El Gobierno ha aprovechado una tramitación en el Senado para incorporar seis enmiendas a la normativa de la obligación de declarar los bienes en el extranjero. Las nuevas medidas pretenden minimizar las sanciones a los que ocultan bienes en el extranjero, una prescripción que viene obligada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)
Cambios desproporcionados
El Gobierno pretendía actualizar la ley para sancionar de manera más contundente a los que ocultasen bienes fuera de nuestras fronteras. Pero el TJUE intervino para frenar las medidas destinadas a perseguir a los evasores. El Tribunal europeo calificó los cambios propuestos por el Gobierno de desproporcionados y que suponían una restricción a la libre circulación de capitales.
Mandato europeo
Las enmiendas propuestas por el PSOE en el Senado al conocido como modelo 720 proponen la eliminación de la imprescriptibilidad, que tenía como objetivo no dejar que las multas prescribieran. Pero con la modificación, la obligación prescribirá a los cuatro años tal y como establece la normativa general. También se sustituye el anterior régimen sancionador -que incluía multas fijas por cada incumplimiento y una penalización de hasta el 150%– por el régimen general recogido en la Ley General Tributaria, según ha informado TVE.
Políticas de izquierdas
Queda de este modo mermada la intención del Gobierno de perseguir y sancionar con mayor dureza a los evasores. Lo que indica que un gobierno de izquierdas lo tiene difícil a la hora de aplicar medidas más intervencionistas, ya que la Unión Europea intervendrá para salvaguardar el libre mercado y para dejar que los flujos de capital no se vean coartados por leyes estatales.
