Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han alertado de una caída próxima al 20 por ciento en los resultados ordinarios de las actuaciones realizadas por la Agencia Tributaria en 2020 en prevención y lucha contra el fraude, que han sido publicados este jueves por el Ministerio de Hacienda.
Sobre los resultados extraordinarios de minoración de pagos fraccionados por 4.487 millones de euros que según la propia Hacienda «serán de difícil repetición en otros ejercicios», los técnicos ven un intento de maquillar los resultados para dar una imagen de eficacia que no se corresponde con la realidad.
Asimismo, Gestha reclama en un comunicado la información de las denuncias por delito fiscal, que acumulan años de descenso considerable, y considera importante y necesario esclarecer las cifras correspondientes al año 2020, por lo que no entiende que se hayan omitido.
Por otra parte, los técnicos piden al Gobierno que aclare qué parte de la reducción de la deuda pendiente de cobro es atribuible a los pagos realizados por los deudores y qué porcentaje se debe a insolvencias definitivas y a anulaciones de los tribunales, por mucho que la deuda pendiente se haya reducido un 2%.
Fraude sin control
Gestha, aún cuando preveía una cierta caída de las cifras de recaudación por culpa de la pandemia, considera que el resultado publicado este jueves «es más que elocuente» sobre la necesidad de dotar a los técnicos de más competencias y responsabilidades a la hora de luchar contra el fraude fiscal.
Y ello poco después de haber trasladado su descontento y decepción porque Hacienda rechazara «sin una justificación» las propuestas de transacciones de los grupos parlamentarios para hacerlo, teniendo en cuenta que representan el 83% de los funcionarios del grupo A en las áreas funcionales y sus competencias están limitadas a la comprobación tributaria de los trabajadores, autónomos y pequeñas empresas.
En este marco, Gestha considera que la nueva ley contra el fraude fiscal no reducirá la economía sumergida porque no incorpora medidas organizativas para que se asegure su aplicación, y afirma que es menos ambiciosa que la Estrategia 2050, que prevé situar la economía sumergida en el equivalente al 15% PIB en 2030.
La lucha contra el fraude fiscal exige inversiones, medios humanos y material. España pierde más de 80.000 millones de euros al año en corrupción porque las plantillas de inspectores se han visto mermadas sin que el Estado haya redoblado los esfuerzos. Por el sumidero del fraude fiscal se va buena parte del crecimiento económico de nuestro país. Quizá ahí esté una de las razones por las que el Estado de bienestar no puede mantener la caja de las pensiones y el ministro Escrivá tiene que recurrir a recortar a los “baby boomer”, a los que ha puesto contra la espada y la pared de tener que elegir entre renunciar a parte de su jubilación o seguir trabajando hasta los 67 años. Hoy más que nunca, Hacienda somos todos y los que más tienen más deben contribuir.
Sin embargo, pese al agujero inmenso en nuestro sistema fiscal, los refuerzos para los inspectores de Hacienda siguen sin llegar y da igual que gobierne un partido u otro. Y la reforma, una vez más, se ha metido en un cajón. Carlos Cruzado, presidente de los Técnicos de Hacienda (Gestha), asegura que “después de más de dos años y medio colaborando activamente en este proyecto de ley para reforzar sus puntos débiles, finalmente no se ha logrado el aumento de sus competencias y responsabilidades: vía más eficaz para reducir la economía sumergida”. Es decir, Hacienda defrauda a sus técnicos.
