Las negociaciones entre el Gobierno de Madrid y los líderes independentistas catalanes encarcelados por el procés se aceleran. El pacto de presupuestos entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias está cerrado pero necesita del apoyo de los nacionalistas antes de enviar el borrador a Bruselas. PP y Ciudadanos ya han anunciado que votarán “no” a un documento que consideran “una broma” por el elevado gasto social que según ellos supone (entre ambos reúnen 169 votos negativos, superando los 151 de PSOE y Podemos) y ahí es donde entran los nacionalistas vascos y catalanes. Sánchez ya ha empezado a trabajárselos. Aunque nadie filtra ni media palabra sobre el contenido de los contactos que el presidente del Gobierno lleva a cabo con ERC y PDeCAT, Diario16 ha podido saber que las gestiones se han acelerado en las últimas horas. El PNV, por su parte, se muestra a la expectativa de ese diálogo entre Madrid y Barcelona y tomará la decisión de apoyar o no los presupuestos en función del resultado.
El nudo gordiano que separa a las partes de un posible acuerdo es, sin duda, el futuro de los políticos presos encarcelados por el procés y la posible celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Sánchez ha ofrecido una ampliación del autogobierno –algo así como volver al Estatut de Zapatero–, descartando cualquier tipo de consulta soberanista, de modo que por ahí no parece que los contactos puedan llegar a buen puerto. Sin embargo, y aunque el Ejecutivo central no puede tomar decisiones que dependen exclusivamente del poder judicial (por un elemental principio de separación de poderes) en la cuestión de los procesados sí hay todavía un margen importante para la negociación. La hoja de ruta que contempla el Gobierno socialista es la siguiente: celebración de juicio contra el líder de ERC, Oriol Junqueras, y los demás encausados; rebaja de la pena en la petición fiscal (lo que podría producirse al final del juicio, en el momento de las conclusiones definitivas); condena por sedición (no por rebelión, es decir entre 4 y 15 años de pena en lugar de 30); y petición final de indulto para todos los líderes independentistas encarcelados por el procés.
Eso es lo que se está negociando estos días entre el Gobierno de Pedro Sánchez y los líderes independentistas, que ven cómo ‒una vez pasado un año sin que la República catalana se haya consolidado‒, la sombra de una condena dura de la Justicia española empieza a materializarse. De ahí que no les quede otra que hablar del negro futuro penal que les aguarda. Esa es la cruda realidad a la que se enfrentan los líderes secesionistas y la posibilidad del indulto sería la única salida que les quedaría para evitar condenas con largos años de cárcel. A cambio ERC, partidario de una salida negociada al conflicto, daría finalmente su apoyo a los presupuestos generales del Estado, los más sociales de la democracia, cuyas líneas maestras ya han sido pactadas por el presidente del Gobierno y su socio principal, Pablo Iglesias. Votar no a unos presupuestos sociales que llevarían un importante alivio económico a las clases más castigadas por la crisis no sería fácil de explicar a las bases, por mucho que Gabriel Rufián ya haya soltado en alguna que otra entrevista que el “sí” al borrador está condicionado a que los presos salgan en libertad ya, como si ello dependiera del presidente del Gobierno de España y no de un juez. Cuestión distinta es que el fiscal pueda jugar con una rebaja en las peticiones de condena, algo que sí podría suceder en el marco de la distensión y la negociación que se lleva a cabo, pero siempre teniendo en cuenta que la sentencia condenatoria o absolutoria en un Estado de Derecho le compete siempre a un juez.
Si el apoyo de ERC resulta complicado, más aún lo es el del PDeCAT. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, que viene del mundo activista y como tal entiende mejor el lenguaje callejero que el institucional, ya ha anunciado que una sentencia condenatoria dura sería una especie de casus belli que incendiaría las calles. Él mismo estaría dispuesto a prender la mecha de la revuelta, de la desobediencia civil y la rebeldía, como ya hizo días atrás cuando animó a los comandos de los Comités de Defensa de la República (CDR) a continuar con las acciones de boicot y sabotaje. Torra no quiere ni oír hablar de la salida al conflicto por la vía negociada y del indulto, de modo que Sánchez lo tiene crudo con él para lograr el apoyo del PDeCAT.
Entre tanto conviene recordar que Oriol Junqueras es el que sigue soportando estoicamente los rigores de la cárcel, mientras Carles Puigdemont disfruta de la libertad en su mansión de alto standing de Waterloo. Ese hecho provoca malestar entre los partidarios de ERC, hasta el punto de que el bloque soberanista, tan potente y consolidado como parecía hace un año –durante la celebración del referéndum del 1-O–, se ha resquebrajado en los últimos meses, como demuestran las últimas sesiones en el Parlament. Y ahí se planeta otra cuestión: ¿cómo defenderá Puigdemont un “no” del PDeCAT a los presupuestos generales del Estado en el caso de que ERC esté dispuesto a apoyarlos?
Y ahí es donde se está jugando la partida. Sánchez e Iglesias ganan con el pacto de presupuestos. El primero porque, de pasar el trámite parlamentario, conseguirá agotar la legislatura sin convocar elecciones; el segundo porque se apunta el tanto de haber logrado importantes conquistas sociales merced a su insistente presión sobre el Gobierno –como la subida del salario mínimo interprofesional hasta los 900 euros y la revalorización de las pensiones, entre otras‒. Pero la pregunta del millón es: ¿qué ganan los nacionalistas catalanes votando sí a los presupuestos socialistas? Si la sentencia del procés es finalmente condenatoria, si no hay referéndum de autodeterminación y solo queda la promesa difusa de un nuevo Estatuto y un indulto a los presos, ¿qué se puede esperar de ellos? En cualquier caso, la clave está en los presupuestos: si los nacionalistas vascos y catalanes dan el “sí quiero” ello significará que ha habido acuerdo. Y ya sabremos que el futuro de Junqueras y los suyos será algo menos oscuro.
No debe haber indulto.
Lo equitativo y justo sería retirar todos los cargos, porque han sido instruidos por un juez prevaricador, incompetente y vengativo. Lean Cambio16 y veran porque lo digo
Ni ERC es un partido nacionalista (académicamente no lo es más que el PSOE) ni el argumento «indulto por presupuesto» se situa fuera de la pornografía.
Pienso que las cosas desde Cataluña no se ven de la misma manera. El articulista pretende rescatar la figura de Junqueras y al mismo tiempo ahoga a los malos de Puigdemont y Torra. El que no sabe cualquier camino lo conduce al mismo planteamiento.