Jennifer y Estefanía Calderón Pérez, hijas de una mujer asesinada a golpes y puñaladas por su padre el 3 de junio de 2015 en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra, han iniciado una recogida de firmas a través de portal digital change.org para solicitar en el Congreso de los Diputados la exención fiscal en el cobro de la indemnización que les corresponde y a la que fue condenado el criminal, que cumple en prisión una pena de 21 años y seis meses. Cada una de las dos hijas de esta víctima debía recibir una indemnización de 100.000 euros cada una, pero Hacienda les reclama el pago de 5.000 euros en impuestos de trasmisiones patrimoniales para su cobro, cantidad a la que no pueden hacer frente debido a la delicada situación económica que atraviesan las dos hermanas.
La ley contempla como dación de bienes el pago de una indemnización que no se realiza en metálico
Tanto Jennifer como Estefanía se han visto obligadas a vivir en el domicilio que fuera de sus padres y donde se cometió el crimen. La primera percibe el subsidio de ayuda familiar de 430 euros y Estefanía un salario de 400 euros.
El asesino del crimen percibe una pensión de 1.300 euros al mes, de la que sólo se le puede embargar un total de 122 euros mensuales, a repartir a partes iguales entre sus dos hijas, según explican en la solicitud de change.org iniciada este enero y que lleva ya unas 4.500 firmas recogidas para lograr la exención fiscal de las indemnizaciones a las víctimas de violencia de género.
La casa y los dos coches en común que compartían la mujer asesinada y el criminal machista fueron propuestos para cubrir una pequeña parte de la indemnización, suponiendo que la parte correspondiente al asesino fuese entregada a sus hijas por un valor total de 60.000 y 30.000 euros cada una. Las hermanas no han podido hasta ahora recibir esta indemnización porque Hacienda les reclamaría el 8% del total, unos 5.000 euros, ya que el condenado otorga esta indemnización en forma de bienes y no en efectivo, por lo que ambas deberían abonar 5.000 euros a Hacienda, algo que estas víctimas de violencia de género consideran “una auténtica injusticia y un sinsentido”.
Cambio legislativo
Las hermanas aseguran que “es injusto que cualquier persona víctima de un delito deba sufrir, además del daño y la pérdida personal, la renuncia a lo que le pueda corresponder por no poder afrontar el pago de lo que Hacienda reclame”. Por ello, esta iniciativa quiere hacer llegar al Congreso de los Diputados la petición de un cambio legislativo que posibilite que las víctimas de estos delitos no vean gravadas su indemnización “con ningún tipo de impuesto, sea cual sea el carácter de los bienes con el que sean compensadas”.
La legislación actual relativa a Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados declara que las indemnizaciones percibidas en metálico están exentas del impuesto y establece que la exigencia del impuesto debe atender a la verdadera naturaleza jurídica del acto que se pretende realizar. Según las hijas de esta mujer asesinada, Hacienda no está de acuerdo y considera que, al no realizarse el pago de la indemnización en metálico, debe aplicarse el artículo 7.2.A de dicha ley como dación de bienes en pago.
