Estados Unidos ha responsabilizado al príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, del asesinato del periodista Jamal Khashoggi y ha sancionado 76 ciudadanos saudíes, entre los que no se encuentra el príncipe.
Según un informe de los servicios de inteligencia americanos, «evaluamos que el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, aprobó la operación en Estambul, Turquía, para capturar o matar al periodista saudí Jamal Khashoggi».
Donald Trump se había negado a publicar el informe, pero Joe Biden, partidario de la reevaluación las relaciones con un país que vulnera los derechos humanos, decidió hacerlo informando previamente al rey saudí, Salmán bin Abdulaziz.
En el informe sobre la llamada entre Biden y Abdulaziz distribuido por la Casa Blanca no se hacía alusión al caso Khashoggi, quien fue asesinado el 2 de octubre de 2018 en la embajada saudí en Estambul.
El informe de Inteligencia indica que cuando ocurrió el asesinato Bin Salmán controlaba el proceso en la toma de decisiones en Arabia Saudí, que en el caso están implicados asesores y miembros de su seguridad personal y que el príncipe siempre ha sido partidario del uso de medidas violentas para acallar a disidentes en el extranjero.
«Desde 2017, el príncipe heredero ha tenido un control absoluto de las organizaciones de seguridad y de Inteligencia del reino, lo que hace altamente improbable que funcionarios saudíes llevaran a cabo una operación de esta naturaleza sin la autorización del príncipe», afirma el informe.
Además, se indica que durante la época en que Khashoggi fue asesinado Bin Salmán pudo fomentar un ambiente en el que sus asistentes temían fracasar en los cometidos que se les encargaba, ante la posibilidad de ser despedidos o arrestados.
«Esto sugiere que es improbable que los ayudantes cuestionaran las órdenes de Mohamed bin Salmán o que emprendieran acciones delicadas sin su consentimiento», afirma el documento de Inteligencia.
Entre el grupo enviado a Turquía a asesinar al periodista, que había sido atraído bajo engaño a la embajada saudí, había siete miembros del equipo de seguridad personal de Bin Salmán, conocido como Fuerza de Intervención Rápida, una rama de la Guardia Real saudí encargada de proteger al príncipe heredero y que solo responde a sus órdenes.
Sanciones históricas
Los saudíes han tenido en Estados Unidos una especie de patente de corso. Se pudo comprobar tras el 11S cuando George W. Bush permitió la salida del país a importantes saudíes entre los que se encontraban miembros de la familia Osama Bin Laden. Por eso, la imposición de sanciones es un hecho histórico.
Tras la difusión del informe, el Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció sanciones contra el cabecilla de la operación, el exsubdirector general de Inteligencia de la Presidencia saudí Ahmad Hasan Mohamed al Asiri, y contra la propia Fuerza de Intervención Rápida.
El Departamento de Estado, por su parte, informó de restricciones de visado contra 76 saudíes, que sospecha han estado involucrados en este caso o en amenazas a disidentes en el extranjero.
Por su parte, Anthony Blinken, nuevo secretario de Estado, afirmó que el Gobierno de Washington quiere «dejar absolutamente claro que las agresiones y amenazas extraterritoriales de Arabia Saudí contra activistas, disidentes y periodistas deben acabar. Mientras que Estados Unidos sigue comprometido en su relación con Arabia Saudí, el presidente Biden ha dejado claro que la colaboración debe reflejar los valores de Estados Unidos».
Blinken, además, añadió que la Administración de Joe Biden está revisando las ventas de armas a Riad tras la difusión del informe.
