No importa el dinero que se le descubra al rey emérito. Un millón, diez millones, cien. Su inviolabilidad consagrada en la Constitución Española del 78 no parece reducirse solo al ámbito judicial; también los inspectores de Hacienda han hecho la vista gorda con su patrimonio oculto, hasta el punto de concederle una vergonzante bula. Cualquier otro contribuyente estaría a día de hoy ante la Justicia, si no preso, ya que las cantidades que van aflorando apuntan a gravísimos delitos de fraude fiscal y evasión de capital en paraísos fiscales.
Han aparecido sociedades opacas (Lucum, Zagatka); han aflorado donaciones multimillonarias sin justificación alguna y sin que hayan pasado por el pertinente control tributario (65 millones de euros, un suculento regalo para la amante Corinna Larsen); y el segundo intento de regularización del rey emérito (por la friolera de más de cuatro millones) apesta tanto o más que el primero que el ex jefe del Estado llevó a cabo a finales del pasado año. Por tanto, hay suficientes indicios como para que cualquier ciudadano de este país se pregunte con razón: ¿dónde estaba Hacienda mientras todo esto estaba ocurriendo?
José María Mollinedo, portavoz del sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda Gestha, asegura que la Agencia Tributaria ha actuado durante estos años “arrastrando los pies” por no abrir una investigación fiscal al rey emérito, pese a la gran cantidad de indicios con los que contaba. En su opinión, si se tratara de cualquier otro contribuyente, los inspectores le habrían abierto una investigación, pero cree que en este caso ha habido “escudos fiscales”, es decir, un manto protector que ha otorgado privilegios al primero de los Borbones.
Diario16 ha podido saber por fuentes próximas a la Agencia Tributaria que más de un funcionario de la cúpula del ministerio no duerme por las noches desde que estalló todo este inmenso escándalo. Hay inquietud por el hecho de que al rey emérito se le haya tratado con unos privilegios tributarios inaceptables y de abrirse una investigación podrían empezar a rodar cabezas. Es evidente que alguno, o algunos, no han hecho su trabajo, bien por miedo reverencial bien por connivencia con el patriarca borbónico, y la sospecha de que las trapacerías fiscales del monarca eran conocidas, pero se metieron en un cajón bajo llave, cobra cuerpo a medida que pasan los días.
De momento, Gestha ya ha advertido de que la “lentitud” en la investigación al rey emérito puede terminar provocando que se libre de sus responsabilidades penales y fiscales. Pero lo peor no es que la maquinaria del Estado haya echado el freno a la hora de indagar en el patrimonio regio, sino que las cuentas siguen sin cuadrar pese a las últimas regularizaciones. Gestha recuerda que si Juan Carlos I ha escamoteado al fisco más de 7 millones de euros por los supuestos viajes pagados por su primo, Alvaro Jaime de Orleans-Borbón, la cuota defraudada y finalmente regularizada por el monarca (4,1 millones) no coincide con la documentación remitida en su día por la Comisión Rogatoria del fiscal de Ginebra, Yves Bertossa, que lleva una investigación paralela en Suiza.
Según el apartado sexto de aquella comisión rogatoria que Bertossa envió el 16 de agosto de 2019, Alvaro Jaime de Orleans-Borbón, titular de la Fundación Zagatka, pagó un importe aproximado de 3 millones de euros en los gastos de viajes de Don Juan Carlos y Corinna Larsen. “Según esto, Alvaro de Orleans habría reclamado a su primo, el rey emérito, que le reembolsara los gastos relativos a esos viajes y por ello, el 4 de enero de 2011, le fue transferido a la cuenta de Zagatka, por mediación de Dante Canónica [asesor del emérito], la suma de 2,8 millones de euros de los viajes en los que habría incurrido Corinna”, informa Europa Press. La propia Zarzuela, en su comunicado de marzo de 2020, reconoce que el rey había sido beneficiario de una serie de fundaciones, Lucum y Zagatka, radicadas en los paraísos fiscales de Panamá y Liechtenstein.
Pero los indicios de irregularidades en el procedimiento administrativo-tributario no quedan ahí. En septiembre de 2018, la Fiscalía Anticorrupción ya solicitó al juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea que preguntara a la ONIF (Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Tributaria) si el rey emérito poseía cuentas en el extranjero. Sin embargo, la citada unidad especializada en la investigación del fraude fiscal “despachó el asunto en 24 horas”, al asegurar que no les constaba tal información en sus bases de datos. ¿Cómo puede ser que semejante movimiento de capital a través de sociedades pantalla u offshore no hubiese dejado ni rastro?
En segundo lugar, existen serias dudas sobre las dos regularizaciones fiscales que hasta el momento ha llevado a cabo el rey emérito y sobre si son “completas y veraces”, dos requisitos esenciales que establece la ley para que se pueda considerar válido un procedimiento de puesta al día con Hacienda. En ese sentido, solo una declaración complementaria “voluntaria y espontánea” libra de todas las responsabilidades penales y tributarias al presunto infractor. Es decir, no basta con que el afectado tome la decisión de ponerse al corriente con Hacienda, sino que esa decisión debe ser también espontánea, o lo que es lo mismo: antes de que la Administración Tributaria o, en su defecto, la jurisdicción penal, notifiquen al interesado las actuaciones de comprobación de la deuda.
Mollinedo ya ha exigido que se abra una investigación fiscal para aclarar todos estos hechos, y que se dote de más personal a la Inspección, en concreto un centenar de técnicos e inspectores en coordinación con los cuatro fiscales del Tribunal Supremo que están investigando el caso. Cada día que pasa parece más claro que ha habido trato de favor en un procedimiento que no puede considerarse ni transparente, ni cien por cien escrupuloso con las normas tributarias.
