Adrián Martín exgerente del Canal, deposita la fianza de 100.000 euros para salir de la cárcel, según su defensa, y está previsto que salga de prisión esta misma tarde.
El Juez Velasco titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, apunta a una serie de irregularidades en el auto por el que decretó anoche el ingreso en prisión provisional eludible bajo el pago de una fianza de 4 millones de euros, para la exdirectora financiera del Canal de Isabel II, María Fernanda Richmond y de 100.000 euros, para el exgerente Adrián Martín.
Según el auto del juez Velasco: la compra por la empresa Inassa, la filial suramericana del Canal de Isabel II, del 75% de la empresa brasileña Emissao Engenharia e Construçoes por 25 millones de dólares (23,3 millones de euros) supuso una malversación del dinero público. Según el auto, se desvió dinero «a través de cuentas no autorizadas en paraísos fiscales», con la “consiguiente desaparición del patrimonio de la empresa pública madrileña, enriqueciendo injustamente a determinadas personas directamente participantes en estas gestiones o intermediarias por afines a ellos”.
La compra realizada en 2013 supuso que se «hipervalorada ficticiamente«.
La operación, según destaca el magistrado en su auto, ascendió a 31 millones de dólares que, según consta en las cuentas anuales de Canal Extensia, ascendía a 10,27 millones de euros «descendiendo hasta (-) 5 millones de euros en tan sólo dos años«.
El Juez Velasco les imputa a la exdirectora financiera del Canal de Isabel II, María Fernanda Richmond y al exgerente, Adrián Martín, de los delitos de pertenencia en organización criminal, blanqueo, falsificación de documentos públicos, prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos.
El fiscal jefe Anticorrupción Manuel Moix “Impone” retirar la acusación de organización criminal, para Ignacio González. Esta actuación ha sido criticada por toda la clase política madrileña, al considerarla una injerencia y un trato de favor hacia el expresidente madrileño y hacia los demás detenidos en la Operación Lezo. Ayer supimos que la fiscalía intentó sin éxito, evitar uno de los registros en una de las propiedades del expresidente.
El Juez Velasco enumera las principales irregularidades detectadas en la investigación: Las operaciones de compra de empresas carecían de autorización del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, tanto por «razones jurídicas como económicas» que justificaran la adquisición, que se realizó «a través de un entramado societario opaco«.
Continua el auto que los directivos detenidos en la Operación Lezo modificaron “el porcentaje de adquisición, del 40 al 75%, sin la autorización correspondiente” y «se renunció a un aval de 3 millones de euros para contingencias sin justificación alguna y sin autorización«. La firma de estos contratos no contó con valoración independiente ni con autorización de la Consejería de Hacienda, y además la compra no estaba incluida en el Plan Estratégico del Canal Extensia.
El auto indica que el informe de KPMG «debió llevar a la paralización inmediata de la adquisición«, y además se pagó «a través de cuentas corrientes bancarias no autorizadas y en paraísos fiscales«.
El juez Velasco afirma en el auto, que las operaciones se realizaron «en connivencia con el responsable de Inassa y actual consejero delegado de la empresa editora del diario La Razón, Edmundo Rodríguez Sobrino y otros intervinientes. Habría colaborado en la premeditada sobrevaloración del precio de compra de participaciones de Emissao«.
Richmond no se opuso a la aprobaron de las propuestas de inversión efectuadas por Edmundo Rodríguez Sobrino, «a pesar de las evidentes deficiencias legales y financieras» y “no puso objeción ni reparo alguno a las mismas y dio su aprobación para la inversión» a pesar de la existencia de un informe de KPMG que cuestionaba la operación.
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