Los centros penitenciarios son lugares en los que el tiempo se detiene, donde la vida es de otra manera. Donde conoces historias y personas que jamás habrías imaginado. Suelen estar ahí, en medio de la nada, y aunque todos saben de su existencia, pocos conocen la realidad de una prisión.
Y no me refiero al hecho de que sea un lugar donde han de estar los «malos», y por ende, un sector minoritario de la sociedad. Me refiero al silencio que impera sobre todo lo que tiene que ver con lo que allí sucede, con lo que le afecta a quienes se encuentran presos, y también, claro está, a sus trabajadores. Nadie habla de centros penitenciarios, de sus necesidades. Como si no existieran, allí queda un mundo paralelo, que será conocido por quien no tenga más remedio -salvo casos muy contados-.
El sistema penitenciario español ha sido siempre, al menos desde el siglo XIX, un referente en cuanto a «humanitarismo» se refiere. Los expertos lo saben, y en este sentido hacía unas interesantes declaraciones la que fuera Secretaria General de Instituciones Penitenciarias entre 2004 y 2012, Mercedes Gallizo: «En el sistema penitenciario, el humanitarismo es más eficaz que la crueldad».
Rafael Salillas (1854-1923) es un referente en lo que a cuestiones penitenciarias se refiere. Sostenía que la delincuencia mayoritaria es consecuencia de la pobreza. Y no por casualidad, la Constitución establece que los fines principales de la privación de libertad y de las medidas accesorias son la reeducación y la reinserción social de los reos (artículo 25.2). Esos son los fines de la pena privativa de libertad en nuestro país. No es la venganza, no es el castigo, sino la consideración de que si se ha realizado lo que se ha probado, y por lo que ha de haber sentencia, finalmente se entiende que «el sistema ha fallado», que esa persona no ha sido capaz de «adaptarse» a las pautas básicas de convivencia. Evidentemente no todos los delitos responden a las mismas causas; y las sociedades avanzan tan rápido que suponen también una evolución en los distintos perfiles de delincuencia.
España ha sido durante mucho tiempo un referente a nivel mundial en este ámbito. Al menos en el planteamiento del Reglamento Penitenciario y en el sistema de desarrollo de los centros, en la formación y funciones del funcionariado y en la ciencia penitenciaria. Lo cierto es que si uno ha visto cómo son los centros penitenciarios de otros lugares del mundo, evidentemente, España está avanzada. Y en parte también se debe al hecho de que la Ley General Penitenciaria fue redactada por algunas personas que conocieron la prisión durante el franquismo, como presos políticos, y entendían bien -y desde dentro- lo que era necesario modificar.
Pero ya sabemos que una cosa es «el espiritu» de las cosas y otra, la realidad. Que no siempre van de la mano.
Inspección internacional
Hace tan sólo un año, en noviembre de 2017, el Comité de Prevención de la Tortura denunciaba la práctica de atar a los presos en las cárceles españolas. Se denunciaba así, por parte del organismo europeo, que se está atacando la dignidad de los presos al tenerlos inmovilizados durante horas o días, incluso sin permitirles ir al baño. En alguna ocasión, estando así inmovilizados, se les golpea.
El informe es digno de ser leído. Escalofriante. Puede verlo aquí . Se denuncian prácticas por parte de la policía en el momento de las detenciones: agresiones, insultos, y prácticas como «apretar excesivamente las esposas», dejando lesiones. Literalmente señala que «El CPT reitera su recomendación de que las autoridades españolas permanezcan atentas en su esfuerzo por combatir los malos tratos por parte de los agentes de las fuerzas del orden. En este sentido, se debería enviar un claro mensaje a todos los agentes sobre el hecho de que toda forma de maltrato, incluido el comportamiento irrespetuoso hacia los detenidos, es algo inaceptable y será sancionada debidamente. En particular, se les debería recordar que no debe utilizarse más fuerza de la estrictamente necesaria al realizar una detención y, una vez que se ha reducido a las personas, no existe justificación alguna para golpearlas. Del mismo modo, en los casos en los que se considera necesario esposar a una persona en el momento de su arresto o cuando ya se encuentra en custodia policial, las esposas no deben ajustarse excesivamente7 bajo ninguna circunstancia y deben utilizarse sólo el tiempo estrictamente necesario.»
Señala además el informe que en las oficinas de los inspectores utilizadas para el interrogatorio de sospechosos en la comisaría de Policía Nacional de la calle Leganitos (Madrid), la delegación del CPT encontró, en su visita, palos, bates de béisbol, un látigo y una soga. Trato de imaginar la cara que se le quedó a los delegados internacionales cuando se encontraron con semejantes herramientas de trabajo.
Llama la atención también el hecho de que en los informes de detención no constaba a qué hora se había designado al abogad y a qué hora se había permitido hacer las llamadas por parte del detenido para avisar a algún familiar. Esto, que parece no tener importancia, la tiene, porque una vez que se ha detenido a alguien, la ley establece que no pueden pasar más de 72 horas sin comparecer ante un juez. La cuestión está en cuándo empiezan a contar estas 72 horas. Y llama la atención también para la delegación internacional que vino a realizar la inspección que las celdas que se utilizan para las detenciones no tienen ventilación adecuada ni luz natural. A pesar de haber sido requerido en varias ocasiones. Tampoco tienen timbre, por lo que la única manera que tienen los detenidos de avisar o pedir atención es gritando o dando golpes. Y las medidas de limpieza son también muy mejorables, según el informe.
Algunas de las descripciones que hace el informe son desoladoras: la comsaría de Blas Infante en Sevilla contaba con 36 celdas que medían unos seis metros cuadrados (…). Las condiciones de la celda utilizada para la detención de menores (12m) eran pésimas: carecía de luz natural, no tenía luz artifical y desprendía un olor nauseabundo ya que el suelo, las paredes y el techo estaban cubiertos con restos de vómito, orina y heces.
El informe merece ser leído detenidamente.
Y en él se recomienda, por ejemplo, que el régimen de detención incomunicada debería suprimirse de la legislación española. Y que se prohiba este régimen a menores de edad en todo caso. Y que todas las personas que sean detenidas puedan reunirse con un abogado desde el primer momento de su detención y todas las veces que sea oportuno.
Se describen, además, los malos tratos en los centros penitenciarios. Palizas, agresiones físicas y verbales, llegando incluso a tener a un recluso atado a una cama durante horas, sin que pudiera acudir al servicio. Se detalla la actitud de algunos médicos que se han negado a dar parte de las lesiones de los presos, haciendo manifestaciones respecto a si merecían o no tales daños por sus comportamientos (cosa que a un facultativo no le corresponde hacer en ningún caso).
El informe en este sentido dice literalmente «El CPT manifiesta su profunda preocupación por la gravedad de los hechos de los que ha tenido conocimiento, que indican que existe un patrón de malos tratos infligidos por funcionarios de prisiones como una reacción desproporcionada y punitiva al comportamiento recalcitrante de los reclusos. Esto puede representar un problema con arreglo al artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.»
Profunda preocupación. Eso es lo que genera leer el informe. Porque resulta que aquello que nos habían contado en la Facultad, eso del humanitarismo penitenciario español con el que comenzaba este artículo, resulta ser una patraña. Y cuando una lee el informe que aquí se comenta, es entonces cuando entiende perfectamente los motivos de la huelga que han hecho los presos de las cárceles españolas (no todos, claro está, porque entre ellos me temo que lo tienen bastante difícil para organizarse y tener voz).
Huelga en las cárceles españolas
Del 1 al 10 de octubre se ha desarrollado una huelga de hambre en las prisiones españolas reivindicando 12 puntos. Seguro que si ha leído el informe anterior, entenderá bien de qué se trata:
1.- El fin de las torturas, agresiones y tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como de la impunidad de los funcionarios de prisiones que las ejercen.
2.- Erradicación de los FIES, poniendo fin al «régimen especial» de castigo, así como el cierre definitivo de los departamentos de aislamiento.
3.- Fin de la dispersión como norma habitual. (Recordemos que el acercamiento de los presos a los lugares donde más cerca se encuentren sus familias es un derecho fundamental).
4.- Que los servicios médicos no estén adscritos a Instituciones Penitenciarias, siendo fundamental la garantía de su independencia. (Como señala el informe anterior, la atención médica y su capacidad de actuación es fundamental para evitar y alertar de posibles malos tratos y torturas. Su connivencia con éstas, las perpetúa).
5.- Aplicación inmediata de los artículos 104.4 y 196 del Reglamento penitenciario, que hace referencia a la situación de los enfermos crónicos, sin que sea necesario que estén en fase terminal.
6- Que los enfermos mentales tengan un trato adecuado y en el lugar correspondiente, que no deberían ser los centros penitenciarios. Y en absoluto aplicarles régimen cerrado o de aislamiento cuando lo que necesitan es atención médica.
7.- Que los tratamientos para la desintoxicación sean apoyados por profesionales externos a las Instituciones penitenciarias, que garanticen «el desenganche» de sustancias estupefacientes, en lugar de sustituir unas por otras (como el caso de la metadona).
8.- Investigación y esclarecimiento de las muertes que han tenido lugar en los centros penitenciarios españoles durante la «democracia».
9.- Que los catalogados como «irrecuperables» puedan acceder a formación, actividades.
10.- Que los módulos de respeto no sean lo único que se enseñe a los visitantes, sino que se muestren sobre todo las celdas de castigo y los módulos para conflictivos.
11.- Que mejore el régimen de visitas y las condiciones de registro y cacheo.
12.- Exigen que no se criminalice a la población reclusa ni a quienes les ayudan de manera solidaria.
Esta huelga se repite cada vez con más frecuencia. Y se silencia de manera bestial por todos los medios de comunicación. Evidencia que lo que denunciaba el informe que vio la luz hace un año (y del que poco o nada se habló) no se está teniendo en cuenta.
La dignidad de las personas no se pierde por cumplir condena. En una sociedad que dice ser de las más avanzadas, la realidad de sus personas presas o detenidas demuestra que España está bastante lejos de poder ser un ejemplo en Derechos humanos. Tomen nota.
Sirecovi
Es un sistema de Registro y Comunicación para la protección de víctimas de violencia institucional. Se recomienda a quienes necesiten denunciar, o recibir información y atención, que se pongan en contacto con esta entidad.
