La plataforma Audita Sanidad quiere llegar hasta el final para saber en qué se ha estado gastando el dinero de la Sanidad Pública madrileña. La asociación ya ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y fraude tras conocer que la Consejería ha podido adjudicar a dedo el 99,7% de sus contratos.
Según su informe La influencia de los ‘lobbies’ en la sanidad madrileña, supervisado por el economista Vicente Losada y el médico Juan Ruiz-Giménez, existen datos para sospechar que ha habido un “fraccionamiento de contratos” en multitud de casos, no encontrando una “explicación racional” al desfase en el volumen total de contratos adjudicados en el año 2016 por licitación pública, que fue de 1.143, frente a los 485.119 contratos menores, lo que representa el 99,7% de la contratación. Este supuesto “troceamiento” debe ser investigado hasta sus últimas consecuencias para aclarar en qué se ha invertido el dinero público, según Audita Sanidad.
El informe de la plataforma se centra en la contratación mediante concursos de licitación. El pasado mes de junio, Audita Sanidad denunció ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada el presunto “abuso” de los contratos menores en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid durante al menos el ejercicio 2016. “El estudio detecta la presencia cada vez más notoria y protagonista de los grupos de presión en el número de contratos de adjudicaciones públicas y en las decisiones de las políticas públicas madrileñas”, aseguró Vicente Losada en declaraciones recogidas por Europa Press.
A su vez, el médico Juan Ruiz-Giménez subrayó que el informe tiene el objetivo de mostrar a la ciudadanía la influencia de las empresas asociadas a los grupos de presión sobre las decisiones en materia sanitaria, algo a lo que Audita Sanidad se opone al tratarse de “un sistema de secuestro de las decisiones políticas”.
La plataforma ciudadana ha identificado un total de veinte lobbies o grupos de presión que influyen en las decisiones que se toman en el ámbito sanitario. Según la auditoría, lidera el ranking la Fundación Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), le sigue Farmaindustria y la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN), entre otros.
Las empresas relacionadas con la Fundación IDIS logran 879 adjudicaciones por valor de más de 296 millones de euros, lo que supone que más de 95 de cada 100 adjudicaciones y más de 76 de cada 100 euros van a “empresas lobistas que tienen la influencia, directa o indirecta, de la Fundación IDIS”.
En cuanto a los contratos adjudicados según importe, suman 387 millones de euros, es decir, un 60,35 por ciento del total del gasto identificado en este informe (642 millones de euros). Esto supone que más de seis de cada diez euros del importe de contratación es adjudicado a empresas vinculadas a lobbies sanitarios, un porcentaje sensiblemente superior al 51,31 por ciento de 2016.
Audita Sanidad destaca “los efectos negativos que tiene el ejercicio de influencias y presiones indebidas por parte de las empresas del sector para beneficiar sus negocios en perjuicio de las prácticas sanitarias correctas (…) Una sociedad democrática trata de hacer compatibles todos los intereses legítimos y, por lo tanto, aunque estas compañías tengan un papel importante en el desarrollo científico y la innovación tecnológica para abordar los problemas de salud, no se les puede dar vía libre para que subordinen la salud de todos a sus intereses lucrativos y políticos”, critican los autores del informe.
En cuanto a recomendaciones, la plataforma plantea un registro de actividades de lobbies y acceso público a la información; establecer normas de conductas claras y exigibles a través de una Ley de Incompatibilidades; reconocer el derecho a la ciudadanía para participar en decisiones de control; y prever medidas de supervisión. “Entendemos que lo que marca el espíritu de la ley es que los contratos menores sean la excepción en la contratación pública”, aseguran los técnicos auditores en su estudio pormenorizado.
En su página web, Audita Sanidad publica mensualmente, desde el año 2018, los contratos que fueron licitados por concurso público, adjudicados por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y publicados en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) durante el mes anterior.
Así, en enero de 2019 se han adjudicado un total de 88 contratos por un importe de más de 83 millones de euros. En esa información destacan el contrato de suministros y obras adjudicado a la empresa Ferrovial Servicios SA por 34,2 millones de euros para la “gestión eficiente de las energías primarias utilizadas en el Hospital Universitario de Móstoles, Centro de Especialidades Coronel de Palma y Centros de Salud Mental adscritos”.
En segundo lugar, Audita destaca el contrato de suministro de medicamentos mediante compra centralizada por el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) para varios hospitales por un importe de 14,3 millones euros adjudicado a diferentes proveedores, entre los que destacan: Accord Healthcare SLU, Aurovitas Spain SA, B. Braun Medical SA, Fresenius Kabi España SAU, Laboratorios Normon SA, Merck, Sharp & Dohme de España SA y Pfizer SLU.
En su web, Auditas también ofrece información sobre el contrato de suministro de medicamentos a los hospitales Infanta Leonor y Doce de Octubre por parte de la empresa Gilead Sciences SL por un importe de 3,2 millones de euros.
En el cuarto lugar del ranking de los grandes contratos firmados por la Consejería de Sanidad destaca la compra de licencias de software base de sistema operativo y base de datos Microsoft para servidores informáticos del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) adjudicadas por el Gobierno regional a la empresa Seidor SA por un importe de 2,9 millones.
Finalmente se encuentra el contrato suscrito por el Hospital Clínico San Carlos con la empresa Varian Medical Systems Ibérica SL para el suministro de un acelerador lineal por importe de 2,6 millones de euros.
En enero de 2018 se adjudicaron 290 contratos por valor de 204 millones de euros, de los cuales 108 millones fueron para las empresas Servicio Auxiliar Santa Sofía, Vatalia Servicios Sanitarios y la UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por Ambulancias María Pita y Servicio Auxiliar Santa Sofía, según la web de Audita Sanidad.
