El golpe de Estado que se produjo en la Argentina el 24 de marzo de 1976 se dio en un momento en que las dictaduras militares cubrían la mayor parte de la geografía latinoamericana, particularmente en el Cono Sur. La década de los setenta se caracterizó justa- mente por la irrupción militar en la vida de la mayoría de nuestros países, donde los gobiernos constitucionales fueron derribados en una escalada que en todos los casos contó con la intervención di- recta o indirecta de los Estados Unidos. A la caída del gobierno de Isabel Martínez de Perón ya se habían instalado en el resto de los países del cono sur las dictaduras de Augusto Pinochet en Chile, Alfredo Stroessner en Paraguay, Hugo Banzer Suárez en Bolivia y Juan María Bordaberry en Uruguay. Mirando hacia arriba del mapa, el paisaje también se vestía de verde oliva mientras los nuevos dueños del poder aplicaban las mismas recetas a sangre y fuego.

En el caso argentino, el derrumbe del gobierno que Isabel Mar- tínez heredó de Juan Domingo Perón dejó abierto el camino a los militares para que se instalaran en la Casa Rosada y continuaran –ahora de manera institucionalizada– con el plan criminal que las bandas armadas de la Triple A iniciaron antes de la muerte del líder justicialista y continuaron con mayor fuerza tras su desaparición. La derecha del peronismo político y sindical había ganado la disputa. Las persecuciones ideológicas fueron una constante, particularmente en las universidades, en centros científicos y de investigación, en los sindicatos, en expresiones del arte y la cultura y en otros sectores donde los escuadrones de la muerte descubrían algún signo real, supuesto o imaginario de color rojo. Cuando Videla, Massera y Agosti tomaron el poder en nombre de las fuerzas armadas, los partidos políticos recibieron a la junta militar con la resignación de la impotencia y, en no pocos casos, con el silencio de la complicidad.

El mismo que mantuvieron la Iglesia Católica, la mayoría de los jueces y fiscales, los grandes medios de comunicación, las corporaciones empresarias urbanas y rurales, los sindicatos en manos de la ortodoxia peronista y buena parte de la sociedad civil, esa que siempre golpeaba las puertas de los cuarteles con el falaz argumento de salvar a las instituciones. Se repetía, de esa manera, un clásico que la Argentina conocía desde 1930: el golpe cívico militar. Pero el de 1976 fue diferente a los anteriores. En las formas y en su contenido, en sus objetivos. Esta vez había que operar sin anestesia. Sin piedad. El modelo neoliberal pergeñado por José Al- fredo Martínez de Hoz no podía imponerse de otra manera que no fuera con la aplicación del terrorismo el Estado: secuestros, torturas, muertes, saqueos, campos clandestinos de detención, robo de niños, censura, ocultamiento. Los nuevos amos del poder se convirtieron en los dueños de nuestras vidas y de nuestros bienes.

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