocultamiento, sustracción o destrucción de elementos probatorios relacionados con los hechos que se pretende esclarecer.
- Emitir un informe final, con una explicación detallada de los hechos investigados, a los ciento ochenta (180) días a partir de su constitución.
La misma estaría conformada por personas de reconocido prestigio en su labor profesional y se complementaría, tal como rezaba el artículo 6 del citado decreto, 3 representantes de cada una de las Cámaras del Honorable Congreso de la Nación. Las personas seleccionadas fueron
- Ernesto Sábato, un reconocido escritor y físico progresista. Fue elegido presidente de la comisión por el resto de sus miembros.
- Ricardo Colombres, abogado y ex rector de la Universidad de Buenos Aires.
- René Favaloro, respetado médico y creador del by pass coronario. Renunció en desacuerdo a que la comisión no estuviese facultada a investigar los crímenes de la Triple A.
- Hilario Fernández Long, maestro e ingeniero. Decano de la Facultad de Ingeniería y llegó a ser rector de la UBA.
- Carlos T. Gattinoni, pastor evangélico de la Iglesia Metodista Argentina, fuertemente involucrado en movimientos de derechos humanos.
- Gregorio Klimovsky, matemático y filósofo, considerado uno de los mayores especialistas en epistemología.
- Marshall T. Meyer, rabino estadounidense, ciudadano argentino y fundador del Seminario Rabínico Latinoamericano, activo militante de los derechos humanos y fundador del Movimiento Judío por los Derechos Humanos.
- Jaime de Nevares, monseñor y activo defensor de los derechos humanos y del estado de derecho.
- Eduardo Rabossi, filósofo y activo militante de los derechos humanos.
- Magdalena Ruiz Guiñazú, periodista radial
A ellos se sumaron tres representantes de la Cámara de Diputados, Santiago Marcelino López, Hugo Diógenes Piucill y Horacio Hugo Huarte, los tres radicales, puesto que el Partido Justicialista había elegido no participar de la CONADEP. En la misma línea, el Senado Nacional con mayoría peronista, no eligió sus representantes.
Tras 280 días de trabajo la CONADEP redactó un Informe Final, que más tarde publicaría la Editorial Universitaria EUDEBA, en el que reseñó una síntesis de su tarea. Leer su Prólogo basta para tomar dimensión de la titánica tarea desarrollada, que sólo pudo ser llevada adelante por la decisión de sus integrantes y el contundente apoyo político del Presidente Alfonsín.
En dicho Prólogo, que años más tarde durante la gestión peronista encabezada por Kirchner pretendió reescribir queriendo reformular la historia, los miembros de la CONADEP afirmaban, contraponiéndose a quienes afirmaban que esta no era más que una estrategia de Alfonsín para garantizar la impunidad de los delincuentes tras un Informe Final y pese a que el propio Presidente había sometido a Juicio sumarísimo a los responsables de la represión, que ‘Nuestra Comisión no fue instituida para juzgar, pues para eso están los jueces constitucionales, sino para indagar la suerte de los desaparecidos en el curso de estos años aciagos de la vida nacional. Pero, después de haber recibido varios miles de declaraciones y testimonios, de haber verificado o determinado la existencia de cientos de lugares clandestinos de detención y de acumular más de cincuenta mil páginas documentales, tenemos la certidumbre de que la dictadura militar produjo la más grande tragedia de nuestra historia, y la más salvaje. Y, si bien debemos esperar de la justicia la palabra definitiva, no podemos callar ante lo que hemos oído, leído y registrado; todo lo cual va mucho más allá de lo que pueda considerarse como delictivo para alcanzar la tenebrosa categoría de los crímenes de lesa humanidad. Con la técnica de la desaparición y sus consecuencias, todos los principios éticos que las grandes religiones y las más elevadas filosofías erigieron a lo largo de milenios de sufrimientos y calamidades fueron pisoteados y bárbaramente desconocidos.’
Gran parte de la tarea desarrollada por la CONADEP y su Informe Final fueron utilizados por el Fiscal Julio César Strassera en su acusación durante el Juicio a las Juntas Militares.
La Comisión logró constatar menos de un año después de la finalización de la dictadura militar más siniestra y sangrienta de la historia argentina, entre otras cosas, 8.960 personas que continuaban entonces en situación de desaparición forzosa, aunque aclaraba que ‘esta cifra no puede considerarse definitiva, toda vez que la CONADEP ha comprobado que son muchos los casos de desapariciones que no fueron denunciados.’ y 340 centros clandestinos de detención por entonces existentes; y dejó expuesto que ‘la destrucción o remoción de la documentación que registró minuciosamente la suerte corrida por las personas desaparecidas, dispuesta antes de la entrega del gobierno a las autoridades constitucionales, dificultó la investigación encomendada a esta Comisión por el decreto constitutivo’.
Toda la tarea desarrollada por la CONADEP y su Informe Final fueron la verdad que muchos quisieron ocultar durante años y que muchos otros no se animaban o no querían ver, pero como dice el propio Informe, ‘Las grandes calamidades son siempre aleccionadoras, y sin duda el más terrible drama que en toda su historia sufrió la Nación durante el periodo que duró la dictadura militar iniciada en marzo de 1976 servirá para hacernos comprender que únicamente la democracia es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror, que sólo ella puede mantener y salvar los sagrados y esenciales derechos de la criatura humana. Únicamente así podremos estar seguros de que NUNCA MÁS en nuestra patria se repetirán hechos que nos han hecho trágicamente famosos en el mundo civilizado.’ La Documentación que Ernesto Sábato entregó a Raúl Alfonsín, en nombre de la CONADEP, 33 años atrás fue el primer paso y piedra fundamental para que el NUNCA MÁS sea para siempre.
