Los espeluznantes crímenes a cuchilladas de una mujer y su hija a manos de su esposo y padrastro en la localidad de Daimiel (Ciudad Real), que elevan los crímenes machistas a 13 mujeres en apenas 43 días de 2017, está llevando a algunas asociaciones de mujeres a reclamar que la lacra del feminicidio sea considerado una cuestión de Estado para luchar con todas las fuerzas por el Estado de Derecho.
El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha apelado a poner todos los medios para luchar contra los malos tratos machistas, y al igual que el resto de fuerzas políticas ha instado a un pacto de Estado, pacto que se resiste y evidencia que aún hoy este goteo incesante de crímenes con el mismo patrón no es considerado una cuestión de Estado.
La asociación gallega Ve la luz de mujeres y niños supervivientes de los malos tratos ha iniciado una huelga de hambre en plena Puerta del Sol madrileña para concienciar a la población en general y a los partidos políticos en concreto sobre la necesidad de dar un decisivo paso adelante en este sentido.
Para ello, esta asociación cree «necesario» que el Gobierno impulse un «gabinete de crisis» para que sea abordado como prioridad absoluta «el que sea cuestión de Estado la lucha contra la violencia machista». «El Gobierno tiene el deber de frenar esta masacre que deja/mantiene mujeres y menores muertas en vida hasta ser asesinadas», apuntan desde Ve la luz.
Por ello reclaman a la ciudadanía que firmen su petición para impulsar que actúen de forma urgente y se comprometan a tomar medidas efectivas para la protección de las mujeres maltratadas y sus hijos/as desde el Parlamento.
Desde la asociación han propuesto un manifiesto que comprende diversas medidas «que garantizarían una adecuada protección en el marco de la violencia de género, visibilizando el resto de violencias machistas que se ejercen sobre las mujeres e impulsando la especialización de la Ley en base a cada tipo».
Los 25 puntos clave son los siguientes:
- Impulsar un Ley Integral de violencias machistas, en la que se contemple la figura de «Feminicidio» y en la que se incluya la LIVG 2004 como capítulo de la misma. Añadiendo LIVT (trata y explotación sexual) y otras, hasta obtener una ley especifica que trate con especialidad cada una de las la violencias machistas.
- Ser reconocidas las afectadas por violencia de género como víctimas a las que se les debe proporcionar, las mismas ayudas que las establecidas para las víctimas del «terrorismo».
- El reconocimiento inmediato como víctimas, aquellas mujeres a las que se les asesinó/a a sus hijos/as en el marco de la violencia de género, reconociendo una pensión indefinida y compatible para las mismas.
- El reconocimiento como víctimas al entorno de las mujeres víctimas de la violencia de género con el que mantengan convivencia en él durante de las agresiones y/o asesinatos.
- La video-grabación de las declaraciones de los menores para frenar la re-victimización en los procesos por violencia y/o abusos.
- El Estado velará por la recuperación de las víctimas (mujeres y menores) mientras dure el proceso judicial, sin limitación en las concesiones de ayudas hasta conseguir su recuperación y final de proceso judicial. Reconocimiento del 100% de la orfandad a los/as huérfanos/as de las violencia de género.
- Se impulsarán la firma de acuerdos que independice y recupere a las víctimas desde el momento de la denuncia: Colegios de psicólogos ( Recuperación), hoteles (Tránsito), Banca (Viviendas), empresas (Trabajo), Policía Local (Seguridad), etc. Siendo la base principal para la concesión de subvenciones hacia gobiernos locales y autonómicos.
- Revisión inmediata de aquellos expediente de mujeres víctimas de violencia de género en los que Grupos de Infancia o Menores haya intervenido separando a madres e hijos/as por motivos económicos. Restructuración inmediata de la unidad familiar.
- El Estado se hará cargo de las pensiones alimenticias de los menores para evitar el mal uso del maltratador en sede judicial, frenar el maltrato económico y desamparo del menor.
- El Estado se asegurará de que ninguna mujer o menor pueda ser sometida a mediación con su agresor bajo ningún concepto, contraviniendo la Ley Integral.
- Se legisle prohibiendo la Guarda y Custodia de cualquier tipo, así como el Régimen de Visitas a favor de maltratadores, cuando hay indicios de maltratos, negligencia y/o abusos. Se incluirán expresamente, como perceptivas en las que se deben adoptar de acuerdo con el art. 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
- Ante indicios de violencia de género no podrá ser aplicable el incumplimiento de deberes familiares ni la Custodia Compartida. Las mujeres víctimas de violencia de género se presentan a juicios penales directamente, tras el intento de proteger a sus hijos/as y/o ante la negativa de estos a relacionarse con el maltratador, llegando en muchos casos a pagar más condena que sus maltratadores. El cese de la obligación que se le impone a los menores a relacionarse con el maltratador.
- Revisión inmediata de los expedientes contaminados por el acientífico y rechazado “Síndrome de Alineación Parental” y aperturas de expedientes sancionadores para aquellos operadores/profesionales que han fomentado estas prácticas, destrozando vidas de madres e infancias.
- El Estado reconocerá la Querulancia y SAP (con sus seudónimos), como una de las tantas formas de violencia que se ejerce hacia la mujer. La formación inmediata de jueces y fiscales en su detección, obligando a los mismos a la apertura de diligencias por violencia de género.
- Pérdida de la Patria Potestad para los maltratadores, sin derecho a visitas.
- Endurecimiento de la ley/condenas y cumplimiento íntegro de las mismas.
- Aplicación inmediata del Protocolo de Estambul.
- Modificación de las bases del sistema de concesión de subvenciones cuya bases principales sean «el acompañamiento, apoyo, protección, inserción laboral…» para las asociaciones, fundaciones, empresas…
- El cese del maltrato institucional y sí a la profesionalización fehaciente, continúa y previa para los operadores del circuito Judicial en Violencia. Creación obligatoria de juzgados de violencia específicos cada mil denuncias por comunidad. Los operadores judiciales deberán pasar previas pruebas psicológicas para el acceso a estas plazas, al objeto de determinar actitudes y posibles prejuicios en relación a la violencia contra las mujeres.
- Dotación inmediata de medios/personal especializado y grupos específicos en los cuerpos policiales las 24 horas del día y los 365 días del año.
- Sanciones para todos aquellos operadores, instituciones, empresas que incumplan los protocolos y primas para quienes lo cumplan (medios de comunicación, Consejo General de Abogacía…).
- Instamos a los jueces a que hagan una relectura del Interés Superior del Menor en consonancia con las directrices del CGPJ y desintoxiquen el circuito judicial de estereotipos machistas y se formen en género.
- Encuestas anónimas de evaluación a realizar por las mujeres maltratadas sobre la actuación y valoración del trato recibido de: policías, jueces, funcionarios judiciales, peritos. Los resultados de las calificaciones globales servirán para establecer como mérito o desmérito en ascensos y traslados.
- Participación y voz de las mujeres Ve la luz en la todas las sesiones de la Subcomisión 2017, que impulsará cambios en la Ley de Violencia de Género.
- Inclusión de estos 25 puntos en el Pacto de Estado contra la violencia de género 2017.
