Teresa Ribera, la ministra para la Transición Ecológica, declaró hace tres días que, “a diferencia de otros países, España no ha vivido por encima de sus posibilidades desde el punto de vista energético”.
El 21 de julio y poco antes de las 9 de la mañana, José Luis Sastre, en la SER, le hizo la mejor pregunta que, ante una afirmación tan alejada de la diplomacia, un periodista podía hacer: “ministra, usted ha dicho que, a diferencia de otros países, España no había vivido por encima de sus posibilidades… ¿A qué países se refería?”
Entonces, la ministra recurrió a la opción que eligen casi todas las personas metidas en política de alto nivel que se sienten atrapadas por sus propias palabras: soltar un rollo que nada tiene que ver con una pregunta que los acorrala. Por tanto, Sastre y miles de radioyentes tuvimos que soportar estoicamente, y hasta el final, un discurso lleno de vacíos, y a una hora de la mañana en la que casi siempre tenemos prisa.
Cuando finalizó, el periodista demostró que la estaba esperando y, tajante pero educado, remató la faena: “entonces, ministra, no me va a decir el nombre de ninguno de esos países”.
“Ninguno”, respondió Ribera, cediendo por fin ante la verdad que desnuda, para conservar la ropa interior puesta en medio de la derrota.
En ese momento pensé que, aunque solo fuera por pudor, el periodista debería haber dado por finalizada la entrevista, demostrando de paso a miles de colegas del cuarto poder que se puede tratar de igual a igual a cualquier representante de los otros tres.
Pero también recordé cómo los periodistas habían soportado al Rajoy refugiado tras un plasma, aunque en aquel momento no hubiera más pandemia que la de la corrupción sistémica del PP, y de nuevo llegué a la misma conclusión de siempre: la clase política española sigue infundiendo “respeto”, pero en modo miedo, gracias a que lleva más de 80 años formando tándem con un jefe de Estado inviolable en beneficio de ambas partes. Primero, gracias a la protección que les proporcionaba la dictadura. Después, a un artículo de la Constitución que, en la práctica, blinda al rey con similar impunidad.
Ha salido Rajoy a colación, y he recordado sus malas artes practicando un españolismo muy peligroso para España, pues no son españolas las únicas leyes que funcionan en el mundo.
Españolismo es defender la unidad de España contra viento y marea, a traducir por “cometiendo toda clase de delitos” y, por tanto, en mayo de 2014 el gobierno de Rajoy ejerció fuertes presiones sobre la Banca Privada de Andorra para conseguir información que pudiera perjudicar a algunas personas que no se sentían tan españolas como catalanas.
Como los andorranos no cedieron, desde el Gobierno español se presentó denuncia contra BPA ante la oficina de control de delitos financieros de EE.UU., consiguiendo que esa banca y su filial, el Banco de Madrid, se vieran obligados a cerrar en marzo de 2015, con pérdidas importantes para banqueros, bancarios y clientes. La denuncia, por supuesto, fue retirada, porque era falsa, pero había conseguido su objetivo, el de cumplir las amenazas anunciadas por no colaborar con el gobierno español contra los catalanes a quienes había decidido perseguir.
La justicia de Andorra inició en 2016 una investigación sobre la quiebra de BPA y esta misma semana se ha sabido que Rajoy, Fernández Díaz, Montoro, Martínez y Cosidó serán investigados. Acto seguido, el muy españolista ABC conoció, o se inventó, pero en cualquier caso publicó, tal como harían Ferreras y muchos otros demasiado periodistas, una reunión celebrada el pasado 20 de julio entre Higini Cierco, el banquero arruinado por el Gobierno de España en 2015, y Álvaro García, el nuevo fiscal general del Estado, lo que ha provocado un desmentido de la fiscalía, que exige que ABC lo publique igual en sus páginas, es decir, en portada.
A mí me parece factible que se hayan producido contactos entre alguien del Estado español y “la persona a quien se cita en la noticia, o con alguien del entorno del supuesto banquero”, según los términos que el comunicado de la fiscalía utiliza en su desmentido, y digo yo que no hacía falta ser tan “Rajoy” en el idioma utilizado en un documento oficial de un gobierno Sánchez.
Es lógico que el gobierno de España quiera saber si nos costará más dinero pagar a Cierco lo que pida para retirar su demanda, o pagar la defensa de Rajoy y su gobierno por lo que perpetraron entre 2014 y 2015 a lomos de un españolismo que nunca se ha parado a pensar antes de decidirse a perder los papeles.
Lo más probable es que el españolismo practicado contra Andorra nos salga muy caro, pues a este asunto tan negativo para la reputación de España, por lo de juzgar en otro país a un ex presidente del gobierno, se sumará el del juicio en UK contra el anterior jefe del Estado. Y en ambos casos, con protagonismo relevante de las cloacas, siempre tan peligrosas.
