Una actuación judicial puede estar perfectamente ajustada a Derecho pero uno tiene también el derecho de escandalizarse. O de analizarla desde el punto de vista político y examinar sus consecuencias. Es el caso de cómo se llevo a los tribunales la consulta que organizó la Generalitat y la sentencia a Artur Mas y a dos de sus colaboradores que se conoció el lunes.
Los fiscales del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no eran partidarios de llevar ante los jueces a Mas y compañía, pero la presión del Estado hizo que se tirase por el otro camino. Y el número de independentistas siguió creciendo, como lo hace cada vez que alguien de Madrid – Madrid como concepto político- abre la boca.
Ahora el ex president de la Ganeralitat ha sido condenado a 2 años de inhabilitación para cargo publico y, según la Ley reformada en 2010, aunque recurra en una instancia superior, seguirá inhabilitado.Ya tiene otro mártir el victimísmo catalán y los independentistas siguen y siguen creciendo.
Lo primero que había que decir es que este caso nunca debió llegar a los tribunales, como muy bien ha señalado el líder de los nacionalistas vascos y como consideraban los fiscales catalanes. Pero la ceguera política a nivel de Estado de los dirigentes del PP, una vez más, ha llevado las cosas a un extremo que malamente ayuda a la futura convivencia de los españoles.
Sin embargo, la derecha catalana ha sacado partido a esta situación. Con ironía y acierto lo explicaba el director de La Vanguardia. Me dejo la ironía a un lado y voy directamente al asunto: el PDCat tenía problemas para colocar como candidato a la Generalitat a Artur Mas, con la sombra de la corrupción más allá del manido 3 por ciento e hijo político de Jordi Pujol. Bueno, pues ahora, los jueces le han resuelto el problema.
Los que deben estar contentos, aunque digan lo contrario, son los de ERC que al tiempo de ver como suben en las encuestas, observan la descomposición de sus ya no tan nuevos compañeros de viaje en eso del independentismo que les deja muy despejado el camino hacia el Gobierno de Cataluña.
Queda tiempo y, sobre todo, queda tiempo para hablar. Tiempo para negociar en público. Tiempo para hacerlo en privado. Lo que sigue faltando es voluntad política y coraje para afrontar un problema que arrastramos en este país desde hace décadas.
