Alfredo Prada, el hoy imputado por la Audiencia Nacional por presuntas irregularidades en el Campus de la Justicia, fue el padrino político de Pablo Casado en su aterrizaje en la Comunidad de Madrid. De hecho, muy agradecido por el apoyo, el líder del PP le nombró responsable de la oficina creada en el partido para combatir la corrupción. Ahora el cargo quedará vacante.

Así, el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha citado a declarar como  investigados en la causa por las presuntas irregularidades en el Campus de la Justicia de Madrid (CJM) al exconsejero madrileño Alfredo Prada y a tres cargos técnicos de la sociedad.

En un auto, De La Mata atiende así a la solicitud de la Fiscalía y cita a los cuatro para el próximo día 27 de marzo, entre las 10 y las 11.30 horas. Además de Prada, quien fue presidente y consejero delegado de CJM, están citados el que fuera director general Técnico de la sociedad Isabelino Baños, el subdirector Técnico Mariano José Sanz Piñar y el director de Área Financiera Alicio de las Heras.

Los cuatro, a la vista de la valoración de los contratos y gastos que contiene el informe de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid sobre CJM, explica el juez, deben ser interrogados como responsables del desarrollo económico y contractual de la sociedad en el periodo en que prestaron sus servicios en la sociedad.

 

Auto

El auto señala que la sociedad Campus de la Justicia de Madrid no seguía ningún criterio de racionalidad económico –organizativo y presentaba un claro desequilibrio que se manifestaba en la existencia de un potente ámbito de personal directivo y una infraestructura de personal administrativo sumamente débil. Además, todos los puestos de trabajo de la sociedad se cubrieron por personas de confianza de los gestores políticos del proyecto y, en algunos casos, vinculados a intereses privados.

El Campus de la Justicia de Madrid no seguía ningún criterio de racionalidad económica

De La mata señala que el informe de Fiscalización de la Cámara de Cuentas de marzo de 2018 concluye que CJM no estableció en materia de contratación un sistema de control interno sólido que garantizase razonablemente el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables a estos procedimientos y, fundamentalmente, el de los principios que deben presidir la contratación del sector público.

El Informe pone de manifiesto, entre otros elementos, continúa, la ausencia de documentación justificativa del proyecto, la falta de criterios de racionalidad económico-organizativa de la sociedad Campus de la Justicia, la falta de rendición de las cuentas, que fueron presentadas incompletas o fuera de plazo de varios ejercicios, las deficiencias en la información remitida respecto de las inversiones financieras, de tesorería o del inmovilizado.

Por su parte, en el ámbito relativo a contratación y pagos, el informe de la Cámaras de Cuentas, afirma el magistrado, describe irregularidades consistentes en defectos relevantes de tramitación, en contratación ajena al objeto social de la entidad, o en ausencia de documentación que justifique, bien la existencia de expediente para la contratación, bien la causa de los pagos efectuados.

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