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Hacienda defrauda a sus inspectores

Las plantillas de inspectores siguen bajo mínimos pese a que España soporta un elevado fraude fiscal

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La lucha contra el fraude fiscal exige inversiones, medios humanos y material. España pierde más de 80.000 millones de euros al año en corrupción porque las plantillas de inspectores se han visto mermadas sin que el Estado haya redoblado los esfuerzos. Por el sumidero del fraude fiscal se va buena parte del crecimiento económico de nuestro país. Quizá ahí esté una de las razones por las que el Estado de bienestar no puede mantener la caja de las pensiones y el ministro Escrivá tiene que recurrir a recortar a los “baby boomer”, a los que ha puesto contra la espada y la pared de tener que elegir entre renunciar a parte de su jubilación o seguir trabajando hasta los 67 años. Hoy más que nunca, Hacienda somos todos y los que más tienen más deben contribuir.

Sin embargo, pese al agujero inmenso en nuestro sistema fiscal, los refuerzos para los inspectores de Hacienda siguen sin llegar y da igual que gobierne un partido u otro. Y la reforma, una vez más, se ha metido en un cajón. Carlos Cruzado, presidente de los Técnicos de Hacienda (Gestha), asegura que “después de más de dos años y medio colaborando activamente en este proyecto de ley para reforzar sus puntos débiles, finalmente no se ha logrado el aumento de sus competencias y responsabilidades: vía más eficaz para reducir la economía sumergida”. Es decir, Hacienda defrauda a sus técnicos.

“Es cierto que se han aprobado dos de las medidas estrellas planteadas por Gestha, ya que por primera vez en España expertos independientes evaluarán oficialmente la economía sumergida, el fraude fiscal y laboral y la elusión fiscal, por territorios, sectores económicos e impuestos; al margen de aumentarse las plantillas en el ministerio hasta equipararlas a la ratio de personal por obligado tributario a la media europea”, asegura Cruzado.

No obstante, para el responsable de los técnicos resulta cuanto menos “decepcionante” que el Grupo Parlamentario Socialista se haya opuesto en el Congreso de los Diputados y se haya abstenido en el Senado, posteriormente, a la aprobación de dichas medidas. Con la primera medida, se delimitará la economía sumergida española que ronda entre el 22 y el 24 por ciento del PIB, según el último informe del FMI, lo que significa que unos 38.000 millones se evaporan por el diferencial de economía sumergida sobre el 16 por ciento medio en la UE, por lo que las cuentas públicas españolas se resienten y dejan el gasto público en protección social muy alejado de la media europea.

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En este sentido, “nuestra máxima es que antes de aumentar los impuestos a quienes ya los pagan, se debe hacer cumplir la ley fiscal a quienes no la cumplen, no sólo por motivos de suficiencia recaudatoria, sino por equidad, eficiencia y competitividad, y moralidad pública”, insiste Cruzado.

Y para ello no sólo vale con incorporar entre 15.000 y 17.500 nuevos efectivos en la Administración financiera hasta 2027, descontando las bajas por jubilaciones del “baby boom”, hasta que España se equipare a la plantilla media ponderada de las administraciones tributarias europeas. Sino que convendría aumentar las responsabilidades y reconocer el trabajo cualificado que realizan con la creación de un cuerpo superior técnico de Hacienda, que ya estuvo a punto de aprobarse en la primera ley contra el fraude de 2006, si bien se malogró, como ahora, por “las maniobras del Sindicato de Inspectores que mal informan desde los gabinetes a los altos cargos del Ministerio de Hacienda, cortocircuitando que les llegue otra visión”, alega el presidente de Gestha.

Hacienda somos todos

Por otra parte, otras medidas han quedado por el camino, como el aumento de la colaboración entre administraciones tributarias, su transparencia y el incremento de la prescripción tributaria a 5 y 10 años para equipararla a la prescripción de los delitos fiscales y delitos fiscales agravados, y la concreción de la baja tributación para considerar una jurisdicción no cooperante, que los técnicos de Hacienda situaban en el mínimo del 15 por ciento que se está consensuando a nivel global.

La limitación de competencias y responsabilidades para los técnicos de Hacienda tiene serios perjuicios. Por ejemplo, los 42.770 millones de deudas tributarias pendientes en 2019, cifra que habrá aumentado en 2020 por la situación económica y moratorias del covid, así como el desplome del 82 por ciento en las denuncias a la Fiscalía de delitos fiscales y del 72 por ciento en las cuotas delictivas descubiertas, básicamente por la limitación de las competencias de los técnicos.

“A los técnicos de Hacienda se nos vislumbra una larga espera hasta que concluyan los informes sobre la economía sumergida, en los que se incluyan las modificaciones organizativas, los medios humanos y materiales necesarios y las fórmulas de coordinación y colaboración entre administraciones tributarias precisas para conseguir la reducción del fraude y la economía sumergida”, añade Cruzado.

En este contexto, “no entendemos que el Ministerio de Hacienda haya rechazado sin una justificación” las propuestas de transacciones de los grupos parlamentarios para el aumento de competencias y responsabilidades de los técnicos del Ministerio de Hacienda, a pesar de que representan el 83 por ciento de los funcionarios del grupo A en las áreas funcionales y sus competencias están limitadas a investigar a los pequeños o muy pequeños contribuyentes.

Mientras Hacienda defrauda a sus técnicos, la Estrategia 2050 podría desmoronarse, al menos, sobre el objetivo de situar la economía sumergida en el 15 por ciento del PIB en 2030. “Y es que somos los técnicos de Hacienda quienes más y mejor podemos ayudar en lucha contra la economía sumergida y el fraude fiscal”, concluye Cruzado.

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