Hungría y Polonia, los dos santuarios del antifeminismo europeo

En Hungría, uno de los “estados gamberros” que se niegan a acatar las leyes que garantizan los derechos humanos, se deja sentir cada vez con mayor fuerza la influencia de las ideologías antifeministas. En el año 2018, el Parlamento Europeo aprobó un documento, conocido como Informe Sargentini, en el que puso de manifiesto su preocupación por el devenir político en ese país. “Constituye un riesgo claro de violación grave de los valores contemplados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea”, alertó. La pátina ultra que el populista Viktor Orbán ha dado al Gobierno de su país se ha dejado sentir en todos los ámbitos de la sociedad húngara, desde su sistema constitucional y judicial hasta la restricción de derechos a las minorías. Por supuesto, también en las políticas de familia. De hecho, Hungría se ha convertido en el país de la Europa Central y Oriental referente del modelo “contraliberal” y antidemocrático. Desde Budapest, la batalla antifeminista se ha propagado a otros países como Polonia y Eslovaquia. Fidesz (Unión Cívica Húngara) y Jobbik (Movimiento por una Hungría Mejor) han aglutinado las inquietudes de los húngaros más reaccionarios marcados por un fuerte sentimiento nacionalista, conservador y excluyente.

Sin embargo, este modelo heteropatriarcal a la húngara no es una simple vuelta de las “mujeres a la cocina”. “Se trata de algo mucho más complejo en la dirección de una reestructuración global de la sociedad y de las instituciones políticas que regulan su funcionamiento”, denuncia el citado informe. Naturalmente, los derechos de las mujeres se ven profundamente afectados y hay un llamamiento explícito a reivindicar el rol de la mujer como madre y cuidadora. Es más, solo en cumplimiento de este añejo papel la mujer puede considerarse legítima poseedora de derechos. A partir de 2010, la coalición entre Fidesz y el Partido Popular Demócrata Cristiano (KDNP) consiguió un resultado abrumadoramente favorable con casi el 53% de los votos. Esa mayoría absoluta en el Congreso les permitió poner en marcha un nuevo texto constitucional, la llamada Ley Fundamental, que entró en vigor en 2012, con importantes consecuencias en términos de derechos de igualdad. Desde entonces, la coalición ha revalidado su mayoría absoluta en 2014 y 2018.

En 2020, Orbán realizó un discurso contra la “locura de género” que provocó una airada protesta durante una votación parlamentaria. Varios diputados de la mayoría gubernamental profirieron comentarios misóginos y miles de mujeres se sintieron humilladas. En otro peligroso paso hacia la misoginia institucional, el partido Jobbik apoyó la nueva Ley Fundamental que define el matrimonio como la “relación entre un hombre y una mujer” y llamó a tener descendencia como “una suerte de acción patriótica”. Jobbik se ha distinguido especialmente por la criminalización del pueblo gitano. Militantes de este partido y sus agresivos comandos de La Guardia Húngara han perseguido y agredido a gais, lesbianas y personas trans durante el Día del Orgullo. Además, esta formación ha reclamado públicamente que se lleve a las personas del colectivo LGTBI a la cámara de gas. En 2012, el diputado Adam Mirkoczki presentó una propuesta para penalizar con hasta 8 años de prisión los comportamientos “desviados” de homosexuales, bisexuales y transexuales, equiparándolos con conductas pedófilas. Finalmente, la propuesta de ley no consiguió el apoyo necesario.

A día de hoy, entre la derecha conservadora convencional y la extrema derecha húngara no existen grandes diferencias a la hora de mostrar rechazo a las políticas de igualdad de género. Ambas corrientes siguen el modelo familiar heteronormativo tradicional y ambas centran sus discursos en la defensa cerrada de la “familia”, lo que convierte el programa conservador en todavía más fundamentalista. Tanto para el Fidesz como para el KDNP, la nación no se compone solo de individuos, sino esencialmente de familias. Otra particularidad del modelo húngaro es que la movilización contra la “ideología de género” fue más tardía que en otros países del entorno europeo. Las primeras noticias datan de 2008 y se remontan a un debate sobre un texto escolar que abordaba la Historia desde la perspectiva de género para estudiantes de secundaria. Un diputado del Fidesz asoció el manual académico con la “cultura de la muerte” y con la intención de que la sociedad perdiera “su identidad sexual” y su “identidad nacional”. En 2010, y después de la victoria del Fidesz en las elecciones, las frases más “controvertidas” del texto fueron suprimidas.

“Hay que decir, en primer lugar, que la institucionalización de las políticas de igualdad en Hungría era relativamente débil, incluso en comparación con los países de la zona de la Europa Central y Oriental, cuando se produjo la primera victoria contundente de Fidesz”, señala el informe. “Esta circunstancia nos ayuda a entender por qué el potencial de movilización del movimiento antifeminista era más bien escaso”. De esta manera, la proporción de mujeres en el Parlamento húngaro, incluso en los tiempos del Gobierno liberal-socialista, nunca superó el 10 por ciento. Hungría jamás contó con una ley integral de igualdad de género ni con una ley contra la violencia machista y la proporción de mujeres en política era la más baja de toda la Unión Europea. En ese contexto, ha sido el propio gobierno del Fidesz el que ha protagonizado una movilización ciudadana contra la llamada “ideología de género”. Alegan que la familia tradicional, la identidad sexual de los niños y las niñas y, por encima de todo, la pureza de Europa, están seriamente amenazadas.

Pese a lo que podría parecer, la Iglesia católica posee una escasa influencia en la vida de los húngaros. Hungría es un país diverso en lo religioso. No obstante, la curia ha puesto su granito de arena en la batalla antifeminista. Una de las primeras acciones de la jerarquía eclesiástica fue la lectura en las iglesias húngaras, en diciembre de 2013, de una carta escrita por el episcopado eslovaco en la que alertaba contra la igualdad de género y su condición de “caballo de Troya”. El objetivo, según los obispos, sería “suprimir las diferencias entre los sexos”.

No obstante, el brusco cambio de tono contra la llamada “ideología de género” se produce en 2017. En ese año dos hechos actúan como catalizadores del antifeminismo radical. En primer lugar, la Universidad ELTE de Budapest propone, por primera vez en Hungría, un máster en estudios de género. La petición de acreditación había seguido su curso administrativo normal incluida la firma del ministro competente del ramo. Pese a todo, al final del período de inscripción se desata una intensa campaña contra el máster protagonizada por medios de comunicación conservadores y organizaciones relacionadas con el Gobierno de Orbán. A pesar de las movilizaciones nacionales e internacionales, el régimen de Budapest anunció la anulación del curso, que desapareció de los planes universitarios. El episodio coincidió con una agresiva campaña contra el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia machista. A fecha de hoy, el Ejecutivo húngaro todavía no ha ratificado ese acuerdo y el propio Orbán ha jurado que no lo harán mientras ellos estén en el poder.

Polonia y el poderoso influjo de la Iglesia católica

El discurso antifeminista en Polonia se articula en torno al PiS (partido Ley y Justicia), que gobierna desde el año 2015. Una frase del primer ministro y líder de esta formación, Jaroslaw Kaczyński, resume lo que opinan sus seguidores sobre el aborto: “Todos los bebés deben nacer para que al menos se les bautice, se les dé un nombre y se les entierre”. Para incentivar los nacimientos, el Gobierno polaco llegó a aprobar la ley trumienkowe (“pequeño ataúd”), que concede un bono de 900 euros a aquellas mujeres que den a luz a un feto vivo aunque nazca con graves malformaciones congénitas. Medidas de este tipo están recibiendo el respaldo del Tribunal Constitucional del país, que obliga a las polacas a tener a sus hijos aquejados de taras irreversibles. Una reciente sentencia de este órgano judicial ha anulado el supuesto legal que permitía interrumpir el embarazo en ciertos casos y que se sustentaba en una ley antitortura. Obviamente, la situación política que se vive en Polonia pone en riesgo inminente la vida de cientos de mujeres, que se ven obligadas a abortar de manera clandestina o a viajar al extranjero. Así no extraña que algunas asociaciones y fundaciones humanitarias hayan empezado a tejer redes secretas de apoyo que ofrecen documentación y todo lo necesario para trasladar a las afectadas a Praga y que puedan abortar con libertad. No obstante, los grupos provida no cesan en sus amenazas contra toda aquella mujer que se atreva a ir contra la moral imperante y a decidir sobre su capacidad reproductiva.

Algunos analistas políticos incluyen al PiS en la extrema derecha convencional, ya que aparentemente respeta las reglas del juego democrático y está dispuesto a aceptar la alternancia en el poder. Sin embargo, su defensa del modelo contraliberal de la democracia lo emparentan con el Fidesz húngaro. Sea como fuere, lo cierto es que el PiS ha llevado a cabo una intensa actividad antigénero y antifeminista dirigida desde las propias instituciones del Estado con “importantes consecuencias para la lucha por la igualdad”. Naturalmente, en Polonia también resulta difícil separar la derecha mayoritaria de la extrema derecha populista. La identidad nacional, la idea de Polonia como pueblo europeo elegido y su catolicismo ultraconservador se suman a los discursos contra la ideología de género. Las derechas polacas comparan deliberadamente la igualdad sexual y la educación con “desviaciones y patologías sociales” y utilizan un lenguaje aterrador e hiperbólico para movilizar a su militancia.

Por tanto, ya no hablamos solo de un feminismo amenazado, sino de derechos humanos aplastados y de un Gobierno fascista que odia a las mujeres.

Desde el comienzo de su actividad política, el PiS se ha definido como clerical, socialmente conservador y nacionalista. Además, goza de un significativo apoyo entre los sectores rurales y de bajo nivel educativo. Ha colaborado en diferentes procesos electorales con partidos de la extrema derecha radical (Liga de las Familias Polacas, Autodefensa, Polonia Unida, Ala Derecha de la República). En 2014 organizó en la Sjem (la Cámara Baja del Parlamento polaco) el comité “Stop a la ideología de género”. Pero la gran batalla contra el feminismo se libra, una vez más, a cuenta del aborto. La sentencia del Tribunal Constitucional polaco (de mayoría conservadora) que declaró ilegal la posibilidad de que las mujeres puedan interrumpir el embarazo siempre que se demuestre una “alta probabilidad de deterioro grave e irreversible del feto o una enfermedad incurable potencialmente mortal” provocó grandes movilizaciones ciudadanas. Pero la ofensiva reaccionaria prosigue imparable.

Nada de todo eso hubiese sido posible sin el papel decisivo de la Iglesia polaca. Ni el Estado socialista después de 1945 ni las autoridades democráticas elegidas tras los cambios sistémicos de 1989 han logrado erosionar ese poder que se extiende omnímodamente por toda la sociedad polaca. Incluso en tiempos de gobiernos de izquierdas Polonia siempre ha tratado de conjugar nacionalismo y catolicismo. La jerarquía católica ha logrado que cale la idea de que la “ideología de género” es responsable de la “crisis de la familia” que sufre la cristiandad. También insta a proteger “la vida desde el momento mismo de la concepción” y a “fortalecer el papel especial de las madres”. La maternidad, según los obispos de Varsovia, no debe ser tratada como una carga sino como “un honor y un privilegio”. Por descontado, tal enfoque ideológico deja fuera a las parejas no reconocidas y a quienes se salgan de los márgenes de la heterosexualidad oficial.

En esa línea, en las elecciones presidenciales de 2020, el PiS dio un paso más allá y se mostró dispuesto a enmendar la Constitución polaca para introducir la prohibición de que uniones del mismo sexo puedan adoptar. Cabe recordar que, desde mediados de los 90, los gobiernos y los medios de comunicación han impuesto una visión conservadora del género como clave de bóveda de la singularidad polaca frente a las fuerzas extranjeras y a las élites corruptas. Aunque la expresión “ideología de género” comienza a usarse en Polonia a partir del año 2008, no es hasta 2012 cuando puede observarse una amplia difusión del concepto y su aparición en la vida pública. Ese año comienza una amplia campaña de propaganda antifeminista en varios frentes: en primer lugar, la oposición al Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia machista (el conocido como Convenio de Estambul); en segundo término, un intento de ocultar los escándalos de pedofilia relacionados con la Iglesia católica; y finalmente una hostilidad ante las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud relativas a la educación sexual en los colegios.

La campaña involucró a una importante cantidad de organizaciones sociales y políticas a nivel local y nacional, a la Iglesia católica, a partidos políticos y entidades locales, a asociaciones y personalidades destacadas, medios de comunicación, etc. En octubre de 2013, el arzobispo Jozef Michailik culpó a las familias desestructuradas de la violencia sexual practicada por algunos curas contra niñas y niños y descargó la responsabilidad en el feminismo y en la crisis de los valores religiosos tradicionales. Aunque con posterioridad pidió disculpas por sus declaraciones, su intervención dio la talla del momento en que se encontraba la Iglesia católica polaca. Ese mismo año, se celebró en Varsovia la Conferencia de la Organización Mundial de la Salud Estándares para la educación en sexualidad en Europa. Movilizadas por varios partidos políticos, Iglesia católica y organizaciones sociales, cientos de padres y madres protestaron en todo el país contra la educación sexual en las escuelas y la supuesta “sexualización de la infancia”. Se lanzaron bulos como que la igualdad supone “favorecer el deseo de que los niños se masturben” o invita “a todo tipo de actos no naturales”. Lemas con un fuerte impacto emocional en los padres. El modelo contraliberal antifeminista se apropia del lenguaje sobre derechos humanos; construye una sociedad civil paralela al margen de la legalidad democrática; y se pone al servicio de los intereses de las élites dominantes.

Entre 2007 y 2014, en Polonia se han llevado a cabo serias reformas en la línea de las políticas antifeministas. Estos cambios se han consumado durante las dos legislaturas consecutivas dirigidas por la Plataforma Cívica, partido de centroderecha y proeuropeísta adscrito al Partido Popular Europeo. Cabe recordar que los años posteriores a la crisis de 2008 fueron desastrosos para las economías europeas, pero no para la economía polaca. Hasta 2020 Polonia ha tenido tasas de crecimiento positivo por encima del 3% en diez años de ese ciclo y por encima del 1% en otros tres. Sin embargo, ese crecimiento económico estuvo muy asimétricamente repartido, de manera que solo el 8% de la población se vio realmente favorecida por la mejora de la situación general. El incremento de la desigualdad durante este período ha alimentado los sentimientos antiélite y antiestablishment, lo cual nos ayuda a comprender “por qué el discurso antifeminista es más exitoso en la medida en que ofrece respuestas (y políticas públicas) con un claro contenido ideológico conservador pero que atenúan los efectos de la precariedad y el empobrecimiento”, según el informe. Una vez más, el triángulo populismo-rabia contra el sistema-antifeminismo ha funcionado con éxito.

En 2017 se aprobó una ley que limita el acceso a las píldoras anticonceptivas. A ello se une la implantación del derecho a la objeción de conciencia para el personal médico que se niegue a practicar abortos. Por si fuera poco, el Código Penal castiga con penas de hasta tres años de cárcel a quienes faciliten información sobre la interrupción del embarazo. En su programa electoral de 2019, el PiS propuso un importante paquete de medidas de apoyo a las familias dentro del patrón heteronormativo. Por último, se han promovido desincentivos para el retorno de la mujer al mercado laboral y se ha fijado la edad de jubilación anticipada de la población femenina en los 60 años (65 en el caso de los hombres). “La mujer queda subordinada a su condición de cuidadora y madre en el contexto de un modelo familiar tradicional”. Además, el Gobierno polaco puso en marcha un Plan Nacional para construir una nueva sociedad civil y “liberar de la influencia extranjera a los polacos”. Todas las entidades, organizaciones y asociaciones que se ocupaban de los derechos de la mujer han visto recortada su financiación. En particular, el Center for Women’s Rights ha sido acusado regularmente de promover la denominada “ideología de género”. Paralelamente, se ha incrementado la persecución policial contra el movimiento feminista con la excusa de que recibe dinero de oscuras organizaciones internacionales y se han abierto auditorías arbitrarias a las asociaciones cívicas con el fin de encontrar algo que justifique su cierre definitivo o temporal. Muchas de estas oenegés han sido sustituidas por organizaciones de corte religioso o clerical. Así, las llamadas “organizaciones no gubernamentales organizadas por el gobierno” (GONGO), se ocupan ahora de las vidas de las familias católicas, de la libertad religiosa, de los derechos de la infancia, de la tradición, del matrimonio heterosexual, de la lucha contra el aborto, de la antimigración, de la agenda nacionalista y otras cuestiones.

En una reciente sentencia, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha dado un severo tirón de orejas tanto a Polonia como a Hungría (los dos paradigmas de “estados gamberros” de Europa) por no respetar el Estado de derecho. De esta forma, el tribunal desestima la demanda interpuesta por los dos países exponentes de la democracia “contraliberal” o “antiliberal” y les advierte de que se arriesgan a perder miles de millones de euros en fondos covid. El órdago a los derechos humanos puede salirle muy caro a húngaros y polacos.