Al menos 250 Catedráticos, doctores e investigadores de historia contemporánea en varias universidades españolas y extranjeras, desmontan la iniciativa presentada por el Grupo Municipal Vox en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid para que sean retiradas placas de calles y estatuas de Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto Tuero, que fue apoyada por los Grupos Municipales del PP y de Cs, y  hecho público un informe demoliendo punto por punto y sustentadas en investigaciones de solvencia acreditada entre la comunidad científica, a las afirmaciones vertidas en dicho documento, que serán analizadas.

El minucioso informe está avalado por historiadores como Ángel Viñas Martín y José Álvarez Junco, catedráticos en la Universidad Complutense de Madrid, o Ángel Bahamonde, catedrático en la Universidad Carlos III de Madrid, y extranjeros como Paul Preston, catedrático de la London School of Economics and Political Science. También se han sumado reconocidas historiadoras, como Ángeles Egido, catedrática en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, o Rosa María Capel Martínez, catedrática en la Universidad Complutense de Madrid.

En el texto, los autores denuncian “la falacia” de la inmensa mayoría de los argumentos utilizados por el Grupo Municipal Vox en su escrito y critican que se recurra “más allá de la penosa articulación formal de sus argumentos, y de la falacia de la inmensa mayoría de estos, recurre a los viejos y desacreditados clichés pseudohistóricos de la propaganda franquista”.

Los investigadores se muestran dispuestos “a aportar pruebas documentales” de sus afirmaciones. Eduardo González Calleja, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Carlos III de Madrid, que ha recopilado las firmas, y ha asegurado que no quieren “hacer política, sino forzar a que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, tome una decisión con arreglo a escuchar a los que saben de estos temas”.

Uno de los primeros puntos del documento se explica la verdad sobre la figura de Francisco Largo Caballero (secretario general de la Unión General de Trabajadores, (UGT) de 1918 a 1938, presidente del Partido Socialista (PSOE) de 1932 a 1935, ministro de Trabajo de abril de 1931 a septiembre de 1933 y presidente del Consejo de Ministros y ministro de la Guerra de septiembre de 1936 a mayo de 1937, ya durante el conflicto). De él se afirma que “solo fue condenado en una ocasión: por el consejo de guerra que dictó sentencia por sedición contra el comité organizador de la huelga general de agosto de 1917”.

Largo Caballero solo sufrió una condena por delito político “y no por pillaje como asevera Vox”. Y añaden: “los dirigentes del PSOE y la UGT exigieron la instauración de un gobierno provisional que convocara Cortes constituyentes, dieron a conocer instrucciones en las que se insistía en que el paro fuera indefinido y pacífico, y ordenaron que solo se emplease la violencia en acto de legítima defensa.”

“Las fuerzas del Ejército provocaron la muerte de no menos de 55 huelguistas y 62 pacíficos transeúntes”. Largo Caballero y el resto de los responsables del comité de huelga fueron sometidos a consejo de guerra y condenados a cadena perpetua, aunque obtuvieron la amnistía el 8 de mayo de 1918, como consecuencia de su elección como diputados en los comicios del 24 de febrero”.

Largo Caballero “fue imputado por la jurisdicción castrense por un presunto delito de rebelión militar a raíz de los preparativos de la revolución de octubre de 1934. Tras la presentación de un recurso para que fuera juzgado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, ésta le absolvió de todos los cargos por falta de pruebas el 30 de noviembre de 1935. Largo Caballero únicamente fue condenado a lo largo de su vida por un delito político”.

Sobre otra de las mantras recurrente en historiadores y medios de derechas y extrema derecha, “el oro de Moscú”, los historiadores afirman que “ni Largo Caballero, ni [Juan] Negrín ni Prieto robaron las reservas del Banco de España, sino que, en acto de legítima defensa, las emplearon en la adquisición de armas para sostener la resistencia de la democracia republicana contra el golpe militar-monárquico-fascista, como está demostrado documentalmente desde hace más de medio siglo”.

Durante el mandato de Largo Caballero como presidente del Gobierno no se cometieron “las mayores atrocidades en la zona republicana” como afirma la extrema derecha de VOX, sino todo lo contrario: la recuperación paulatina de la autoridad del Estado con la eliminación de las milicias de vigilancia en retaguardia y la canalización y limitación de la represión política (habitual en toda guerra) por medio de los tribunales populares.

La afirmación de Vox de que “la llegada de Indalecio Prieto a la presidencia del PSOE en 1935, supuso el comienzo de una deriva revolucionaria y radical junto a Largo Caballero como secretario general de UGT”, es errónea: fue en 1933-1934 cuando Prieto se sumó a la vía revolucionaria dominante en el PSOE, pero desde el verano de 1935 son de sobra conocidas sus discrepancias con Largo, con quien mantuvo un tenso forcejeo político que tuvo como momento culminante el veto interpuesto el 11 de mayo de 1936 por el grupo parlamentario socialista a la formación de un gobierno bajo su liderazgo. Las discrepancias se prolongaron hasta más allá de la Guerra Civil.

Por último, ampararse en la Resolución del Parlamento Europeo de 19 de septiembre de 2019, de condena a los regímenes totalitarios y a sus representantes, requiere establecer una caracterización de este tipo de regímenes políticos.

La enmienda del PP y Cs, que fue finalmente aprobada, menciona el artículo 15.1 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, que ordena a las administraciones públicas la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Además de señalar que buena parte de las acusaciones vertidas en la iniciativa de Vox se refieren a épocas anteriores a la que da cobertura dicha Ley, es preciso resaltar la incongruencia que encierra querer ejecutar una damnatio memoriæ sobre figuras políticas que, precisamente, se distinguieron por su oposición a la sublevación militar, por la defensa de la legalidad en la guerra civil que ésta provocó, y por ser víctimas (en tanto que perseguidos y exiliados) de la Dictadura resultante.

Por último, las conclusiones de este análisis preliminar es que los autores de la iniciativa presentada por el Grupo Municipal Vox en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, más allá de la penosa articulación formal de sus argumentos, y de la falacia de la inmensa mayoría de los mismos, han recurrido para elaborarla a los viejos y desacreditados clichés pseudohistóricos de la propaganda franquista, acarreando de forma confusa los mitos guerracivilistas enunciados en 1939 por el Dictamen de la Comisión sobre ilegitimidad de poderes actuantes en 18 de julio de 1936.

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